Gran impacto político tuvo la decisión judicial de intervenir el órgano de conducción nacional del Partido Justicialista. Fue una disposición de la jueza federal electoral María Servini de Cubría, que hizo lugar a una medida cautelar que presentó el sindicalista Carlos Acuña, integrante del triunvirato de dirigentes que conduce la CGT, junto a otros gremialistas allegados al líder gastronómico Luis Barrionuevo, quien, coincidentemente, fue designado por la magistrada interventor normalizador en el PJ.
En los considerandos de su fallo, la jueza Servini de Cubría sostiene que los resultados electorales “adversos” que obtuvo el justicialismo en los dos últimos comicios (2015 y 2017) no hicieron otra cosa que profundizar “la división interna que venía gestándose con antelación”.
Apunta en sus fundamentos la magistrada electoral que la caída del PJ en los comicios presidenciales, “así como el fracaso en el acto electoral para elegir gobernador en el distrito más grande del país (la provincia de Buenos Aires), han provocado una crisis de conducción partidaria difícil de superar”. Según la jueza, el peronismo llegó a un “grado de división” que generó, siempre según su apreciación, “una situación crítica insostenible”. Y pronostica que hasta se podría afectar “ la propia existencia del partido”.
Se debe reconocer que los considerandos de la magistrada, posiblemente en sintonía con los fundamentos de quienes propiciaron la medida cautelar, reflejan la realidad interna del peronismo partidario, ya que en el último proceso electoral la mayor parte de la dirigencia decidió apoyar candidaturas constituidas por afuera de la estructura del PJ, como las listas de Unidad Ciudadana, ideadas por Cristina Fernández de Kirchner.
Dichas candidaturas contaron con el respaldo explícito de la mayor parte de la dirigencia del peronismo.
Sin embargo, los fundamentos de la jueza no parecen lo suficientemente convincentes como para sustentar la medida extrema que adoptó en la semana. La decisión de intervenir se basa más en consideraciones de tipo político que jurídicas. Y quien es designado por ella para conducir la intervención dispuesta es un polémico y controvertido dirigente gremial y político, que en su larga trayectoria acredita hechos lamentables, como la quema de urnas en su provincia tras una derrota electoral y la emisión de una frase tan polémica como despreciable, cuando dijo: “Tenemos que dejar de robar por lo menos dos años”, refiriéndose a la dirigencia en general.
Cabe plantear entonces si fue realmente necesaria la intervención dispuesta al justicialismo nacional si los problemas que se plantearon en la denuncia son sólo de tipo organizativo. Hasta se alude a una acefalía en la conducción de difícil demostración, puesto que como presidente del
Partido Justicialista se encontraba el ex gobernador sanjuanino José Luis Gioja, quien apeló la medida alegando que se trató de una decisión nula y sólo basada en aspectos políticos.
Sería desde todo punto de vista lamentable que la decisión de la jueza Servini de Cubría no contribuyera con la argumentada normalización del justicialismo y sólo sirviera para reposicionamientos de una parte de su dirigencia y revanchismos que poco y nada aportan al precepto de la consolidación de instituciones partidarias fuertes, que respondan al lugar estratégico para la democracia que la Constitución les otorga.
