Alfredo Cornejo cumplió ayer un año al frente de la provincia. En este tiempo hubo situaciones y hechos por demás llamativos. Algunos lo tuvieron a él como actor principal.
Otros, como receptor, ya sea de la acción de instituciones o de reacciones sociales. De una u otra forma, esos hechos marcaron la primera parte de su gestión.
La relación con la Nación
Cuando Cornejo asumió, el 9 de diciembre de 2015, no todos los empleados públicos habían cobrado noviembre.
Su antecesor, Francisco Pérez, llevaba tres meses consecutivos sin poder pagar la nómina salarial en un solo día y debía hacerlo de forma escalonada. La situación se debía principalmente a la mala relación de Pérez con la ex presidenta Cristina Fernández, con falta de fondos nacionales y rechazos de adelantos de coparticipación, entre otros males.
Con el nuevo gobierno eso cambió. La sociedad que Mauricio Macri y Cornejo habían mostrado en la campaña, se cristalizó en una mejor relación Nación-provincia cuando aquél asumió la Presidencia.
De hecho, para abonar los sueldos de diciembre, Cornejo pudo recurrir sin obstáculos, a un crédito del Banco Nación por $ 2.200 millones. Así empezó una relación que puede sintetizarse en la frase de Macri al reinaugurar el aeropuerto, días atrás: “Alfredo es uno de los mejores gobernadores”.
Desencuentros hubo. Un ejemplo es la demanda mendocina ante la Corte por el pago retroactivo del 15% mal retraído por Anses durante años.
Pero la buena relación también permitió a Cornejo hasta influir en acciones nacionales. Como en el pacto fiscal de agosto (compromiso de la Nación de dejar de retener aquel 15%), cuando introdujo artículos para que otras provincias aplicaran “premios y castigos” a sus empleados, al estilo del “ítem aula” local.
También le sirvió para aspirar a obras fundamentales, como la presa Portezuelo del Viento, incluida en el presupuesto 2017 con $ 2.750 millones y $ 14.400 millones más para los cuatro años próximos.
Incluso le ayudó en el voto del Coirco (Comité Interjurisdiccional del Río Colorado) a favor de Portezuelo (sólo votó en contra La Pampa). Aunque ahora Macri supedita la obra a que Mendoza le garantice agua del río Atuel a los pampeanos.
Enfrente de la Suprema Corte
El 23 de diciembre, a dos semanas de haber asumido Cornejo, un fallo de la Suprema Corte habilitó un hábeas corpus presentado por la ONG de Derechos Humanos Xumek.
El fallo dispuso que los fiscales debían informar cada detención en 24 horas a un juez de Garantías y éste, también en un día, resolver si la persona seguía presa o se liberaba. El hecho hizo estallar a Cornejo, porque atentaba contra su plan de Seguridad, una de sus obsesiones en este tiempo (hizo declarar la emergencia para incorporar equipamiento) junto con el ordenamiento de las cuentas.
Allí empezó una confrontativa relación. Cornejo atacó al "garantismo" de algunos jueces, principalmente Omar Palermo, a quien se ha llegado a sindicar como el verdadero "jefe del peronismo".
En varias ocasiones el mandatario arengó contra los “garantistas”. El 1 de mayo impulsó una modificación del Código Procesal Penal para agilizar -él dijo “para que esperen en la cárcel”,- los fallos sobre prisiones preventivas. “Más del 80% de los mendocinos quiere que quienes esperan un juicio lo hagan en prisión”, dijo. Fue el primero de varios cambios que impulsó en la Justicia.
Pero además tuvo a su favor la posibilidad de promover nombres propios en el Palacio Judicial. El 4 de julio se conoció la renuncia del procurador general de la Suprema Corte, González, tras 24 años como jefe de los fiscales.
Cornejo, atento a su propio enfrentamiento, recurrió para remplazarlo a un juez que, desde su visión, iría contra los "garantistas". Alejandro Gullé, de la 6a Cámara del Crimen, tenía el récord de 30 condenas a prisión perpetua, lo que lo ubicó como "mano dura". Asumió el 1 de setiembre.
El 11 de octubre renunció el histórico ministro, Herman Salvini (estaba desde 1983). Cornejo pudo postular a otro “mano dura”, nada menos que para la Sala II, que integra Palermo (junto a Mario Adaro).
El nominado fue José Valerio, duramente cuestionado por sectores feministas que lo tildan de "homofóbico y misógino" y que hasta generaron marchas en su contra. Cornejo nunca dudó y el juez logró una amplia mayoría en el Senado para entrar al Alto TRibunal. Asumió el 1 de diciembre.
Un momento de máxima tensión entre Cornejo y el Poder Judicial se dio el 24 de noviembre, cuando el Jury de Enjuiciamiento, con votos del PJ y de los supremos, suspendió el proceso al fiscal Fabricio Sidoti.
El magistrado había sido denunciado por “mal desempeño” en el femicidio de Ayelén Arroyo. La ira de Cornejo volvió a emerger y hasta el presidente, Pedro Llorente, debió salir a dar explicaciones para calmar los ánimos.
La división del PJ a favor
El tratamiento en Diputados de las leyes impositiva y de avalúo de 2016, el 4 de enero, ya dejó al descubierto la “grieta” justicialista, interna de la oposición que terminó siendo provechosa para Cornejo.
