Uno de los grandes inconvenientes que deben enfrentar las autoridades electas se centra en la fecha de asunción porque al estar establecido que sea el 9 de diciembre, el futuro gobernador se apresta a enfrentar un nuevo año teniendo de inmediato que hacer frente a sueldos y aguinaldos sin un Presupuesto que le asegure previsibilidad, en razón de que el mismo fue redactado por el gobierno saliente y porque en los días inmediatos a hacerse cargo deberá comenzar con la discusión salarial con los gremios del Estado, dentro de las tantas actividades que debe afrontar.
El tema de los salarios es fundamental. Se trata de una paritaria difícil, con planteos muy duros por parte del sector laboral, que muchas veces excede las posibilidades de cumplir los acuerdos por parte del Estado. Fue, de hecho, lo que sucedió este año, en que los acuerdos paritarios alcanzados para los empleados públicos superaron a los del sector privado. Las consecuencias las sufrieron los propios trabajadores ya que el dinero con que contaba el Estado para hacer frente a sus obligaciones superó las previsiones, lo que generó que se demorara el pago de sueldos y debiera recurrirse a préstamos de entidades financieras.
Precisamente, y tomando en cuenta lo que sucedió este año, es que resultó oportuna la convocatoria que el gobernador “entrante” realizó a los gremios que nuclean a los trabajadores del Estado. Hubo una respuesta masiva a la convocatoria, con la sola excepción del SUTE, aunque el resultado final podría ser calificado de “positivo” por la asistencia, pero “con expectativas” respecto del futuro. De todos modos quedaron algunas cartas sobre la mesa, como por ejemplo la promesa de Cornejo de que las paritarias se realizarán, aunque condicionando los ofrecimientos a las posibilidades de financiamiento, mientras desde el sector laboral se anticipó que, además de los salarios, quieren discutir también la democratización de la Obra Social de Empleados Públicos.
La paritaria del sector estatal es una de las más difíciles. Es aceptable que los miembros paritarios del sector laboral intenten conseguir lo máximo posible para sus representados, pero también resultaría lógico y coherente que comprendan que el Estado, si es responsable, puede responder soólo en la medida de sus posibilidades, no más. Pero sucede que es el sector sindical el que cuenta con mayores posibilidades de presión, quizás por una errónea interpretación de la ley de estabilidad del empleado público. Porque esa norma legal fue redactada para evitar que un gobierno que ingresa despida a personal para cubrir los cargos con personas de su misma afinidad política, no para permitir la realización de paros de actividades a modo de presión en las discusiones. Es más, si se recurre al paro como última alternativa, que se les adopte el mismo criterio que en la actividad privada, permitiendo la huelga pero descontando los días no trabajados.
Tampoco se puede aceptar que la dirigencia "disfrace" un paro bajo supuestas "asambleas permanentes" de trabajadores, como viene sucediendo en los últimos años, y mucho menos que esas asambleas se cumplan en sectores fundamentales y en horarios de trabajo, como es el caso de la sanidad, en que se pone en juego la salud y hasta en algunos casos la vida de quienes, con sus aportes, les están pagando los sueldos, más aún cuando son los sectores de menores recursos los que deben concurrir a los hospitales públicos porque no pueden afrontar los gastos de la salud privada. Otro tanto podría decirse de la discusión de los trabajadores de la educación, porque en este caso son los niños los que quedan prácticamente de rehenes.
La paritaria de este año será difícil, razón por la cual resulta necesario que las partes, especialmente la sindical, actúen con la suficiente grandeza y seriedad que les permitan defender a sus trabajadores, pero dentro de los límites razonables; y a quienes defienden la posición del Gobierno, de responder dentro de las posibilidades, teniendo en cuenta que el dinero que están manejando es el de todos los mendocinos.
