La economía y la política, entre la corrupción y las expectativas
“El año pasado, aquí mismo, yo volví a solicitar a las autoridades de la República Islámica de Irán que accedieran a este pedido, que en mi país regían garantías constitucionales, que el principio de que nadie es culpable hasta tanto sea demostrado con sentencia firme es una realidad que se da a lo largo y a lo ancho de mi país, que hay garantías de libertad, de justicia, de administración de justicia. Sin embargo, nada de esto ocurrió, sino que este año precisamente uno de los funcionarios, cuya extradición era solicitada por el fiscal que interviene en la causa, fue ascendido al grado de ministro (...) Por eso, humildemente, como Presidenta de la República Argentina, voy a volver a reiterar una vez más ese pedido de lograr que los funcionarios a los cuales la Justicia argentina les asigna responsabilidades, puedan ser extraditados, no para ser condenados, sino para ser juzgados y para poder hacer uso de todos los derechos y garantías que tienen todos los ciudadanos argentinos y extranjeros en nuestro país”.
Así decía, el 23 de setiembre de 2009, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK).
Un año después, sin embargo, CFK abandonaba el reclamo de que Teherán enviase a sus funcionarios a declarar ante la Justicia argentina, convalidando la burla iraní de ascender a ministro a una persona acusada de ordenar un acto terrorista en nuestro país y buscado por Interpol, y empezaba a negociar un acuerdo que implicaba la formación de una “Comisión de la Verdad” con ese mismo gobierno, negador del Holocausto, dejando ‘en orsai’ al fiscal que había referido en esa alocución, aunque sin nombrarlo: Alberto Nisman.
Tras las declaraciones de CFK en su primer llamado a indagatoria en la causa por la existencia de una matriz de corrupción y pago de sobreprecios en la asignación de obra pública, aquel discurso es también chocante por el énfasis en las “garantías constitucionales” de la Justicia argentina y en la validez del principio de que “nadie es culpable hasta tanto sea demostrado con sentencia firme”. Garantías, remarcaba la entonces presidenta, de las que no solo gozaban los argentinos sino cualquier extranjero que se allanara a la Justicia de nuestro país.
Pero ahora no. Ahora la imputada es ella y ya no hay garantías sino persecución política. Ya no conoce a Lázaro Báez, con quien los Kirchner habían cenado la noche previa a la muerte de Néstor Kirchner y quien se encargó, de puro generoso nomás, de la construcción del monumental mausoleo del ex presidente en el cementerio de Río Gallegos, ni es su socia, pese a que compartieron propiedades y obras, su gobierno le otorgó a su empresa madre, Austral Construcciones (constituida el 8 de mayo de 2003, 17 días antes de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia) el 80% de la obra pública de Santa Cruz, que en muchos casos ni siquiera comenzó a ejecutarse, y recibió de él pagos estrambóticos en concepto de negocios hoteleros e inmobiliarios.
En su ¿defensa? la ex presidenta pide que investiguen también las obras asignadas a Iecsa, la constructora de Angelo Calcaterra, primo de Mauricio Macri, como si la eventual corrupción en la asignación de esos contratos fuera un principio de inocencia y no un potencial agravante, un indicio de que la corrupción impregnó toda la obra pública, no solo los negocios con Lázaro Báez, fundadamente sospechado de haber sido (o ser todavía) el principal testaferro de la familia Kirchner.
CFK parece olvidar, también, que Creaurban, otra constructora de Calcaterra, fue, con 398.948 pesos (apenas 1.052 por debajo del límite legal) la empresa que más aportó a su campaña presidencial 2007, aunque el sector que más huevos puso en la canasta de “Cristina, Cobos y vos” fue el de las droguerías, donde hicieron punta varias luego investigadas por participar en “la mafia de los medicamentos” y en el tráfico de efedrina. Un tercer filón vino de Venezuela. La valija de Antonini Wilson fue apenas una puntita de aquello.
Todo eso es historia reciente, registrada, documentada, incorporada a diversos expedientes judiciales. Y todo merece investigarse, es cierto, pero sin mezclar la hacienda ni entreverar los tantos para desviar la atención de los negocios con el reo Báez, pues es allí donde apuntan, si no todas, sí la mayoría y las más conspicuas evidencias de sobreprecios y “retorno” de favores.
La estrategia política de la defensa cristinista se completa aduciendo que la “persecución” a la ex presidenta es para “tapar el desastre económico”. Por cierto, la economía no es un punto a favor de la gestión de Mauricio Macri. No al menos en 2016, año en el que las más recientes estimaciones de los consultores calculan que el PBI caerá cerca del 2 por ciento.
Para torcer ese rumbo, más allá de algunos “brotes” que no terminan de florecer ni hacerse frutas y no contando con el empuje del mundo empresario y ni siquiera con una mínima armonía del circo futbolero, los dos mundos de los que proviene el Presidente, las próximas apuestas oficiales son que el blanqueo arrime tanto inversiones como recursos fiscales, el campo aporte una cosecha cercana a los 120 millones de toneladas (desde 2013 que el volumen no crecía), aunque con menos tracción por bajos precios y menor incidencia de la soja (al fin empezó la “desojización”) y, finalmente, la inversión pública avance con obras útiles, dinamizadoras de la economía, ejecutadas en tiempo y forma y sin la mancha negra de la corrupción, ese elefante que Cristina busca afanosamente esconder dentro de una manada de elefantes.
