La economía en general del país se encuentra atravesando un momento complicado. El Gobierno no encuentra la clave para frenar la inflación y la caída del consumo pero el mayor problema son las cadenas de comercialización que han provocado que en el precio final de un producto los que pierdan sean quienes se encuentran en las dos puntas de la misma: el productor y el consumidor y la renta fuerte termina quedando en la distribución y comercialización.
Ejemplos abundan, pero podríamos referirnos a lo que sucede con algunos productos. En el caso de la cebolla, un productor recibió, en la finca, $ 8 pesos por la bolsa de 15 kilos. Sin embargo en verdulerías y supermercados el consumidor tuvo que pagar hasta $ 20 el kilo. En la lechuga se dio una circunstancia especial: con motivo de las fuertes lluvias que en determinado momento se produjeron en Mendoza, la cosecha se vio perjudicada y el valor de la caja de 12 kilos alcanzó $ 200. Con ese precio, la verdura en los lugares de venta se expendía a $ 35 el kilo. Pasadas las lluvias, los productores comenzaron a recibir $ 20 pesos por caja, y sin embargo el precio al consumidor final no bajó, se mantuvo en $ 35. El problema principal es que en los mercados de concentración son uno o dos los grandes compradores de determinado producto y son ellos los que terminan fijando los precios finales.
El caso del vino es patético. Los productores se quejan y con razón de que los precios que obtienen por la uva o por el vino sólo les alcanza para la subsistencia, mientras los industriales se ven obligados a reducir al límite las ganancias y hasta de importar vinos para mantener un mínimo margen de rentabilidad. Sin embargo, las cadenas de distribución y de comercialización no se hacen eco del problema y mantienen sus márgenes de ganancia, aun a costa de una fuerte caída en el consumo, como sucede tanto en el vino como en el resto de las bebidas.
La intervención del Estado resulta complicada ya que lo que está sucediendo es el libre juego de la oferta y la demanda. Pero también hay un aspecto que debería ser considerado como es la concentración en la demanda, que es la que genera el problema y que debería ser abordado dentro de los márgenes legales posibles.
El de la comercialización no es el único problema que afecta a las economías regionales sino que hay otros no menos importantes, como es el caso del transporte. Para las industrias que se encuentran alejadas de los grandes centros de consumo y del puerto, es un ítem fundamental en el costo final del producto. Una de las soluciones pasa por reducir ese costo del transporte a través del ferrocarril, pero todo lleva a indicar que Mendoza no está incluida en las mejoras necesarias que permitirían acelerar y asegurar la llegada de la carga en tiempo y forma. Esta situación se repite en otras zonas del país, como es el caso de la fruta en el Alto Valle del Río Negro o en la olivicultura de La Rioja y Catamarca.
Días pasados, desde el Gobierno nacional se destacó el crecimiento de las exportaciones de Tucumán, basados esencialmente: en el azúcar, los limones (que tienen libre ingreso al mercado norteamericano) y la novedad de los arándanos en fresco. Pero cabría señalar también que se trató de una excepción, ya que para el resto de las economías regionales la situación no ha variado y continúan los mismos problemas de los últimos años. La actividad privada ha advertido la situación y el Gobierno provincial ha tomado nota y acompaña en los reclamos, pero no hay una respuesta adecuada de parte de los funcionarios nacionales. Habrá que seguir insistiendo y exigiendo las necesarias soluciones.
