El Poder Ejecutivo nacional ha revelado la intención del gobierno de involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Para ello, ha sugerido que se modificaría el decreto 727/2006, reglamentario de la Ley 23.554 de Defensa Nacional.
Este abandono del paradigma de la seguridad democrática es una de las consecuencias de los nuevos alineamientos internacionales de la Argentina, en particular a las políticas que imponen los Estados Unidos en su intento, como lo señaló el entonces secretario de Estado, Rex Tillerson, de volver a la Doctrina Monroe sintetizada en la frase “América para los americanos”. La denominación que engloba a estas nuevas categorías es la de “nuevas amenazas”, las que incluyen al crimen organizado, narcotráfico y terrorismo internacional.
Otro aspecto que explica esta reorientación del gobierno en esta materia es el vínculo directo entre el neoliberalismo, con sus políticas de ajuste y recesión, y la expansión de los aparatos represivos del Estado. Resulta evidente que las estrategias de concentración de la riqueza y de modificación regresiva de las políticas sociales vienen relacionadas con la ampliación del aparato represivo.
Estamos ante un grave retroceso político. Las fuerzas políticas en el Parlamento entendieron los peligros que trae aparejado el empleo de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior. Su misión, hay que reiterarlo, es “enfrentar las agresiones de origen externo” capaces de poner en riesgo la integridad territorial y la soberanía nacional.
Todo el ordenamiento jurídico argentino, desde la Constitución, la ley de Defensa Nacional y su decreto reglamentario 727/06 y la ley de Seguridad Interior, entre otras normas relevantes, establecen con claridad que el sistema de seguridad interior como el de defensa nacional están orientados a situaciones distintas y se excluyen mutuamente.
Sin embargo el gobierno tiende a desdibujar estos delicados límites. Lo hizo a pocos días de haber asumido Macri la presidencia mediante el decreto 228/16 que declaró, sin intervención del Congreso Nacional, la emergencia de seguridad permitiendo, entre otras medidas, el derribo de aviones. En la misma línea, el Presidente amplió el margen de atribuciones de las Fuerzas Armadas mediante el decreto 721/2016, debilitando la conducción civil y política.
No desconocemos que existen nuevos desafíos que requieren una oportuna respuesta del Estado. Pero la ley ya tiene asignadas a los efectivos de seguridad, policiales y de inteligencia, organizadas y preparadas, para conjurarlas. Agregar nuevos organismos a esta tarea implicaría desprofesionalizar a los existentes. Por el contrario, el intencionado discurso que pretende definir al narcotráfico y al terrorismo como amenazas externas, es un intento más por avanzar hacia un Estado policíaco y la militarización de las fuerzas de seguridad.
No solo nos oponemos a la modificación del decreto 727/2006 sino que exigimos además que sea el Congreso el ámbito para discutir cualquier modificación del régimen legal vigente.
