Las condiciones de vida en el penal de Almafuerte se transformaron en noticia nacional e internacional, al punto de que el diario El Mundo de España publicó el tema, además de los principales medios de Buenos Aires también le dedicaran espacio; fue tapa de La Nación de ayer y le dedicaron espacio Clarín, Infobae, La Voz del Interior, La Gaceta de Salta y La Mañana de Neuquén.
Las cárceles generan sofocones al gobernador Alfredo Cornejo. En el Poder Ejecutivo creen ver una conspiración política, porque las condiciones de vida de los presos no son novedad, pero con la asunción de Cornejo empiezan a aparecer los denunciantes.
Hay dos fallos de la Suprema Corte y hasta una mesa de diálogo de la que participa el Gobierno y el Tribunal y un plan de obras propuesto a la Suprema Corte, que hasta incluye la construcción de un presidio nuevo.
Pero la jueza de Ejecución Penal N° 2 de Mendoza, Mariana Gardey Merino, dio lugar al tercer hábeas corpus presentado por la situación de los internos en las cárceles de Mendoza, esta vez por la Procuraduría de Violencia Institucional de la Nación (Procuvin) y ordenó un plan de obras urgentes para mejorar las condiciones.
El primer hábeas corpus fue el que desató la pelea entre el gobernador Cornejo y el Superior Tribunal por el dictado de prisiones preventivas sin intervención de un juez de Garantías presentado por la asociación de defensa de los derechos humanos, Xumek; el segundo, por el abogado también dedicado a derechos humanos, Carlos Varela Álvarez.
En referencia a este segundo hábeas corpus fue que ambos poderes llegaron a un acuerdo en referencia a un plan de obras para mejorar las cárceles. La acordada del Máximo Tribunal se conoció el lunes 6 de junio pasado; allí se aceptaba el plan de obras por 120 millones de pesos para llevar adelante en todos los penales de Mendoza, más la construcción de uno nuevo.
Es más, en la decisión había una exhortación a la Legislatura para “conferir ágil y oportuno tratamiento legislativo a las iniciativas que gire el Poder Ejecutivo en relación con el cumplimiento de la presente resolución”. La iniciativa que iba a mandar Cornejo era la autorización para endeudarse y construir una cárcel nueva. El endeudamiento de 90 millones de dólares ya es ley.
Ese mismo plan fue llevado por el Gobierno a la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se hizo en Santiago de Chile el 9 de junio. La CIDH visitará Mendoza en cinco meses para ver el avance de ese plan.
Pero el 10 de junio se empezó a armar otra bomba que explotaría este fin de semana y que llevaría a Mendoza a ocupar espacio en medios nacionales y extranjeros.
Ese día hubo una inspección de la Procuvin. En esa visita "se detectó la presencia de tres detenidos alojados a la intemperie, en medio del frío, en una celda confeccionada sin paredes, cuyas estructuras y materiales coinciden exactamente con las de una gran jaula" reza el informe publicado el 7 de julio pasado por el sitio web fiscales.gob.ar, del Ministerio Público Fiscal de la Nación,y que fuera difundido por Los Andes el domingo 10 de julio.
El 23 de junio fue la jueza Gardey Merino la que hizo su inspección. Luego vino el fallo, en el que recordó la existencia de causas anteriores en las que se solicitaba la provisión de elementos de higiene a los internos y reparaciones edilicias.
“Los plazos para la solución de los problemas edilicios ya resueltos ut supra se encuentran vencidos, por lo que es necesario dar una pronta, rápida y efectiva solución a ello atento a que dicho incumplimiento deviene en una franca violación a los derechos humanos de los internos alojados en dicho módulo”, dice la sentencia.
En la edición del domingo pasado se reflejaba la opinión del ministro de Seguridad, Gianni Venier, quien volvía a sugerir la motivación política detrás de los hábeas corpus. Recordó que la Procuvín depende de la procuradora general nacional Alejandra Gils Carbó, que participa del espacio filokirchnerista Justicia Legítima: “En años anteriores no se preocuparon por los presos sino en crear un sistema normativo para darles libertad y que siguieran cometiendo delitos”, decía Venier.
Pero la foto de los detenidos alojados en una “jaula a la intemperie” en el penal de Almafuerte dio la vuelta al mundo. La imagen es potente y supera largamente a los argumentos, aunque el plan de obras pedido por la jueza Gardey Merino ya existe, fue avalado por sus jefes y hasta fue presentado en la CIDH.
En Cacheuta hace demasiado frío para estar en un recinto sin paredes, aunque allí no se ven camas. Es decir, no estaban alojados ahí permanentemente, ya que se trata de un sitio para recreo y recepción de visitas.