Nunca fue una pelea abierta. Los legisladores que responden a los intendentes peronistas jugaron (o debieron jugar) a favor del Gobierno. No fueron apoyos directos, pero sí acciones que de algún modo facilitaron al oficialismo aprobar leyes. Un ejemplo fue -el 30 de agosto- el quórum que sólo ocho diputados peronistas dieron para que el radicalismo votara el convenio de trabajo de empleados del Casino.
En cada caso, esas “facilidades” fueron discutidas y consensuadas con los intendentes, quienes accedían “porque hay que gobernar”. Es decir, necesitaban la mejor relación con el Gobierno para garantizarse los fondos coparticipados en cada quincena.
En el Gobierno dicen que “no hay presiones, son buenas relaciones”, y aseguran que los intendentes “saben que pocas veces se ha cumplido con la coparticipación como ahora”. Además lo toman como un hito. “Reunimos a los municipios para discutir temas comunes. Eso nunca se hizo”, celebran.
La crisis del Zoo
A principios de mayo, la muerte de unos 30 animales en el zoológico generó una crisis inusitada.
El hecho levantó fuertes protestas de los gremios -principalmente ATE-, que denunciaban desatención y despotricaban contra el proyecto de ecoparque del Ejecutivo.
Permitió que el PJ, aun sin acomodarse en su rol opositor, encontrara un motivo de ataque al oficialismo. Varios legisladores peronistas llegaron a pedir la renuncia del secretario de Ambiente, Humberto Mingorance, y de la titular del Zoo, Mariana Caram. A sólo cinco meses de gestión hablaban de “fracaso”.
“No lo vimos venir”, dijo Mingorance, reconociendo las dificultades que debió afrontar el Gobierno en esos días. Hasta se comentó que hubo fuertes roces entre el Gobernador y el secretario.
Hoy el Gobierno no sólo considera “superada” esa crisis, sino que se esperanza en que “esta semana próxima” se apruebe el dictamen de comisión del proyecto de Ecoparque, algo que, según su visión, “también será un hito”.
Los femicidios
En la última semana de setiembre, los femicidios de Janet Zapata, Julieta González y Ayelén Arroyo generaron una fuerte conmoción social que sacudió al Gobierno.
El tema ha sido uno de los de más difícil abordaje, sobre todo al ver que 2016 suma 18 asesinatos de mujeres por cuestión de género, incluyendo el triple femicidio del 23 de octubre en el barrio Trapiche.
En el entorno de Cornejo aseguran haber tenido reflejos, al menos para “visibilizar” un problema que hasta hace poco no se veía.
Reconocen que los hechos “aceleraron” las respuestas. Usan el ejemplo de los cambios en el Código Procesal Penal sobre las prisiones preventivas, cuya mayor aplicación se da “en casos de violencia de género”.
También hablan de la habilitación de refugios, del fondo para ayudar a mujeres violentadas y de la descentralización en municipios. E incluyen la adhesión a la Ley 26.485, contra la Violencia de Género, como ejemplos.
Los hechos generaron marchas “Ni una menos” que el Ejecutivo considera legítimas pero se queja del aprovechamiento político de organizaciones con “intereses partidarios”. Lo mismo ven en los cuestionamientos contra el ahora juez supremo, José Valerio.
El incumplimiento de KLP
El 12 de julio el Gobierno suspendió por 10 días al casino Cóndor de los Andes, del hotel Intercontinental, por la deuda que la concesionaria, KLP Entretenimientos, tenía con el fisco. Se informó que debía además $ 47 millones al Banco Nación y $ 120 millones a particulares y banca privada.
La suspensión generó fuertes protestas de los empleados y de fuerzas políticas, principalmente del FIT.
Cornejo advirtió que podría cerrar el casino. “Si no cumplen estamos facultados y obligados a cerrarlo, así como lo estaba el gobierno anterior y no lo hizo”, dijo.
KLP acordó pagar $ 37 millones con cheques y logró reabrir el casino. También adhirió a un plan de pagos por el millonario resto.
El 30 de noviembre, Cornejo anunció el efectivo cobro de 37 millones. El Gobierno consideró el hecho como un triunfo del cambio cultural que propone. "Los contratos son para cumplirse", dijeron en Hacienda.
La clara influencia del Ítem Aula
El 15 de febrero, en la paritaria con los docentes, el Gobierno le presentó al SUTE una oferta novedosa, que marcó lo que sería la relación con ése y todos los gremios.
El "Ítem Aula" implicaba un 10% del aumento a ofrecer, pero siempre que los docentes cumplieran "con su trabajo".
El rechazo sindical fue inmediato y se transformó en el principal objetivo a derrotar en su lucha de marchas, paros (que en la mayoría de los casos no superaron ni siquiera el 1% de acatamiento) y demandas judiciales.
La discusión fue tal que no hubo acuerdo paritario y Cornejo dio el aumento (con el ítem Aula incluido) por decreto.
La estrategia fue luego aplicada en otras paritarias. Así, aparecieron otros ítems, como el “Centro de Salud” (que significó la pelea con ATE), el “funcionario judicial” y “asistencia” para empleados de la Justicia (rechazado por éstos), entre otros.
En el Ejecutivo muestran con orgullo los resultados de la medida, que implicó bajar 40% el ausentismo docente y similares resultados en otras áreas. “Demostró firmeza y que acá se hacen paritarias serias”, dicen en el Gobierno.
