La Justicia continúa investigando denuncias sobre corrupción en el ejercicio del poder y en el manejo de recursos que administran organizaciones de notable influencia en la ciudadanía, como gremios de trabajadores y obras sociales sindicales. En ese marco avanzan causas que involucran al líder camionero Hugo Moyano, uno de los personajes sindicales más fuertes y de mayor incidencia política en las últimas décadas.
Moyano se encuentra imputado, junto a su hijo Pablo, en una causa por asociación ilícita y fraude en el Club Independiente de Avellaneda, del cual es presidente desde 2014. Sin embargo, dijo que nunca lavó en ese club dinero proveniente de los inmensos recursos que manejó durante años como jefe sindical y de la CGT. Este caso no es el único que Moyano tiene pendiente en la Justicia; enfrenta una causa por enriquecimiento ilícito a partir de una denuncia de la diputada oficialista Graciela Ocaña y otra en la que está vinculado en la investigación a su gremio por el supuesto uso de facturas apócrifas.
Pero el influyente gremialista busca minimizar la situación por la que la Justicia lo acosa y atribuye dicho accionar a la supuesta influencia política del gobierno de Mauricio Macri. Entre otras argumentaciones, Moyano dice que el supuesto “ataque” judicial contra su persona es ordenado por el Gobierno, entre otros asuntos, por su oposición al proyecto de reforma laboral, cuyo debate quedó demorado luego de las duras jornadas por el abordaje de los cambios impulsados por el Ejecutivo en el sistema jubilatorio.
La situación judicial de los Moyano fue el puntapié inicial para una clara embestida gremial y política contra la gestión de Cambiemos con el argumento de comenzar a ejercer una resistencia a las medidas económicas que aplica el Ejecutivo.
Esta amenaza se suma a la que formuló el mes pasado el también influyente Luis Barrionuevo, que afirmó que “a los sindicatos los atacaron los militares, Alfonsín y De la Rúa y terminaron mal”. Esta actitud del líder gastronómico es otra clara advertencia que, más allá de peleas y desacuerdos (muchas veces más en sintonía con estrategias que con convicciones gremiales), le aporta un tono preocupante a la movida gremial que pretende poner en jaque a la gestión macrista. Los términos empleados y las actitudes a las que se sabe pueden llegar dirigentes gremiales de semejante trayectoria podrían adquirir características que pongan en riesgo la estabilidad institucional en el país.
La respuesta del resto del gremialismo a la propuesta combativa encarada por los Moyano no ha tenido el eco que los líderes camioneros posiblemente esperaban. Las diferentes posturas expresadas por los referentes de otros gremios muestran la desconfianza que existe en buena parte de la dirigencia sindical argentina con respecto a las intenciones de quienes se encuentran motorizando esas nuevas protestas en las calles.
La reacción de quienes lideran el gremio de camioneros al convocar a una masiva movilización contra las políticas del gobierno nacional, deja muchas dudas sobre su autenticidad. ¿Es verdaderamente un planteo para que la administración macrista cambie el rumbo de sus políticas económicas y sociales? ¿O es una reacción que sólo busca que el Gobierno se atemorice e influya para que los jueces levanten el pie del acelerador en la investigación de las causas que tienen contra las cuerdas a los Moyano y a otros tantos personajes hoy descubiertos en cuanto a sus manejos oscuros de enormes cifras de dinero?
No se puede negar que esta administración nacional se encuentra en deuda con muchas de sus propuestas y que el sendero de la economía tiene más obstáculos que los previstos. Pero pretender una reacción social con el argumento de una supuesta persecución política oficial habla muy mal de dirigentes gremiales que, más allá de lo que determine sobre ellos la Justicia, están demostrando que su “vida útil” como referentes va terminando.
