El Gobierno provincial dio a conocer las medidas que, a su criterio, servirán para superar los actuales problemas de precios, tanto en el vino como en la uva y la polémica se desató de inmediato.
Hay algunos que están de acuerdo, pero el grueso las cuestiona y hasta aparecen dirigentes que han anticipado una marcha para el 15 del actual, asegurando que intensificarán las críticas durante la Fiesta de la Vendimia.
“Que le pongan la fiesta del tomate o de la cebolla, pero que no digan que es de la vendimia porque no hay nada que festejar”, dijo uno de ellos durante una reciente reunión.
Yendo por partes, podemos señalar cuáles fueron las medidas anunciadas por el Gobierno: sólo 60 por ciento de la uva que ingresa a bodega y del total elaborado será de libre disponibilidad y el 40 por ciento restante queda inmovilizado, salvo que tenga como destinos la exportación, la elaboración de mosto, la destilación u otros usos no vínicos; inmovilización de vinos por un porcentaje de 30 por ciento al 31-12-14, para obligar a las bodegas a que salgan a revitalizar el mercado de uvas, entre otros aspectos; para los vinos elaborados con uvas de terceros y las pequeñas bodegas elaboradoras, la fecha de liberación es el 1 de agosto de 2015, y los que elaboran con uvas propias en grandes bodegas, el 1 de noviembre; prohibición de implantación de nuevos viñedos; acompañar las propuestas de bonos TIVI y Cerdevin; avanzar a nivel Nación con un fideicomiso de compra de uva o vino y también en la propuesta de uso de jugos naturales para edulcoración.
Según se supo, en la redacción participaron ocho funcionarios, entre los que figuraban integrantes del Ministerio de Hacienda y representantes de otros organismos, como ProMendoza, el INV y el Departamento General de Irrigación. Es más, uno de los funcionarios, el subsecretario de Agroindustria, Martín Hinojosa, concurrió el viernes a Bodegas de Argentina para “explicar” los alcances de la medida.
Reacciones
Por tratarse de un tema en el que no hay coincidencias en los sectores, señalamos a continuación cuál es la opinión del espectro vitivinícola.
El Centro de Viñateros y Bodegueros del Este está de acuerdo con las mismas.
“Ha sido considerada integralmente la propuesta de nuestra entidad en cuanto a su contenido y la oportunidad de los anuncios”, dice, agregando que habían planteado la necesidad de prohibir nuevas plantaciones; diversificación mixta de las uvas; inmovilización de vinos; postergación de la fecha de liberación y tomar el control de la administración y fiscalización de la política diversificadora.
Dice que los gobiernos de Mendoza y de San Juan “deben ponerse firmes frente a las presiones que van a recibir”, insistiendo en que debe caer el acuerdo Mendoza-San Juan “porque ha tenido claras consecuencias negativas sobre los mercados”.
Respecto del resto de los anuncios, “con excepción del tema de la creación del Fondo Viñatero, en líneas generales esperamos que se concreten a corto plazo”, dice, para finalizar indicando que con relación al bloqueo de vinos, “si bien nosotros habíamos pedido que fuese al mes de julio del corriente año, merece un análisis particular”.
El resto de la industria no está de acuerdo con las medidas. Hubo una reunión en la bodega Centenario, de la que participaron representantes de Bodegas de Argentina, de la UVA, de la Asociación de Viñateros, de la Asociación de Cooperativas, de la Cámara del Mosto, de las cámaras de comercio del Sur y del Valle de Uco y hasta de la Asociación de Productores en Acción, que lidera José María Llaver.
De la misma surgió un documento en el que rechazan las medidas; insisten en un 35 por ciento obligatorio a mosto y unificar los esfuerzos para obtener el dinero que permita “sacar” del mercado unos 250 millones de litros, como mínimo, de vinos genéricos. También se apoya a ley de jugos naturales.
Sin embargo, hubo planteos duros y otros más moderados. Entre estos últimos aparece Bodegas de Argentina, que anticipó su “profunda preocupación” por los bloqueos y por la prórroga de las fechas de liberación, destacando además que hay que facilitar las posibilidades de exportación a los efectos de derivar hacia el exterior gran parte de los excedentes.
