La muerte de cuatro jóvenes desarmados que eran perseguidos a balazos por la Policía bonaerense abrió un nuevo debate político en torno a la llamada "doctrina Chocobar", en medio de una ya de por sí tensa campaña electoral.
Si bien hay sospechas de que no fue un caso de gatillo fácil sino una matanza porque los chicos habrían visto a los policías comercializando drogas, la forma en que se dieron los hechos generó lecturas en la oposición que responsabilizan al Gobierno nacional.
Patricia Bullrich no tiene responsabilidad directa sobre la Policía Bonaerense, que depende del gobierno de María Eugenia Vidal. Pero la repercusión apunta a que estos hechos suceden por la línea de acción que se baja desde lo más alto del Ejecutivo a las fuerzas de seguridad.
El 1 de febrero de 2018 el presidente Mauricio Macri recibió en la Casa Rosada y dio su apoyo a Luis Chocobar, policía que mató a balazos a un joven que había asaltado y herido a un turista en el barrio porteño de La Boca. Dos semanas después, Chocobar fue procesado.
Bullrich también había respaldado el accionar de los prefectos que el 25 de noviembre de 2017 mataron a tiros al joven mapuche Rafael Nahuel en Villa Mascardi, a pocos kilómetros de Bariloche. La víctima no portaba armas.
El 15 de mayo último la Cámara Federal de General Roca, Río Negro, cambió la carátula a "homicidio agravado" desde la anterior "exceso en legítima defensa" y ordenó la prisión preventiva del prefecto Francisco Javier Pintos, integrante del grupo Albatros, por la muerte de Nahuel.
Ayer hubo un leve cambio en la reacción del Gobierno. Sin condenar lo sucedido, Bullrich afirmó que de comprobarse lo que indican las hipótesis de lo ocurrido en San Miguel del Monte, los implicados no deberían llamarse “policías”.
Julio Conte Grand, procurador general bonaerense, fue contundente: "Esto ha sido una actividad ilegítima y contraria a las normas". El jefe de los fiscales confirmó que había una bala policial, tirada por la espalda, en el cuerpo de uno de los cuatro muertos.
También se sumó el abogado patrocinador de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), Ismael Jalil, quien describió el hecho como "una de las matanzas más crueles" de las que se tenga memoria en democracia.
En medio de la campaña electoral, Cambiemos bajó la orden de que del tema no hable nadie más que Bullirch y el ministro de Seguridad bonaerense, Christian Ritondo. Incluso Vidal optó por el silencio total.
Graciana Peñafort, abogada de Cristina Fernández de Kirchner, responsabilizó al Gobierno: "Cuatro pibes muertos. La doctrina Chocobar. La licencia para matar de la Policía. Las mentiras para encubrir asesinatos de balas que también paga el Estado. Balas que pagamos todos. Bullrich, Ritondo y las versiones de la crueldad".
Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, pidió la renuncia de la ministra de Seguridad de la Nación: "Hay que hablar de la responsabilidad que tiene Bullrich en estos casos. Todo esto está alentado por ella. No está preparada para el cargo que tiene".
La diputada nacional kirchnerista Mónica Macha expresó que "las políticas de seguridad de Bullrich son las que generan muertes como las de San Miguel del Monte y las que culpabilizan a las víctimas de las fuerzas represivas".
Y Axel Kicillof, diputado nacional y eventual candidato a gobernador bonaerense por el kirchnerismo, agregó: "Repudiamos las políticas y discursos que han estimulado y avalado el gatillo fácil".
La salud de la sobreviviente
"El cuadro es muy grave. Esta sedada y corre riesgo de vida", informó ayer Gabriel González Villamonte, director del hospital El Cruce, donde se encuentra internada la única sobreviviente de la persecución, en la ciudad bonaerense de Florencio Varela.
La joven de 13 años está internada con politraumatismos graves en cabeza (cerebro) y tórax (ambos pulmones). "El cuadro requiere todo tipo de soportes porque ella sola no puede sostener ese estado", dijo González Villamonte. Según el último parte médico, Rocío se encuentra en la Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica en "estado crítico" y "mecánicamente ventilada".
“Fue una persecución nefasta, fue una masacre”
Mientras Rocío Gualiarello (13), la única sobreviviente de la masacre de San Miguel del Monte, lucha por su vida en una cama de hospital (ver aparte), avanza la investigación por uno de los casos policiales que mayor consternación generó en la opinión pública y la política en los últimos tiempos.
Anoche, familiares y amigos de las víctimas se movilizaron en la Capital Federal acompañados por movimientos sociales y políticos para reclamar justicia por las cuatro víctimas y denunciar el "gatillo fácil", con críticas a la doctrina de seguridad del Gobierno nacional. Asimismo hubo manifestaciones en la ciudad de la tragedia y otros pueblos del país.
El ministerio de Seguridad bonaerense, presidido por Cristian Ritondo, apartó de la fuerza a 13 policías, en el marco de la investigación que lleva adelante Asuntos Internos por la persecución fatal en la madrugada de este lunes, cuando murieron Aníbal Suárez (22) y Camila López (13), por otro Danilo Sansone (13) y Gonzalo Domínguez (14).
Al margen de las medidas de Ritondo, quien reconoció que el procedimiento fue “mal hecho”, los familiares buscan que se acorten los tiempos judiciales y que procesen a los responsables cuanto antes. De los 13 agentes apartados, ocho están detenidos y cuatro acusados por homicidio agravado.
"Fue una persecución nefasta, fue una masacre, por supuesto que nada coincide con lo que declararon (los agentes) en un principio. Fue una masacre de niños, no fue un accidente", dijo Susana Ríos, mamá de Gonzalo Domínguez, uno de los jóvenes fallecidos en San Miguel del Monte, localidad bonaerense ubicada 112 kilómetros al sur de la Ciudad de Buenos Aires.
