Lo ocurrido en la vitivinicultura de los últimos 5 años nos interpela a todos los que estamos vinculados directa o indirectamente a la producción de vinos. El desafío de recuperar competitividad requiere de esfuerzos conjuntos. El sector público tiene mucho que aportar y es por ello que estamos trabajando, el Gobierno provincial y los legisladores mendocinos, para pedir a los gobernantes por menores impuestos, mejor infraestructura, menos burocracia, más apertura al mundo y un acuerdo de competitividad como el que ya han firmado otros sectores. Estamos confiados en que este camino tendrá resultados en el corto plazo.
Pero será el sector privado el que deberá motorizar la mejora desde sus empresas con innovación y gestión. No es en el enfrentamiento entre productores y bodegueros donde encontraremos la solución. Por ello estamos avanzando con el Gobierno nacional en acuerdos de competitividad que miren todas las aristas y que permitan volver a generar condiciones de inversión y empleo en un sector que demostró su capacidad de crecer.
Hasta 2011 la vitivinicultura argentina creció de la mano de las inversiones y la exportación, casi una prueba piloto de lo que hoy pretende la política macroeconómica nacional para salir de años de estancamiento. Fue un proceso en el que las reglas de juego y un contexto favorable colocaron nuestros vinos en los más exigentes mercados mundiales y en el doméstico hubo una transformación hacia el consumo de vinos de mayor calidad y precio.
En estos 5 años, con inflación y un tipo de cambio que no siguió el mismo ritmo, el sector disminuyó sus ventas y transitó un proceso muy duro para todos los integrantes de la cadena vitivinícola: productores, proveedores y elaboradores. En tanto, el mercado global no se quedó quieto y todos nuestros competidores mejoraron. Aquí, sólo algunas bodegas pudieron adaptarse a esos cambios mientras que la mayoría trató de permanecer a la espera de mejores tiempos. El ritmo de inversión ni siquiera alcanzó para reponer el stock depreciado. Se perdieron más de mil empleos industriales, los precios de la materia prima llegaron a mínimos -muy por debajo de la subsistencia productiva- y las bodegas resignaron casi 4 millones de cajas de exportación; además de la caída del mercado interno. Esto le pasó a un sector que había mostrado un dinamismo como pocos en nuestro país.
Algunos ejemplos de políticas públicas que estamos solicitando bastan para mostrarlo: los costos logísticos son elevadísimos comparados con los de competidores internacionales y allí hace falta infraestructura, menores impuestos y desregulaciones para disminuirlos. Debemos avanzar en negociaciones internacionales. Chile es un buen ejemplo ya que ha crecido gracias a su constante política de acuerdos de libre comercio. Otros países como Australia y Nueva Zelanda van en la misma dirección mientras nuestro país sólo tiene un acuerdo con el Mercosur. Por último, la pesada carga de un sector público que debe sostenerse con elevados impuestos nos hace perder competitividad en el mundo.
No todo es sector público
El Plan Estratégico Vitivinícola acordado hace más de una década con aportes de fondos del sector privado debe volver a escribirse. Todos los empresarios saben que deben revisar sus planes año tras año. Los cambios tecnológicos, las conductas de los consumidores y las innovaciones que introducen los competidores, obligan a hacerlo por el riesgo de quedarse fuera del mercado. Los escasos fondos que recauda el sector deben ser utilizados donde más cooperen con la modernización y expansión del rubro. Lo mismo que pasa en nuestras empresas, no nos podemos permitir más dilaciones.
El Acuerdo Mendoza-San Juan
Otro ejemplo de la necesidad de cambios es el Acuerdo Mendoza-San Juan, que tiene más de 20 años. Se debe discutir la eficiencia global del instrumento y dejar de arreglarlo con parches. Quizás lo más importante de lo firmado recientemente entre los gobernadores Cornejo y Uñac sea el artículo donde los gobiernos se obligan este año a revisar el Acuerdo. No hace falta un meticuloso repaso de cifras para advertir que el sector hace 20 años recién comenzaba a exportar, que se sumaron más de 75 mil hectáreas de uvas que mejoraron la calidad de los vinos, que llegaron inversiones de distintos lugares, que se extendió la tecnología en toda la cadena vitivinícola, que el malbec se convirtió en la estrella y que explotó el mercado de los espumantes en Argentina. Está claro que ese acuerdo ha quedado obsoleto y que su revisión es ineludible.
Cada día que perdemos en la modernización de la industria hay espacios de góndolas que ocupan nuestros competidores u otras bebidas sustitutas. Las consecuencias de no cambiar sólo serán una mayor concentración del sector en aquellas empresas con más capacidad financiera para jugar el partido de la modernidad y la desaparición cruenta de pequeñas empresas y productores sin capacidad de reinsertarse en otros negocios.
