Contrarreloj para evitar una judicialización, el Gobierno nacional afina los números para acercar compensaciones a las provincias por los menores ingresos que tendrán por los cambios en IVA, Ganancias y Monotributo. Pero al mismo tiempo no parece inquietarlo la posibilidad de que finalmente se produzcan las presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia.
La posición al interior del Gobierno respecto de compensar a las provincias las pérdidas en la coparticipación que producirán las medidas proconsumo que empezarán a regir desde setiembre de cara a la elección del 27 de octubre pareciera no ser unánime.
Anteanoche, el nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, sorprendió con declaraciones televisivas en las que descartó de plano cualquier tipo de compensación a las provincias. "No hay recursos previstos de compensación", dijo. Antes defendió las medidas que había tomado su antecesor, Nicolás Dujovne, y que, después de la conmoción político-emocional que le causó la derrota en las PASO, anunció el Presidente.
En ese sentido, y pese a que la vigencia de las medidas será hasta diciembre, es decir hasta que asuma quien resulte electo Presidente, Lacunza insistió en justificarlas por ser “un alivio que la población requiere ante el efecto de la inflación”, que en setiembre y octubre revertirá la tendencia descendiente con la que venía, como consecuencia de la brusca devaluación del lunes que siguió a las PASO.
Sorprendieron las declaraciones del flamante titular del Palacio de Hacienda. Sucede que Lacunza lo dijo horas después de que el secretario y el subsecretario de Relaciones con las Provincias del Ministerio del Interior abrieron un canal de diálogo con las provincias: Alejandro Caldarelli y Paulino Caballero estuvieron reunidos con los ministros de Hacienda provinciales (entre ellos la mendocina Paula Allasino) en la sede de la Comisión Federal de Impuestos. Allí evaluaron distintas posibilidades de compensación a acordar los próximos días según el requerimiento particular de cada provincia y quedaron en continuar las conversaciones con los "números finos" en mano, dijo a este diario una fuente gubernamental.
Ayer, esa misma fuente dijo que están a la espera del cálculo final del impacto que tendrá la suspensión del IVA a los alimentos básicos desde setiembre. El dato estaría disponible en las próximas horas, estimó, de modo de acercar propuestas de compensación específicas, en función de urgencias, como el pago de salarios y el próximo aguinaldo. Aunque el máximo de esas compensaciones sería de 3.228 millones de pesos (0,2% de la coparticipación), monto al que ascendería la caída neta de ingresos provinciales, según los cálculos oficiales.
El puente desde Interior se tendió el miércoles apenas finalizó una reunión de los gobernadores no oficialistas, con la única ausencia del cordobés Juan Schiaretti, representado por su ministro de Hacienda. Allí emitieron un duro documento en el que acuerdan con las medidas porque permitirán alguna mejora en el poder adquisitivo de la población, pero no con que sean financiadas con recursos coparticipables de las provincias (reciben 30% de Ganancias y 89% de IVA). Y anticiparon que si antes del lunes no hay una respuesta de la Rosada, presentaron cada una por su lado pedidos de suspensión (cautelar) ante la Corte.
Oficialistas defienden las medidas
Mientras los gobernadores peronistas están en pie de guerra, las medidas del Gobierno nacional tuvieron nuevos respaldos desde el oficialismo. Así lo hicieron el gobernador de Corrientes, el radical Gustavo Valdés; el compañero de fórmula de Macri en Juntos por el Cambio, el senador Miguel Pichetto; y la Coalición Cívica.
"Estos proyectos fueron propuestos por infinidad de legisladores del Partido Justicialista y están en la plataforma electoral del Frente de Todos", señaló un comunicado de la fuerza que lidera Elisa Carrió, que desconoció que entre los 19 gobernadores que se oponen, muchos de ellos no son peronistas, al sostener: "La hipocresía de los gobernadores del PJ que ahora se oponen va en contra de las necesidades del pueblo de la Nación".
Para Pichetto, las medidas "no afectan el funcionamiento fiscal de las provincias, que recibieron en todos estos años recursos muy importantes".
