Lo que ocurre en El Salvador provoca que las autoridades de seguridad estén en alerta. Es que tras vivir una jornada violenta con al menos 17 homicidios en un día, se ha roto con los promedios diarios que ese país venía registrando, afectado por el narcotráfico, la marginalidad y la inseguridad en las calles.
El presidente Nayib Nukele declaró la emergencia máxima en algunas cárceles del país pues, según informes, las órdenes de homicidios habrían salido desde allí.
"Este día se acabaron las celdas de una misma pandilla, hemos mezclado a todos los grupos terroristas (pandilleros) en la misma celda, en todos los Centros Penales de seguridad", escribió en Twitter el viceministro de Justicia y Seguridad, Osiris Luna.
Al ser consultada por AFP, una fuente de ese ministerio se abstuvo de comentar cuál es el fin de acabar con la separación en las cárceles, vigente desde 2002 para evitar enfrentamientos entre pandillas rivales.
Para el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de El Salvador (CDHES, ONG), Miguel Montenegro, "la unificación de las pandillas (...) lleva un riesgo total de que haya amotinamientos o asesinatos selectivos o colectivos".
Es "una bomba de tiempo" que puede "explotar" en cualquier momento y el responsable será el gobierno por tener la custodia de los reos, advirtió.
Diversos reportes que citan a fuentes de la Policía Nacional Civil (PNC) señalan que solo durante el pasado viernes, además de los homicidios, se registraron 23 asesinatos, sin que las autoridades hayan confirmado o desmentido los datos.
La legislación salvadoreña otorga al Ejecutivo la facultad de decretar el estado de emergencia máxima en las prisiones, pero debe ser ratificado por jueces de Vigilancia Penitenciaria. La orden del presidente salvadoreño de extremar el régimen de seguridad en las cárceles es inusual en momentos en los que la violencia despunta en el país.
Tras el anuncio de Bukele, el fiscal general, Raúl Melara, indicó a la Unidad Antipandillas que "lidere las investigaciones necesarias para dar con los responsables de estos homicidios".
La PNC informó la detención de tres supuestos pandilleros identificados como Felipe Méndez, Moisés Méndez y Saúl Hernández, esté último señalado de ser líder de una estructura de "maras".
Las autoridades no han detallado si los homicidios están relacionados con purgas dentro de las estructuras criminales, intentos de ampliar el control en sus territorios o si son asesinatos de civiles que se han saltado la cuarentena por el COVID-19.
Desde que Bukele asumió la presidencia del país centroamericano prometió combatir a las pandillas y reducir las cifras de violencia. "Vamos a disputarle los jóvenes a las pandillas, les vamos a ganar en el reclutamiento", declaró el pasado julio en la casa de gobierno en San Salvador, al anunciar la segunda fase de un programa que busca el "control territorial" de decenas de comunidades que están sometidas por esas bandas criminales.
Las pandillas en El Salvador tienen unos 70.000 miembros de los cuales casi 17.000 están encarcelados. Pertenecen, en su mayoría, a la Mara Salvatrucha (MS-13) o a su rival, Barrio 18.
"Las pandillas están desfinanciadas. Estamos seguros que no van a poder competir con el gobierno en el reclutamiento de los jóvenes", subrayó Bukele.
La segunda fase del plan de seguridad, titulada "Oportunidades", y que se inicia el miércoles, busca involucrar a los jóvenes en riesgo en programas de educación, desarrollo local y capacitaciones en diferentes oficios.