Policiales
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hace 6 horas
Legisladores del justicialismo adelantaron esta mañana que acompañarán el tratamiento de la reforma de la 7.722 -la llamada "ley antiminera"- si es que se cumplen con una serie de condiciones.
En una mesa integrada por los legisladores nacionales Anabel Fernández Sagasti, Marisa Uceda, Omar Félix y Alejandro Bermejo; el presidente del PJ Guillermo Carmona y los legisladores provinciales Lucas Ilardo y Germán Gómez comunicaron la posición partidaria.
Fernández Sagasti reconoció que el oficialismo provincial tiene los números para avanzar en soledad con las iniciativas presentadas, por lo que desde el peronismo sentó posición para "garantizar en primera medida que haya 0% de posibilidades de que se contamine el agua que los mendocinos tomamos, y en segunda medida que no haya más cheques en blanco que hipotequen la provincia".
En relación a la 7.722, Fernández Sagasti adelantó que hay cuatro ejes "fundamentales y no negociables" para dar tratamiento al proyecto del oficialismo. Lo primero, un control ambiental efectivo, lo segundo un cuidado estricto del agua que deberá ser financiado con fondos de las regalías de la actividad. Como tercera condición crear trabajo mendocino y que, por ende, participen de las ganancias y riquezas que surjan de la actividad y por último, pero no menos importante garantizar licencia social, que precisa la actividad. Para el peronismo, el único lugar donde esto último es posible es en el departamento de Malargüe.
Sobre el primer punto se especificó una propuesta para crear una Policía Ambiental efectiva, una comisión bicameral de Control Ambiental, dar participación ciudadana en el control (con una red de vigilancia integrada por las ONG y la sociedad civil) y por último, someter los emprendimientos a auditorías internacionales (de organismos como por ejemplo Naciones Unidas).
“Hacemos especial hincapié en el control ambiental porque el Partido Justicialista con su presidente –Carmona- y sus equipos técnicos han analizado lo que ha venido sucediendo con los controles ambientales y la verdad es que el saldo no es para nada positivo”, resumió la referente.
También se mencionó la necesidad de crear una empresa provincial minera que se asocie con las inversiones que vengan del exterior, y ampliar el objeto social de Emesa (la empresa provincial de Energía). "Entendemos que si hubiera existido la historia del proyecto Potasio Río Colorado sería totalmente otra y podríamos haber negociado en forma directa y se hubiera podido desarrollar", ejemplificó Fernández Sagasti.
Por su parte, el Equipo Olascoaga, también vinculado al PJ, manifestó que "por cada metro cúbico del agua que sea autorizado al proyecto deberán pagar una tasa de compensación equivalente al costo total de tecnificar con riesgo las hectáreas que demanda. Esta compensación será anual y pasará a incrementar la línea de crédito tasa 0 del FTyC".
Greenpeace y la Iglesia rechazaron cambios
Una voz opositora al tratamiento de la reforma es Greenpeace, organización que expresó preocupación al proyecto impulsado por el gobierno de Rodolfo Suárez.
"Esta ley vigente significó una normativa de avanzada al proteger el agua con la prohibición del uso de sustancias tóxicas en la actividad minera y establecer mecanismos novedosos para la aprobación legislativa de los proyectos. Cualquier modificación negativa significará una violación inconstitucional al principio de no regresión ambiental y al de progresividad, expresamente establecido en la Ley General de Ambiente (Ley Nacional Nº 25.675)", indicaron en un comunicado de prensa.
Greenpeace consideró: "El agua en el mundo escasea cada vez más, en gran parte como consecuencia del Cambio Climático. La provincia de Mendoza está sufriendo además una sequía histórica, una situación crítica que se vería notablemente agravada de aprobarse proyectos que demandan millones de litros diarios de agua para su proceso".
En sintonía a este planteo, el Arzobispado de Mendoza cuestionó los intentos de reforma. "Como pastores nos preocupa seriamente la propuesta de derogación o modificación de la Ley 7.722, promulgada en el año 2007, cuya constitucionalidad declaró unánimemente la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza en diciembre de2015. La construcción de esta ley es fruto de un proceso social admirable que merece ser respetado", señaló la Iglesia local.
Con duros cuestionamientos, el Consejo Presbiteral evaluó que "no estamos ante una ley antiminería, sino ante un breve cuerpo de normas que resguarda el agua de los mendocinos; un bien preciado y necesario para el desarrollo de la vida en esta tierra desierta, pero objeto de tutela y de cuidado desde siempre, incluso constitucionalmente".
"No sólo enfrentamos un proceso de emergencia hídrica sin precedentes en nuestra tierra, sino que, además, la pobreza golpea fuertemente en nuestras comunidades (…) Ciertamente no sólo los emprendimientos mineros revisten peligros para la salvaguarda del agua y de la calidad de vida de las personas. El derroche del agua es una falta grave; así como el abuso de sustancias químicas en las actividades agropecuarias que generan un impacto contaminante terriblemente dañino para la población y su medio ambiente. El caso de avionetas de fumigación con agroquímicos que hemos podido ver en estas semanas es solamente uno de los muchos posibles ejemplos", concluyó.
"El problema social es un problema ecológico y viceversa. Necesitamos políticas de mirada amplia que piensen el desarrollo no sólo en términos financieros sino en todos los aspectos que hacen a la vida digna del ser humano (…) La Iglesia, como parte de esta sociedad mendocina, quiere servir y ofrecer sus mejores aportes. No somos oposición política de nadie. En épocas difíciles como las que vivimos, el diálogo entre las instituciones y sectores sociales es clave ", destacó.
