En su libro "Las (otras) historias de Mendoza", el escritor Jorge Enrique Oviedo hace referencia a distintos hechos y episodios que se produjeron y llamaron la atención de la Mendoza del pasado.
Uno de sus capítulos está referido a una campaña oficial, en 1936, destinada a matar los gorriones "por ser una plaga para la agricultura". Se produjo en 1936, durante el gobierno de Guillermo Cano y la campaña fue implementada por el entonces ministro de Industria y Obras Públicas, Frank Romero Day.
Dicha campaña comprendía aspectos tales como envenenamiento, jaulas trampa, escopetas con cartuchos a munición y destrucción de nidadas, exhortando a los productores a comprar trigo envenenado en las farmacias para hacer frente al "flagelo".
Hubo una crítica de parte de la Sociedad Protectora de Animales, pero la respuesta del ministro Romero Day no se hizo esperar, al expresar que "los gorriones producen ingentes daños a las hortalizas, a las frutas y a las uvas de mesa, que constituyen renglones importantes en la producción mendocina".
La historia pareciera repetirse ochenta años después aunque, en lugar de gorriones, quienes producen daños en la actividad agrícola son otras aves: las catas.
Se trata de una especie con una gran capacidad de reproducción, que vive en comunidades y que una vez instaladas en algún lugar resulta muy difícil erradicarlas o expulsarlas hacia otras zonas que no conformen ese magro 3% de capacidad cultivable que tiene el territorio provincial.
Las denuncias de los productores son permanentes, mientras desde otra óptica aparece el planteo de la fundación Cullunche, que sostiene que en el problema deben estar presentes las dos partes: los defensores de los animales y especies y los productores.
Hasta no hace mucho tiempo, las catas no habían generado inconvenientes mayores a la producción. Las quejas partían esencialmente de los productores de almendra del tipo "cáscara de papel", en razón de que los pájaros rompían la cáscara con el pico y comían el fruto. A modo de solución "natural" los viveristas ofrecían almendras de cáscara más dura, más difíciles de romper aunque todo lleva a indicar que tampoco fueron un impedimento mayor para las aves, las que también atacan a frutos con carozo y a hortalizas, como la lechuga, por señalar sólo un ejemplo.
Frente a esa situación, la Dirección de Recursos Naturales y Renovables dictó una resolución que establece que en cinco departamentos de la provincia: San Martín, Rivadavia, Maipú, Junín y Luján se puede combatir a las catas y se considera que si La Paz completa la encuesta exigida, el año que viene podría estar incluido.
Pero cabría señalar también que las catas ya están generando daños en cultivos de hortalizas del denominado "cinturón verde", de Guaymallén, a lo que se suma el hecho de que, tal como lo señaló una reciente nota de Los Andes, las bandadas de catas han comenzado a alimentarse de los frutales que se encuentran en la etapa de floración e inclusive cuando se están comenzando a formar los frutos, considerando los expertos que algunos cultivos pueden llegar a ser devorados en su totalidad.
Ante la situación planteada, la fundación Cullunche presentó un amparo en defensa de las aves. No desconocen el problema pero reclaman que haya equilibrio entre los intereses de las dos partes, aunque establecen exigencias difíciles de considerar, como cantidad de productores afectados, zonas, porcentaje de pérdidas y dinero que se perdería.
No se trata de desconocer ni de criticar la actividad de la fundación en defensa del medio ambiente y de los animales, pero es cierto también que muchos productores suelen ver destruido el trabajo de todo un año por el accionar de las aves.
Será cuestión de acercar a las partes y trabajar con la suficiente anticipación para el año que viene en razón de que, tal como lo señalaron algunos funcionarios, no se avanzará sobre los nidos porque comienza la época de reproducción y cría.
