El gobierno de Alberto Fernández se puso el objetivo de reactivar la economía dándole un impulso al consumo, sobre todo de los sectores de más bajos ingresos. Para eso se dispuso el pago de un bono para jubilados de la más baja escala y beneficiarios de AUH.
De la misma forma, y en acuerdo con empresarios, se decretó un aumento de $ 4.000 para trabajadores privados que ganen menos de $ 20.000 mensuales, mientras se dispuso un aumento similar para estatales nacionales que cobren hasta $ 60.000 mensuales.
Para financiar estos gastos, el Gobierno consiguió una ley por la cual se incrementaron las retenciones a las exportaciones, se aumentó el impuesto a los bienes personales y a las Ganancias y se impuso un gravamen a las compras de dólares y a las efectuadas en el exterior con tarjetas.
Para conseguir los votos necesarios, el Presidente se congració con los gobernadores, con los cuales acordó interrumpir la vigencia del Pacto Fiscal, por el cual se suspendía el proceso de baja de impuestos provinciales de sellos e ingresos brutos, pero quedaba abierta la posibilidad de que los aumenten.
Todas las medidas, como las suspensiones de incrementos de los precios de muchas tarifas, van enfocadas hacia el objetivo de salir de un proceso enfermizo de indexación, que incluía la indexación en dólares de muchos precios.
No obstante esto, y a pesar de un leve gesto de congelamiento de salarios de funcionarios políticos, no se aprecia en ningún estamento estatal una verdadera vocación por bajar el gasto y que esto permita bajar los impuestos.
El problema más grande está asentado en la actitud de los gobernadores e intendentes que, sin las obligaciones del Pacto Fiscal, se han lanzado casi masivamente a aumentar impuestos y tasas, con lo cual están haciendo crecer los costos de las empresas, fenómeno que se comienza a ver registrado en los precios porque no solo les impacta a las empresa productoras, sino también a distribuidoras, mayoristas, transportistas y minoristas.
Salvo el caso de Mendoza, donde el gobernador Suárez decidió no aumentar los tributos y esto condicionó a los intendentes a no hacerlo bajo el riesgo de generar protestas sociales de importancia, en casi todas las provincias se recurrió a aumentos sin dar ninguna señal de querer bajar los gastos donde la ineficiencia juega un papel fundamental.
Es una vergüenza lo que ocurrió con la discusión de la ley Impositiva en la provincia de Buenos Aires, donde el Gobernador planea incrementos de hasta 75% en el impuesto Inmobiliario, mientras la mayoría de los municipios han dispuestos aumentos entre 50 y 60% en la tasa básica del ABL (alumbrado, barrido y limpieza).
Pero, además, en la mayoría de los municipios subsisten tasas absurdas de abastecimiento, de publicidad y otros inventos solo destinados sufragar un desembolso descontrolado basado en la expansión de las plantas de personal. Muchas de esas tasas han sido declaras inconstitucionales, no obstante lo cual los municipios insisten.
Todos se creen con derecho a meter mano en la economía de las empresas y personas y consideran que su efecto es inocuo. No parecen advertir que cuanta más plata se le saca al sector privado hay menos actividad económica. Cuánto más gasta el Estado hay más pobreza en el sector privado, las empresas no invierten y las personas no pueden comprar. El gasto excesivo del Estado va en contra de una mejora de la productividad, que es la única mejora genuina de la economía. Pero hay que reconocer que estamos frente a un problema serio. Muchas personas piden más gasto al Estado y se entusiasman con las promesas de los políticos, los cuales aprovechan la situación en beneficio propio.
En la medida que la sociedad no les exija a los políticos bajar los gastos y los impuestos, el país seguirá retrocediendo.
