La condena, la inhabilitación y la devolución de dinero que el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, debe enfrentar por hechos ilícitos cometidos durante su gestión, no hacen más que ratificar que la Justicia, tarde o temprano, llega sobre los funcionarios corruptos. Condena que en el actual gobierno se suma a la que en su momento recibió la ex ministra de Economía, Felisa Miceli, por la bolsa con dinero que fue encontrada en el baño de su oficina.
El kirchnerismo es muy propenso a mirar la paja en el ojo ajeno, como sucedió con la catarata de críticas que impulsó cuando se conoció el cobro de dinero por trabajos no realizados que se le atribuyó al ahora ex candidato a diputado nacional Fernando Niembro o con el actual candidato a diputado nacional por Cambiemos, Eduardo Amadeo, por presuntas contrataciones irregulares con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Pero no actúa de la misma manera cuando debería mirar la viga en el ojo propio, como las condenas ya concretadas hacia la ex ministra Miceli y el ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime o por las imputaciones que recaen, con fuertes dosis de fundamento, sobre el actual vicepresidente de la Nación, Amado Boudou, por la compra irregular de Ciccone Calcográfica, la compra de un auto con papeles falsos y número de motor modificado o una extraña contratación millonaria con el gobierno de Formosa por una asesoría que realizó una empresa presidida por el amigo - ¿y socio?- de Boudou, Alejandro Vandenbroele.
A pesar de que pudo haber existido un fuerte contenido electoral y de la victimización que intentó el propio afectado, no se puede discutir que al menos la condena pública que alcanzó a Fernando Niembro fue justa, porque si bien no cometió ningún ilícito, tal cual él mismo lo señaló, sí hubo falta de ética pública en su actitud.
Pero de la misma manera habría que medir las decenas de denuncias que recaen habitualmente sobre funcionarios del kirchnerismo y que quedan en la nada como consecuencia de que el propio Gobierno ha adoptado la actitud de mantener el silencio para que "el tiempo" tape los problemas.
El segundo argumento al que suele recurrir el oficialismo es el de asegurar el sentido de inocencia hasta que (la Justicia) demuestre lo contrario. Pues bien, ahora la Justicia está comenzando a "demostrar lo contrario" en casos puntuales, como el de Ricardo Jaime, que recibió una condena a un año y medio de prisión y la devolución de dos millones de pesos, al llegar a un acuerdo con el fiscal que estudia el caso.
Pero se trata de sólo una de las tantas causas en las que está involucrado el ex funcionario kirchnerista, ya que con anterioridad había sido condenado a una pena de 6 meses de prisión en suspenso, por una tentativa de sustracción de pruebas en Córdoba y está siendo juzgado por la tragedia de Once, en la que el fiscal pidió once años de prisión por su responsabilidad en el choque de un tren en el que murieron 51 personas.
Resulta necesario que la Justicia continúe a fondo con la investigación en los casos denunciados que abarcan a otros funcionarios del Gobierno, incluyendo por supuesto a aquellos que alcanzan a la familia presidencial y al grupo de amigos del entorno de la más alta figura del país.
