Ya antes de enviarse los proyectos de reformas propuestos por el gobierno, los funcionarios tuvieron que avanzar en negociaciones que aumentaron el gasto fiscal.
Las concesiones que hubo que hacerles a las provincias, más el Fondo de Conurbano, generarán una gran obligación para el gobierno ya que debió resignar recursos para afrontar el déficit previsional, que es uno de los problemas actuales más graves que debe administrar Mauricio Macri.
Luego de terminado el acuerdo con los gobernadores han llegado otras negociaciones, que implicaban parte de la oferta del gobierno a los empresarios.
Una de las más complejas es la negociación con los gremios porque, a pesar de haber conseguido muchos acuerdos con el triunvirato que conduce la CGT, apareció una oposición multisectorial encabezada por Pablo Moyano, seguido por las dos CTA y organizaciones de izquierda.
Al parecer habría acuerdos dentro del Congreso para aprobar lo acordado, pero no se descarta que algunos de los aliados ocasionales presionen por algunas de las pautas negociadas.
Esta reforma no es de fondo, pero alivia una pequeña parte de los problemas que enfrentan las empresas. Queda para el futuro dilucidar la incógnita que plantean las decisiones de los Jueces del Trabajo en cada una de las provincias.
En este tema se advierten algunas resistencias dentro de los grupos tradicionales del PJ y mucho más en los kirchneristas. Lo mismo está ocurriendo con el tema jubilatorio, sobre todo con la fórmula de ajuste.
El gobierno proponía una fórmula de indexación según el IPC del Indec pero, ante reclamos de los gobernadores, plantearon un adicional equivalente al 5% del crecimiento del PBI, lo que se consideró muy magro.
Se sigue negociando, con el cuidado de no llegar a los valores de antes porque se neutralizaría el corazón del esfuerzo fiscal.
Donde el gobierno ha tenido algún resultado positivo fue en la media sanción de la Ley de Defensa de la Competencia, que tuvo algunas modificaciones del proyecto original de Lilita Carrió, que establecía que una empresa que tenía más del 40% del mercado ya tiene una posición dominante. Esto se sacó y el criterio quedó en manos del organismo de aplicación y a la espera de la reglamentación de la norma.
También tuvo media sanción la Ley del mercado de capitales, denominada Ley de Financiamiento Productivo, contiene una normativa que facilita el acceso al crédito a las Pymes mediante la posibilidad de creación de instrumentos financieros aptos.
También limita la posibilidad de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para intervenir en las empresas.
De la misma manera, tuvo media sanción un proyecto de Ley de Compre Argentino para las pymes. El texto aumenta los niveles de las pymes para poder acceder a licitaciones de obras públicas, dándoles niveles de preferencia o las posibilidades de mejorar sus cotizaciones.
En las posibilidades están comprendidas también las Mipymes.
En general, todos los proyectos responden a la intención del gobierno de generar instrumentos que fomenten la inversión interna, ya que la extranjera aún es remisa en llegar y el problema está centrado en el volumen del déficit fiscal y el nivel de endeudamiento alcanzado, elementos que no generan confianza, salvo en sectores donde pueda haber ventajas específicas.
Beneficios sin apertura
Por estos días, la Unión Industrial Argentina (UIA) salió a defender la reforma laboral pidiendo que se acelere, advirtiendo que los industriales no invertirán y no crearán nuevos empleos si no bajan los riesgos de litigiosidad laboral.
Si bien esta afirmación es cierta, y pensando en los consumidores, hay que asumir que no es posible que a las empresas se les bajen costos y se les den ventajas pero no se les bajen los aranceles para hacerlos competir y dejar las protecciones de mercado.
Algo similar ocurre con la ley que le da beneficios a las pyme para contratar con el Estado en licitaciones. En realidad este tipo de beneficios va en contra de la mejora de la productividad y la baja de costos.
El problema, sobre todo en la obra pública, es la forma de hacer las licitaciones de las obras. Si se licitan tramos menores, las pymes podrían acceder, pero no en todas ya que los niveles de garantías solicitadas y la capacidad operativa no les permite asumir compromisos.
Una de las normas más importantes surgiría de la nueva ley que regula el mercado de capitales ya que, de esta manera, las pymes podrían financiarse de una manera más racional por esa vía evitando las costosas operaciones bancarias. También, es mucho más barato financiarse sin intermediarios.
En realidad, esta es una normativa que hace mucho que se espera ya que, en la mayoría de los países, las empresas se financian a través del mercado de capitales mientras solo las personas lo hacen a través del sistema financiero, que es más caro.
En la medida que se avanza en el tratamiento de las normas propuestas, las reformas dejan de tener la profundidad buscada, lo que muestra los niveles de resistencia de sectores que se dicen progresistas y resultan ser conservadores a ultranza.
Cornejo y el bono en negro
El gobierno de Mendoza está ofreciendo a los empleados estatales pagarles un bono a fin de año que se sería no remunerativo (en negro) y por única vez en lugar del ajuste por inflación previsto en la cláusula gatillo. La gente del gobierno tienta a los gremios argumentando que el monto del bono es superior a lo que cobrarían por el ajuste. ¿Pura generosidad?
En realidad la oferta es tentadora en cuanto al monto nominal, pero la intención de Cornejo y su gente es no aumentar los básicos con el ajuste inflacionario para que los aumentos de 2018 impacten sobre una base menor, lo que implica un ahorro importante para el gobierno en salarios y cargas sociales en la masa total de los sueldos públicos.
Los dirigentes sindicales se oponen pero las bases los presionan para aceptar. Además, hay organizaciones sindicales que no acordaron el año pasado y les dieron aumento por decreto, donde no había previsto ninguna cláusula gatillo, y algunas que arreglaron no pueden llamar a asambleas porque sus autoridades tienen mandatos vencidos y están más cerca de una intervención que de poder discutir con el gobierno.
En realidad, la propuesta del gobierno, de hacer un pago en negro, es totalmente cuestionable desde el punto de vista ético, toda vez que el gobierno persigue a las empresas y quiere reducir el empleo no registrado.
Esta práctica de pagos en negro no es aceptable ni siquiera desde el punto de vista legal, pero las necesidades de los trabajadores, sobre todo los de más bajos ingresos, puede llegar a convalidarlos.
