Las comunidades huarpes de Mendoza denunciaron penalmente al fiscal de Estado Fernando Simón por el delito de violación de los deberes de funcionario público.
Concretamente, los denunciantes sostienen que el funcionario habría realizado una serie de omisiones e incumplimientos para no hacer efectiva la Ley de Expropiación de unas 780 mil hectáreas ordenada en 2008 por la Corte provincial.
La presentación contra Simón fue realizada ayer por la tarde por uno de los líderes de los pueblos originarios del norte mendocino, Ramón Tello, junto al abogado de las comunidades, Fidel Bustelo, y recayó en la fiscalía de Capital a cargo de Mercedes Moya.
“Esto es un verdadero escándalo político. No debe haber en el mundo una demanda de expropiación iniciada por un Estado que haya sido ‘planchada’ durante 15 años”, explicó Tello, representante huarpe ante el Instituto de Asuntos Indígenas de la Nación (INAI).
El documento solicita a la Justicia que no sólo se investigue a Simón -conocedor del tema, pues fue secretario Legal y Técnico durante el gobierno de Celso Jaque- sino también a funcionarios del Ejecutivo, de la Fiscalía de Estado y del municipio de Lavalle -durante las gestiones de los justicialistas Celso Jaque y Francisco Pérez-, quienes habrían contribuido a “cajonear” la expropiación.
La demora en la restitución, según los denunciantes, es clara: hace 5 años se inició el proceso de expropiación y todavía no ha finalizado la primera etapa procesal: ni siquiera se ha notificado a los demandados.
“Acá ex gobernadores, fiscales y otros funcionarios de distintas gestiones han actuado en perfecta sintonía para perseguir un sólo interés: no cumplir con la ley”, sostiene la denuncia.
¿Se viene otro Jury?
Tello indicó ayer a Los Andes que tras esta denuncia se realizarán una serie de medidas complementarias.
En primer lugar, se enviará una carta al gobernador Alfredo Cornejo para hacerle conocer la situación. Luego se impulsará una denuncia ante el Jury de Enjuiciamiento contra Simón, a quien se le envió una carta fechada el 5 de mayo pasado para que realizara los actos procesales tendientes a activar el proceso de expropiación.
Finalmente se realizará una larga serie de denuncias de vecinos huarpes, quienes se constituirán en querellantes particulares.
Para los denunciantes, cuando el ex fiscal de Estado Pedro Sin, en 2001, declaró la inconstitucionalidad de la ley 6.920 su motivación no habría sido proteger los intereses de la Provincia sino ponerse del lado de los expropiados.
Una acción que habrían realizado también una larga serie de funcionarios, luego de que la Corte provincial desestimara el pedido de Sin.
Así, solicitan que se investigue al ex fiscal de Estado Joaquín de Rosas y al actual, Fernando Simón, que en su función podría haber incurrido en acciones u omisiones contra el pueblo huarpe.
En el mismo sentido se pide que se investigue el intendente de Lavalle, Roberto Righi, y otros funcionarios municipales. En este caso se señala que algunas personas a las que hay que expropiar son parte del Partido Justicialista e incluso parientes de ex funcionarios.
“Ni Simón ni los anteriores fiscales de Estado cumplieron con los deberes de funcionarios públicos y sus omisiones tienen a proteger los intereses económicos de conocidos empresarios, políticos y sus familiares”, afirmó el líder de la comunidad originaria del secano mendocino.
Incumplimientos
En relación a Simón, la denuncia advierte que en su calidad de Secretario Legal y Técnico de la Gobernación redactó el decreto 633 en el que instruía al fiscal de Estado de entonces para que restituyera las tierras en cuestión.
Paradójicamente, este trabajo tenían que hacerlo los mismos abogados que litigaron a favor de que se decretara la inconstitucionalidad de la ley de expropiación.
Y ahora, 6 años después, desde la Fiscalía de Estado aún no se ha notificado la demanda a los expropiados, hacen notar las comunidades huarpes.
A modo de ejemplo, la denuncia incluye un fallo de expropiación de la jueza Silvana Márquez Morosi. La sentencia fue redactada en octubre de 2015 y no habría sido cumplida por la Fiscalía de Estado.
Cronología
2001: se dictó la ley 6.920 que reconoció la "pre existencia étnica cultural del Pueblo Huarpe Milcallac" y estableció que el Estado debe expropiar unas 780 mil hectáreas del desierto lavallino para entregarles la escritura de propiedad a los descendientes de aquellos pobladores originarios.
El mismo año la normativa fue declarada inconstitucional, poco después de su aprobación, por el entonces Fiscal de Estado Pedro Sin.
2008: la Suprema Corte de Justicia rechazó este recurso de inconstitucionalidad y falló a favor de las comunidades huarpes lavallinas.
2011: se adjudicaron 72 hectáreas fiscales a la comunidad de Lagunas del Rosario. Pero la Corte provincial falló que debía entregarse un único título comunitario a nombre de las 11 comunidades, en lugar de parcelarse a diferentes individuos de la comunidad.