Entre los de los planteos duros, aparecen la Asociación de Productores en Acción y representantes del Sur y del Valle de Uco, quienes han anticipado una movilización para el 15 del actual, la posibilidad de marchas en las fiestas departamentales y hasta la instalación de carpas y camionetas durante la Fiesta Central de la Vendimia, “porque no hay nada que festejar”, según afirman.
Hubo plena coincidencia también en el serio problema que genera la falta de diálogo por parte del Poder Ejecutivo para con las entidades, la posibilidad “cierta y concreta” de presentaciones judiciales, como recursos de amparo o de inconstitucionalidad y hasta la inquietud de algunos productores que decidirían no cosechar, “porque les sale más caro levantar la uva que lo que van a recibir por el vino”.
Respecto de la posición de la Unión Vitivinícola Argentina, sólo cabría hacer mención al mensaje que dio su titular, José Alberto Zuccardi, durante la cena de fin de año realizada por la entidad, en la que expresó entre otros conceptos que “se ha nivelado para abajo en nombre de beneficiar a los pequeños productores.
En un esquema que no prioriza la calidad y que no ordena, los pequeños productores no tienen lugar”, agregando que “estamos muy preocupados, porque no creemos que se contribuya a la solución de los problemas sino a un profundo desastre para la vitivinicultura”.
Dijo también que “las herramientas que nos hicieron llegar a un punto interesante, como el acuerdo Mendoza-San Juan o la construcción de consensos en mesas de trabajo, han sido dejadas de lado y desconocidas. Se han anunciado medidas que son impracticables desde lo legal. No podemos confiscar el patrimonio de las empresas ni generar desequilibrios irresponsablemente”.
Dijo que este año hay que elaborar el 35 por ciento de mosto, sea cual fuere la cosecha y que el gobierno nacional debe aportar los fondos que la Presidenta en su momento comprometió para la vitivinicultura, que es 2,5 por ciento de las exportaciones del sector, “que hoy no son 54 millones como se venían entregando, sino 250 millones de pesos. Ese dinero permitirá contribuir al equilibrio de los stocks”, afirmó.
Aseguró que “no se puede aceptar un bloqueo o un prorrateo, medidas que no anduvieron y que no van a andar, no porque nosotros lo digamos sino porque son inconducentes”.
Concluyó indicando que la vitivinicultura requiere de funcionarios que “estén a la altura de las circunstancias. No podemos ir a una conferencia de prensa donde nos cuenten lo que han resuelto cuatro iluminados sobre nuestra actividad a la que hemos consagrado nuestra vida. No estamos de acuerdo con una metodología que niega lo que la vitivinicultura hizo en los últimos veinte años.
Exhortamos a quienes están en esa posición a que sean humildes, a que sepan reconocer lo que se hizo y a buscar los caminos de consenso”. Un discurso que sorprendió por la dureza de los términos y esencialmente porque, hasta el momento, nunca anteriormente se había dado una circunstancia como la actual. Es más, a muchas de las reuniones anteriores concurrieron funcionarios del Gobierno y hasta el mismo gobernador Francisco Pérez.
Como párrafo final, sólo podríamos hacer un comentario sobre la decisión del Gobierno de establecer la prohibición de implantación de nuevos viñedos. Es una decisión que no puede surgir de un gobierno de provincia sino del Congreso de la Nación y allí se enfrentarán la posición de Mendoza con las que plantearán otras provincias vitivinícolas, como La Rioja, Salta, Río Negro o Neuquén, que han manifestado su interés por ampliar su inclusión dentro del espectro vitivinícola.
Sobre el resto, los próximos días pueden anticipar si habrá acercamientos o si las diferencias de profundizan. También queda la duda sobre el tema de los bloqueos. Sólo a modo de ejemplo podría mencionarse lo que se escuchó durante la conversación de dos bodegueros que se referían a una centenaria bodega de Maipú, en manos de la cuarta o quinta generación desde su fundador, que tiene como base de mercado la venta de vinos con un mínimo de dos años de antigüedad y que vende esencialmente toda su producción al mercado interno, en el que es muy exitosa.
“Como no exporta, le bloquearán 30 por ciento de los vinos cosecha 2012, 30 de la cosecha 2013 y 40 de la 2015. ¿Cómo se puede castigar a una bodega que no sólo no genera excedentes sino que debe elaborar uvas de terceros porque la producción propia no le alcanza?”, dijo uno de ellos. ¿Habrá respuesta para esa pregunta?
Luis Fermosel - Especial para Los Andes
