El gobierno de Macri estableció una situación atípica. A diferencia de otros años, especialmente los de la gestión kirchnerista, es el oficialismo el que abre el juego en las paritarias, intentando establecer un "techo" para las discusiones salariales. Por supuesto que no actúa solo sino que cuenta con el aval de los gobernadores, muchos de ellos peronistas, que no quieren que se repita lo que sucedió durante los últimos meses de gestión antes de entregar el poder, como lo fueron los serios problemas para el pago de sueldos a los empleados estatales.
Debemos partir de la base de que las paritarias deberían constituir el sistema más coherente para la fijación de los salarios de los trabajadores porque participan los dos sectores interesados: patrones y empleados y donde el Estado sólo tiene la misión de mediador, interviniendo sólo en casos absolutamente necesarios, como podría ser la ruptura de las conversaciones por una de las partes.
La historia demuestra que las discusiones salariales muy pocas veces se desarrollaron sin presiones. Recordemos las fuertes discusiones que se sucedieron durante la paritaria de los trabajadores del Estado por parte especialmente de uno de los gremios cuyos máximos dirigentes incursionaron en la actividad política. O la cantidad de años en que no se inició el ciclo lectivo porque no había acuerdos con el gremio docente.
A nivel nacional, durante la primera versión del kirchnerismo, en la que la relación entre el Gobierno y el líder cegetista Moyano era fluida, todos los gremios esperaban el acuerdo que se alcanzara en camioneros para tener una base de discusión. Así entonces, era Moyano el que de hecho imponía el "techo" para las discusiones. Con la asunción de Cristina Fernández, la relación se rompió y el oficialismo debió recurrir a otros dirigentes afines, a los efectos de fijar las bases.
Actualmente el Gobierno pareció ganar de mano. En acuerdo con los gobernadores, que también están defendiendo las arcas de sus provincias y que no quieren verse sorprendidos por falta de fondos para el pago de los salarios, el oficialismo decidió partir de una base del 18% de incremento para los sueldos de los docentes, lo que serviría de base para el resto de la administración pública.
Sin embargo, sólo el tiempo dirá si ese "techo" buscado por el Gobierno será respetado por los gremios de la actividad privada. Por el momento la situación es complicada, especialmente con los bancarios, que reclaman la aplicación de un "acuerdo" alcanzado en noviembre pero que fue suspendido por la intervención del Gobierno que ordenó que no se respetara por parte de los bancos oficiales.
Ese "entendimiento" disponía una suma "resarcitoria" de $ 8 mil, no remunerativa al 31 de diciembre y un anticipo mensual para enero, febrero, marzo y abril de $ 2.000, a lo que habría que adicionar un 10% en todas las remuneraciones. Aún así, más allá de lo que pase con el gremio de los bancarios, habría que esperar a marzo y abril que es cuando se rompe el juego en el resto de la actividad privada.
No resultará fácil la discusión. Habría que señalar que la CGT dispuso de medidas de fuerza para marzo, "porque el sector privado no cumplió con la promesa de no producir despidos" durante los primeros meses del año y también cabría establecer qué ocurrirá con las posibles cláusulas "gatillo" que podrían aplicarse si la inflación supera los incrementos pactados. Las discusiones salariales exigen la suficiente madurez de cada una de las partes a los efectos de que, por un lado, los trabajadores, puedan mantener el poder adquisitivo de sus salarios y por otro, los empresarios, mantener los ingresos suficientes como para, por lo menos, mantener la unidad económica.
