La grieta judicial está ahí, a la vista de los observadores atentos. Hay una guerra no declarada formalmente; no hay tiros, ni cuerpos cayendo por las ventanas. Hay zancadillas, reacomodamientos, denuncias cruzadas y la no tan sutil intervención del Poder Ejecutivo, tomando partido en las disputas y charlando con todos los jugadores.
En esa grieta hay motivaciones partidarias y también ideológicas y, hasta ahora, sólo se exhibe en carne viva en un solo fuero: el penal.
No es casualidad que la pelea interna del Poder Judicial sea en la justicia penal, ni que el Gobierno la fogonee. Es ahí donde apuntó el gobernador Alfredo Cornejo en cumplimiento de su prioridad de gestión: la inseguridad.
En principio la pelea es entre algunos miembros de la Suprema Corte, particularmente Omar Palermo, Alejandro Pérez Hualde, Julio Gómez y Jorge Nanclares, contra el procurador general de la Suprema Corte, Rodolfo González. La crítica del grupo supremo tiene que ver con la forma en cómo González gestiona a sus subordinados, los fiscales.
El Gobierno ha intervenido en la pelea de la mano de González, al que algunos en el oficialismo llaman un “aliado circunstancial” y otros afirman que no es tan circunstancial por los nombres que aparecen muy cerca del procurador.
Los que ponen argumentos legales en las leyes para combatir la inseguridad (la que endurece las prisiones preventivas y la enviada hace unos días para la unificación de causas) que ha propuesto Cornejo son dos camaristas: José Valerio (Segunda Cámara) y Alejandro Gullé (Sexta Cámara).
De los dos, Gullé es el que se ve más asiduamente en la oficina del procurador general. Alguien podría aseverar que el nexo entre Cornejo y González son Valerio y Gullé. Y algo de cierto hay.
De hecho ambos camaristas también son parte de la comisión directiva del Instituto de Altos Estudios de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal Comparado; Valerio es el presidente, Gullé es prosecretario; hasta hace poco el vicepresidente era el actual ministro de Seguridad, Gianni Venier. El ministro no se fue del Instituto; ahora es vocal en la comisión revisora de cuentas.
En ese instituto revistan otros nombres que participan de la estructura judicial, cercanos a González. Por ejemplo Mirtha Olivera, que es vocal del Instituto y coordinadora de la Defensa. Como coordinadora de los defensores oficiales, el jefe de Olivera es González.
En la conducción del Instituto también aparece Elena del Carmen Alcaraz, secretaria de la Procuración General.
Otro nombre conocido es el del protesorero del Instituto de Altos Estudios de Derecho Penal, Darío Tagua, uno de los fiscales que se encargó de investigar al caído en desgracia, Daniel Carniello (ver aparte).
Volviendo a Valerio, antes de ser magistrado fue legislador provincial por la UCR. Podría decirse que la cercanía con Cornejo es partidaria y por ello se enfrenta a un grupo de jueces que están jugando con el peronismo.
Pero hay otros motivos vinculados a la concepción del derecho que también generaron chispazos anteriores. Es decir, la grieta es anterior a Cornejo, sólo que ahora se profundiza por el interés del Gobernador en agilizar la Justicia penal.
El 21 de noviembre de 2014, tres jueces de la Suprema Corte (Palermo, Pedro Llorente y el ya jubilado Carlos Böhm) firmaron la acordada 26.208 en la que se establecen las obligaciones de trabajar de tarde, y visitar los penales cada tres meses, a los jueces de Garantías e Instrucción, a los de Flagrancia, a los de Cámaras del Crimen y Apelaciones, a los de Faltas, Juzgados y Cámaras Penales de Menores. Es decir, todo el fuero penal.
Uno de los principales opositores a esta acordada fue el camarista Valerio, quien hablaba en aquellos días de inconstitucionalidad, impracticabilidad y superposición de funciones. Ya en ese momento había diferencias de criterios y una demostración de que las diferencias tenían que ver con lo ideológico, más que con lo partidario. La división que se da entre el garantismo y la mano dura.
