El Gobierno argentino intentará hoy sin grandes esperanzas que el Fondo Monetario Internacional (FMI) destrabe el giro de los 5.400 millones de dólares que tendrían que haber llegado al país hace diez días. Todo indica que no habrá respuesta positiva.
La situación genera un grado de incertidumbre en el mercado financiero. Ayer el dólar minorista subió 24 centavos, hasta los $59,32. Y hoy podría haber una mayor presión por el pago de bono del Tesoro atado a la tasa de política monetaria, que en promedio arroja un rendimiento del 70% anual.
Casi la mitad de ese bono, con un vencimiento por 25.000 millones de pesos, está en manos Pimco, la mayor gestora de bonos del mundo que avisó: "La política monetaria está agotada". Eso hizo prever al mercado que esos pesos podrían ir al dólar.
También el indicador S&P Merval cayó ayer 3,02%, hasta los 29.152 puntos. “La Bolsa no levanta. No hay noticias de fuste que permitan vislumbrar, para el corto y mediano plazo, un cambio de tendencia”, analizó Eduardo Fernández, agente de mercados de Rava Bursátil.
Metas fiscales cumplidas
Hernán Lacunza, ministro de Finanzas, y Guido Sandleris, presidente del Banco Central arribaron ayer a Nueva York. Hoy le dirán al FMI que cumplieron con todas las exigencias fiscales y monetarias y pedirán el giro.
Sandleris explicará por qué decidió descongelar la base monetaria y volver a prender la impresora de dinero, algo que no fue consensuado con el Fondo. Pero ya no depende de lo que ellos puedan afirmar.
Y Lacunza detallará el proyecto de ley para el reperfilamiento de 32.500 millones de dólares de deuda. Según pudo saber este diario, en el Fondo generó desconcierto que la semana pasada la calificadora de Fitch dijera que los tenedores deberán aceptar una quita para cobrar y que el Gobierno no lo negara tajantemente.
El presidente Mauricio Macri coincidirá en la ciudad. Estará pocas horas para la Asamblea General de las Naciones Unidas y volverá a Buenos Aires para enfocarse en el comienzo de la campaña.
David Lipton, titular interino del FMI, y el director del Departamento del Hemisferio Occidental, Alejandro Werner, tienen en carpeta otras cuestiones. La primera: la cláusula del "forward looking" (mirando hacia adelante).
Condiciones electorales
El resultado de las elecciones del 27 de octubre dirá con quiénes el FMI tendrá que discutir la continuidad del acuerdo crediticio stand by o de su reemplazo por otro programa. Y la mirada de los funcionarios internacionales está en el kirchnerista Alberto Fernández.
En el Fondo denominan a Fernández como "el duro". Y entienden que, por lo realizado junto a Néstor Kirchner en 2015 y lo anticipado en reuniones ya realizadas, no será fácil hablar con él. Incluso, en el organismo hace ruido la idea del kirchnerismo de hacer una "auditoría" de los endeudamientos contraídos.
En paralelo, las decisiones del directorio del Fondo Monetario se están demorando por un acontecimiento interno. La búlgara Kristalina Georgieva asumirá la dirección gerencial del organismo el 4 de octubre. Y el de la Argentina es un caso especial, porque el país tiene seis de cada diez dólares prestado por el Fondo.
Claudio Loser, ex director del FMI, lo señala sin contemplaciones. "El Fondo esta callado porque hay un desembolso muy grande que tiene cero posibilidades de que ocurra antes de las elecciones". No obstante, descartó cualquier posibilidad de "catástrofe" porque el Banco Central tiene aún 50.000 millones en reservas.
En la misma línea, el economista Gabriel Rubinstein opinó que el desembolso no llegará antes del 27 de octubre. Pero desdramatizó al apuntar si no llegan los 5.400 millones el país no explotará y si lo hacen, tampoco la situación mejorará sobremanera.
En ese sentido, expresó que aún hay disponibles en el Banco Central por 7.200 millones de dólares prestados por el FMI. Aunque, dijo, sería mejor que ese dinero quede disponible para que lo use el próximo gobierno en su arranque.
Ante este panorama fue que el Gobierno oficializó ayer el decreto 661 con el que definió hasta el 31 de diciembre que los reintegros de exportaciones serán gatillados por el Estado una vez que la empresa que lo solicite haya liquidado sus divisas en el mercado cambiario. Es una medida que ciñe aún más el control de cambios sobre el sector productivo nacional.
