La industria vitivinícola viene con problemas desde 2011, cuando la pérdida de competitividad del tipo de cambio fue afectando las exportaciones de vinos embotellados. Desde ese entonces, comenzaron los problemas que los empresarios trataron de ir corrigiendo de alguna manera.
Empresas que tenían marcas y estructuras de distribución en funcionamiento comenzaron a exportarse a sí mismos vinos a granel para fraccionarlos en mercados de destino, ya sea Estados Unidos o Europa. Otros, directamente, salieron a ofrecer sus vinos a granel a un mercado que aún se mostraba dinámico.
Lo que era claro es que se estaba perdiendo participación en las exportaciones de vinos embotellados de precio base, que son los más masivos. Otras empresas intentaron sacar nuevas líneas con nuevas marcas y más precios a mercados un poco más selectivos. Pero todos peleaban con lo mismo: elevada inflación interna que subía los costos en dólares porque el tipo de cambio se mantenía fijo.
Si bien esto repercutía en el mercado interno, nunca hubo problemas de excedentes, ya que los volúmenes de vinos básicos no se producían porque tenían al mosto como destino.
El mercado del mosto, a su vez, debía lidiar con problemas de oferta y demanda en el mercado global. Aumentos de producción de California y España se encontraban con fuertes incrementos de la elaboración de jugo de manzana en China. Todo esto fue haciendo bajar el precio del jugo concentrado de uvas.
El problema hizo eclosión en 2013, cuando la baja de precios generó quejas de los productores, mientras los elaboradores de mostos se daban cuenta de que habían pagado muy caro el precio de la uva a principios del año. La incógnita era qué podía pasar en 2014.
El principio del problema: una mala regulación
Desde que se generó el acuerdo Mendoza-San Juan en 1994, se consiguió, con un sistema regulatorio, obligar a que una parte de la producción se destinara a producción de mostos. Luego se generó una excepción para los que exportaban.
Anualmente, y con el pronóstico de cosecha del INV en mano más un control de las existencias y siguiendo el ritmo del consumo, los gobiernos de ambas provincias decidían el cupo de mostos que debía elaborarse ese año. Aquellos que no cumplieran, pagaban una multa, cuyo destino era el Fondo Vitivinícola, entidad desde la cual se encaran campañas de promoción del consumo interno.
Pero desde hace tres años algo comenzó a fallar y eran los pronósticos del INV. Dado que la mayoría de los técnicos que elaboran los mismos lo vienen haciendo hace muchos años, es dable pensar que puede estar fallando el método. También en los últimos años, los factores climáticos comenzaron a jugar un rol relevante.
Calores excesivos produjeron mayor deshidratación y un año se contabilizaban menos kilos con la misma cantidad de racimos. En otros casos, golpes de granizo con rebrotes inesperados o ataques de hongos por las lluvias que generaban menos pérdidas de las esperadas.
Están apareciendo fenómenos fenológicos propios de una vid que tiene, naturalmente, una capacidad notable de adaptación.
Ya en 2013, y por problemas del año anterior, el INV suprimió el primer pronóstico de cosecha pero, en lugar de un segundo cálculo, agregó un tercero para ajustar mejor. No obstante, el año pasado también se equivocaron y el resultado fueron 5 millones de quintales más de los calculados. Y ahí saltó el problema.
Con los datos en la mano, decidieron que era un buen momento para estimular el precio del mosto fijando un cupo bajo. Primer error creer que se podía aumentar el precio del mosto en el mercado interno alejado de los valores del mercado internacional. La realidad fue que se exportaron 120.000 toneladas de mosto pero el precio no aumentó.
Y en el caso del vino, subió la producción de todos los tipos, pero el problema de los excedentes se da en el blanco escurrido, un vino que todos saben que no tiene mercado pero igual lo elaboran para que el gobierno los subsidie.
Soluciones que no solucionan
Desde mitad de año, los productores vienen pidiendo que el gobierno compre los excedentes de blanco escurrido (calculado en 200 millones de litros) a precio de mercado normal, para lo cual quieren que se destine $ 500 millones. El gobierno había propuesto sacar un bono 8 (el TIVI) con el objeto de financiar esta operatoria pero no fue autorizado por la Legislatura.
La respuesta del gobierno fue la peor y es fruto de funcionarios que se quieren sacar el problema de encima para evitar una manifestación pero demostrando un desconocimiento profundo de la industria y del negocio.
Al final, tiene que sacar el año antes de entregar poder pero el ministro de Agroindustria, Marcelo Costa, quien urdió las medidas, quiere ser gobernador, lo que sería una mala noticia para la industria por el desconocimiento que el funcionario muestra.
Para Costa todo el problema es que hay fraccionadores grandes que en forma maligna se aprovechan de pobres productores y les pagan malos precios para poder fundirlos. En el negocio del vino básico hay solo tres fraccionadores que mueven el negocio: Fecovita, RPB y Peñaflor.
La solución pergeñada por Costa consiste en bloquear el 30% del vino en stock, o sea, cualquiera, ya sea blanco escurrido o malbec. El sueño es que el tomador de malbec, en un momento, ante la falta de oferta, se vea obligado a tomar blanco escurrido.
Es una opción tan delirante como la intervención del mercado de carnes con los pollos de Mazzorín, en el gobierno de Raúl Alfonsín.
Por otra parte, se proponen obligar hacer un 37% de mosto en Mendoza y un 40% en San Juan y, seguramente, comprarán uvas con la idea de subir los precios. Nadie sabe de dónde sacarán los recursos, cuando le deben $ 850 millones a los proveedores, sobre todo de salud, educación y obras públicas.
Pero el mercado actúa con el principio de acción y reacción y los bodegueros dijeron: “si me bloquean el 30% de los vinos, bajarán los precios de las uvas”, con lo cual Costa deberá imaginar una nueva distorsión para corregir la distorsión original.
La reacción no se hizo esperar (ver página 5) porque, además, el ministro justificó la decisión argumentando que el acuerdo entra ambas provincias no había mejorado el precio del vino, a lo cual las entidades le salieron con los tapones de punta desmintiendo al desinformado funcionario.
Lo cierto es que estas medidas de bloqueos ya se aplicaron en la década de los `70 y ‘80 y fracasaron tanto que se perdieron 120.000 hectáreas de producción.
Pero no conforme con esto, Costa agregó un nuevo desatino prometiendo una prohibición para implantar nuevos viñedos y esto demuestra que no conoce ni el negocio ni los ciclos económicos ni las tendencias del mercado.
La industria, en no mucho tiempo, recuperará, como siempre hizo, condiciones de competitividad y ahí se verá la necesidad de contar con más hectáreas plantadas con uvas de calidad, pero no se puede retrasar a la industria para bancar a productores que elaboran vinos que no tienen mercado.
La industria debe crecer, pero necesita condiciones estables, entre ellas, que no haya inflación y tener una situación cambiaria estable para poder generar negocios a largo plazo. Pero estas condiciones dependen de la política nacional y es algo contra lo cual jamás dirán nada ni el gobernador, Francisco Pérez ni este ministro por su obsecuencia consuetudinaria.
Por Rodolfo Cavagnaro - Especial para Los Andes - cavagnaro@arlinkbbt.com.ar