Hay otro dato que habla de la naturaleza ideológica más que partidaria. Alejandro Pérez Hualde ingresó de la mano del radicalismo, lo mismo que Jorge Nanclares. Ambos se muestran cercanos a Omar Palermo, reconocido miembro de Justicia Legítima, el espacio kirchnerista del derecho; el otro cercano es un reconocido peronista, Julio Gómez. Los dos últimos fueron nominados por Francisco Pérez.
Queda claro que la cercanía de los cuatro no es partidaria, ni piensan igual, pero tienen coincidencias en derecho y en algún caso hasta cierto reconocimiento de lustre intelectual y académico.
Hay quienes indican que este núcleo de afinidades tiene como satélite a un hasta ahora solitario Mario Adaro, el ex ministro de Gobierno de Celso Jaque. En algunos casos juega cerca, en otros mantiene independencia y trata de construir legitimidad política por fuera de la Suprema Corte. Algunos indican que actualmente teje lazos con el ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano.
Quedan dos miembros más: Herman Salvini suele hacer tándem con el presidente de la Suprema Corte, Pedro Llorente. Ambos llegaron al tribunal en gobiernos radicales, en los albores del retorno a la democracia.
Nuevo lugar para jueza cuestionada
Hablando de peleas entre magistrados, la jueza de familia, María Elizabeth Lizán, ha vuelto al ruedo tras superar un largo proceso ante el Jury de Enjuiciamiento, acusada de haber realizado trámites irregulares en adopciones de niños en el Valle de Uco. Hace un mes logró que el Jury archivara las actuaciones, después de que la Suprema Corte la absolviera de todos los cargos.
El 8 de junio pasado, la sala III firmó la acordada 27.358, por la que se pone en funcionamiento el 12° Juzgado de Familia en Montevideo y Mitre de Ciudad. La titular de ese juzgado será Lizán. Es que la dependencia que ella ocupaba en el Valle de Uco fue ocupada por otro magistrado.
El chispazo que definió las alianzas
El ex fiscal de delitos complejos, Daniel Carniello, es el emergente de esta pelea en la Justicia penal. Tuvo tres acusaciones ante el Jury, zafó de dos, le queda una; el viernes fue notificado y le entregaron todos los elementos para responder por escrito a las acusaciones en su contra. Tiene diez días hábiles para hacerlo.
Mientras tanto, la semana pasada ingresó una denuncia contra su remplazante en la Fiscalía de Delitos Complejos, Juan Manuel Bancalari. Un informante de Carniello lo acusa de haberlo apretado para declarar en contra de Carniello.
Otro fiscal, el ya mencionado Darío Tagua, fue el autor de dos de las tres acusaciones que pesan en su contra; Tagua responde al grupo que respalda a González, donde también revistan Alejandro Gullé y José Virgilio Valerio. Carniello pertenece a la facción de Omar Palermo.
Otro emergente de la guerra judicial fueron los famosos hábeas corpus presentados por la organización Xumek y Carlos Varela Álvarez. El que presentó Xumek fue el que desató el primer chisporroteo entre la Corte y Alfredo Cornejo.
Se trata de una organización filokirchnerista que después de varios años de silencio salió a exponer la situación de los detenidos con prisión preventiva sin intervención de un juez de Garantías.
Los cuatro nombres del núcleo duro (Palermo, Gómez, Nanclares y Pérez Hualde) firmaron un fallo que tenía como destinatario a Rodolfo González, puesto que son los subordinados del procurador general los que no informarían a los jueces de Garantías de las detenciones.
Pero Cornejo se sintió aludido; temiendo que la sentencia terminara liberando a muchos delincuentes en prisión preventiva, entendió que era un golpe a su promesa de bajar los índices de inseguridad. Entonces el Gobierno entró en la pelea judicial y de pronto, la necesidad alió al procurador general y al Gobernador.
La pregunta es cuánto puede durar esta alianza, más allá de los otros nombres que los unen. La política de persecución del delito la fija González como jefe de los fiscales y en esa política trabajan sus cercanos. Es claro que esa política no goza del favor popular ni el del propio Cornejo.
