El Poder Ejecutivo envió al Congreso tres proyectos de ley, que se han comenzado a tratar y que convertirán a la Secretaría de Comercio, junto con la AFIP y Aduana, en el soviet de la economía argentina.
Los proyectos arrasan con los derechos y garantías otorgados por la Constitución Nacional, en particular el artículo 14.
Convertidos en leyes los proyectos los propietarios actuales lo seguirán siendo en situación condicional, ya que sus bienes podrán ser expropiados, bajo diversas formas, cuando los funcionarios así lo estimen conveniente.
La iniciativa privada prácticamente desaparece, ya que lo que hay que hacer con las empresas lo dirán los funcionarios de la planificación central.
Uno de los proyectos crea en el ámbito de la Secretaría de Comercio el “Observatorio de Precios y Disponibilidad de Insumos, Bienes y Servicios, como organismo técnico con el objeto de asistir al secretario de Comercio en el monitoreo, relevamiento y sistematización de los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios que son producidos, comercializados y prestados en el territorio de la Nación”.
Traducido, se trata de otro Indec, el vicio de duplicar o triplicar funciones en el Estado; piénsese cuántos “nuevos puestos de trabajo” se van a crear en este organismo.
Un segundo proyecto, en 78 artículos y un anexo, crea el “Sistema de Resolución de Conflictos de las Relaciones de Consumo” y el “Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (Coprec) en el ámbito de la Secretaría de Comercio del Ministerio de Economía.
El Coprec actuará a nivel nacional mediante su sede en la Capital Federal y en las dependencias, delegaciones u oficinas fijas o móviles que se establezcan en el resto del país.
Esta creación duplica las funciones que ya cumplen las normas nacionales y provinciales de defensa de la competencia y del consumidor.
El tercer proyecto es el que ha provocado la mayor polémica y el unánime rechazo de las entidades empresarias.
Bajo la denominación de “Nueva Regulación de las Relaciones de Producción y Consumo”, se trata de una sustitución y modificación de la denominada Ley de Abastecimiento Nº 20.680, sancionada en junio de de 1974 por iniciativa del entonces ministro de Economía del Gobierno peronista, José Berg Gelbard.
Esta norma era una vuelta de tuerca de la legislación que sancionaba el agio y la especulación durante el primer gobierno de Perón y fue siempre severamente cuestionada por los empresarios.
Estos cuestionamientos dieron lugar a lo largo del tiempo a diversos planteos judiciales. Durante el gobierno de Menem, en 1991, cuando se sancionó el Decreto 2.284 (luego convertido en Ley), denominado de desregulación, la Ley de Abastecimiento fue virtualmente derogada.
La Ley es un compendio de los disparates y excesos que el populismo estatista pregona a diario, algo así como que el Estado está en condiciones de obligar “a palos” a que las empresas (de cualquier tamaño y forma) produzcan y trabajen a pérdida.
La Ley abarca la totalidad de las actividades económicas, en todas las etapas, en todos los sectores de actividad, en todo tipo de intercambio, aun aquellas que se realicen a título gratuito.
Es imposible reseñar todo el proyecto, pero a título de ejemplo digamos que la autoridad de aplicación podrá establecer márgenes de utilidad, precios de referencia, niveles máximos y mínimos de precios.
Disponer la continuidad de todo tipo de actividad económica determinando volúmenes de producción y requerir toda documentación del giro comercial.
El capítulo de sanciones es propio de un régimen de terror y puede obligar en horas a la quiebra de una empresa. El broche de oro de esta norma es que, aplicada una multa, no se podrá recurrir si no se la hizo efectiva; los montos de las multas pueden ser extravagantes.
No hace falta reiterar que las inevitables consecuencias de este tipo de normas son el desabastecimiento, la inflación, la peor calidad de los bienes y servicios, los mercados negros. Verdaderamente una muestra de infantilismo y ceguera económica.
