Rodolfo Cavagnaro - Especial para Los Andes
La industria vitivinícola viene de dos períodos muy claros en las últimas tres décadas. La primera comenzó a fines de los ‘80 y principios de los ‘90, cuando comienzan a dar frutos ciertos intercambios de conocimientos y se descubre la potencialidad que tenían nuestras uvas para producir vinos de alta calidad.
Aprovechando las ventajas de la convertibilidad se hizo un proceso de renovación tecnológica mientras se hizo un proceso de actualización en la forma de conducir los viñedos, la forma de adecuar los cultivos y las prácticas culturales. Esto permitió obtener una mejora notable en la calidad de los vinos y las incursiones en los mercados mundiales comenzaron a ser exitosas.
Sobre fines de los ‘90, el atraso cambiario complicó el comercio exterior, pero luego de la maxi devaluación de 2001 se recuperó competitividad y, además, siguió creciendo la calidad de los productos y se alcanzaron volúmenes récord de exportaciones. A partir de 2010, inflación mediante, el gobierno decidió usar la paridad cambiaria como ancla anti inflacionaria y nuevamente volvieron los problemas.
A partir de ese momento se comenzaron a vivir sucesos de pérdida progresiva de mercados sin que se tomaran medidas, pese a algunos reclamos puntuales. Muchos actores de la industria suponían que era mejor no reclamar muy fuerte para no enojar al gobierno y, de paso, recibir aportes.
Por ese entonces se había comenzado a perder mercado en los vinos de franjas bajas de precio, que representaban el mayor volumen. No obstante, se reemplazó por exportaciones de vinos a granel, aunque sin valor agregado.
En el medio hubo una explosión de vinos blancos aromáticos y una mala cosecha de España que permitían disfrazar una crisis clara que se profundizaba día a día pero que se soportaba con algunos anestésicos y otros anabólicos.
Solo las bodegas más grandes pudieron sostener mercados aunque perdieron volumen mientras la mayoría no pudo afrontar el crecimiento de costos y se volcaron al mercado interno, donde hay una superpoblación de marcas.
Otro mercado que se dio vuelta en forma violenta fue el del mosto, ya que luego de varios años buenos, los precios en dólares cayeron por la mayor presencia de mostos de España y California y jugos concentrados de manzana, fundamentalmente de China.
La crisis se ha visto reflejada en los precios pagados a los productores, que están casi estancados en los valores de hace tres años, mientras los precios, en el mercado interno, han crecido, pero a un ritmo menor que la inflación. Esta menor actualización permitió aumentar el volumen ya que por primera vez, en muchos años, los precios de la cerveza y otros sustitutos crecieron mucho más.
Ante la situación, muchas asociaciones de productores piden distintas medidas que lo único que consiguen es aumentar las distorsiones sin solucionar el problema ya que lo que hacen es agregar costos en lugar de mejorar la situación de mercado.
Otro elemento que no suele tenerse en cuenta ha sido el avance del Estado y la voracidad fiscal expresada en impuestos, tasas y regulaciones de todo tipo que se van acumulando a los costos de intermediación.
Dado que muchos no se pueden trasladar al precio final, se comienza a recorrer la escalera hacia abajo y el único insumo flexible es el vino de traslado, que es el que sufre las consecuencias, y los productores, por supuesto.
El fondo compensador
En estos días resurgió la idea de crear un Fondo compensador, una especie de fondo anticíclico, que aspira a tener unos 200 millones de pesos en forma permanente para intervenir en los mercados en caso de desequilibrios que perjudiquen a la oferta, pero el problema es como fondearlo.
Los autores de la iniciativa son el titular del INV, Guillermo García y los diputados nacionales Guillermo Carmona y Anabel Fernández Sagasti y piensan que la mejor manera de fondear es mediante el cobro de una tasa a las cadenas de supermercados por entender que "se llevan la renta más abultada de la comercialización del vino y en definitiva son quienes distorsionan el precio del vino", según un informe publicado el domingo pasado en Los Andes.
En principio, la simple comparación del precio pagado al productor y el que paga el consumidor no refleja nada más que una serie de distorsiones metidas en el medio entre las cuales los impuestos nacionales y provinciales se llevan más del 50% del precio final.
Además, crear un Fondo Anticíclico en estos momentos no es aconsejable porque la inflación termina licuando dichos fondos y salvo que se cree un Fideicomiso formal, el riesgo de utilización de recursos para otro destino es totalmente viable.
Esto ha ocurrido con la devolución de las retenciones a las exportaciones que Mendoza no ha podido recobrar en los últimos dos años porque no ha rendido los años anteriores. Es que estos fondos debían destinarse a los pequeños productores y la provincia los usó para otros destinos, según reveló a Radio Mitre Mendoza la empresaria Susana Balbo, actual candidata a diputada nacional por el Frente Cambiemos.
Por otra parte, y conociendo cómo se maneja la comercialización, es seguro que esa tasa se transformará en un impuesto y los supermercados no pueden trasladarla a los consumidores, por lo que se la cobrarán a las bodegas. Dado que éstas no tienen muchos insumos flexibles a los precios, terminarán afectando el precio del vino.
Esa tasa, si se crea, en lugar de permitir mejorar el precio percibido por el productor terminará afectándolo y haciendo que su producto baje más, por lo que sería razonable buscar mecanismos menos distorsivos. Uno de ellos sería exigirle al gobierno provincial que rinda los fondos percibidos para que pueda percibir los pendientes para asistir a los productores.
Otra medida idónea sería exigir al Gobierno nacional que tome medidas para contener y detener el proceso inflacionario que afecta la competitividad de las exportaciones y los costos internos. La industria está plagada de distorsiones. No hay que aumentarlas sino disminuirlas.
