Las Fuerzas Armadas, en decadencia extrema: la justicia toma cartas en el asunto

Si Argentina tuviera una hipótesis de conflicto probablemente la gente debería salir con aceite caliente como en las Invasiones Inglesas del siglo XIX. O rezar, porque ahora las guerras son diferentes que hace 20o años y nuestro país tiene Fuerzas Armadas en decadencia.

El fiscal federal Jorge Di Lello inició una investigación que, por lo pronto, demuestra que el material de tierra, aire y mar es obsoleto, como quedó demostrado con la trágica desaparición del ARA San Juan.

Según el diario La Nación, hay decenas de testigos que aseguran que  no hay submarinos en condiciones de navegar, la mayoría de los aviones están fuera de servicio y no hay un solo avión de combate en vuelo; tampoco hay municiones suficientes para el mínimo entrenamiento exigible y la mayor parte de los vehículos rodantes no tienen permiso para circular por la calle: no pasan la verificación técnica.

De hecho, en un informe de 2016, la página de las FFAA daba cuenta del  "notorio el grado de deterioro que existe en las estructuras de las fuerzas, y como muchos de sus sistemas se encuentran ya anticuados o directamente inoperativos".

"Esta antigüedad y la falta de medios para cumplir funciones especificas, determinan que al día de hoy queden vacantes diversos roles que podrían considerarse básicos para un estado en desarrollo como la Argentina. Lo cierto es que en muchos casos, la decisión política de las esferas decisorias no han terminado de definir como suplir las carencias ya estratégicas con las que cuenta el país, generando atrás de diferentes análisis de adquisición o reemplazo de sistemas, una típica novela con muchas idas y vueltas, y pocas, muy pocas determinaciones", aseguraba.

Por otro lado, mientras el tiempo continua pasando y las decisiones se tiñen de dudas, la acumulación de sistemas vetustos continua haciendo mella en la operatividad y efectividad de las Fuerzas Armadas.

Aquí una breve lista sobre aquellas necesidades que después de tanto tiempo, resultan impostergables para contar con un sistema de defensa moderno.

Este año, Buenos Aires será sede de la Cumbre del G-20 y recibirá a los principales líderes del mundo, pero sin elementos de defensa.

Di Lello ha estado juntando documentación sobre el estado del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y ya declararon como testigos siete exministros de Defensa y militares retirados. Horacio Jaunarena, ministro de Defensa de Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa y Eduardo Duhalde , declaró: "La Armada cuenta con una importante cantidad de naves que solo sirven a los efectos estadísticos, porque no es posible ponerlas nuevamente en servicio [...]. Gran parte de los pilotos no pueden cumplir con las horas mínimas de vuelo que los habilitan para cumplir con su misión. La munición con la que cuenta el Ejército no alcanza siquiera para mantener un adecuado adiestramiento de sus hombres ni para sostener un mínimo de días de combate".

El vicealmirante (R) Antonio Torres dijo que "los vuelos clandestinos" y la "pesca ilegal" demuestran que el país no está siquiera en condiciones de controlar el espacio terrestre, marítimo y aéreo.

Según el diario porteño,  Di Lello tiene en carpeta al menos 78 accidentes con aviones y helicópteros militares desde 1986. Di Lello incorporó además un informe periodístico que dice que desde entonces murieron al menos 252 personas en tragedias militares.

Citó como testigos a todos los exministros de Defensa, desde Jaunarena en adelante. Huberto Romero, Jorge Domínguez, Ricardo López Murphy, José Pampuro, Nilda Garré , Arturo Puricelli y Agustín Rossi . También, a militares de las tres fuerzas, aRosendo Fraga y a Elisa Carrió . "No incluimos a ministros de esta gestión ni a personal en actividad para respetar la investidura del comandante en jefe y el deber de verticalidad", dijo el fiscal. "Esta no es una investigación contra nadie -sostuvo Di Lello-, sino para ver si hubo responsabilidades penales a lo largo del tiempo o bien descubrir las causas del estado de deterioro".

El fiscal apunta a determinar responsables y a imputar a funcionarios por  "incumplimiento de los deberes de funcionario público" o "defraudación a la administración pública", de haber existido un fraude con el patrimonio destinado a las fuerzas.