Crean una fiscalía especial para los casos de violencia de género

Es en respuesta al incremento de femicidios y denuncias de maltrato a la mujer registrados en la provincia.

Crean una fiscalía especial para los casos   de violencia de género

Ayer fue inaugurada la Fiscalía de Violencia de Género que comenzará a funcionar el lunes en el Palacio Judicial. La integran especialistas con perspectiva de género y su apertura fue bien recibida por especialistas en la materia. Funcionará las 24 horas, todo el año.

En el acto oficial participaron el gobernador, Alfredo Cornejo; la vicegobernadora, Laura Montero, y el procurador de la Corte, Alejandro Gullé. La apertura de esta unidad fiscal surge como respuesta de la Justicia a la gran cantidad de femicidios y el aumento de las denuncias por violencia de género.

Si bien es un notable avance, hay dos aspectos que hacen aún más importante: está integrada por profesionales que eligieron estar ahí y funcionará las 24 horas, todo el año.

"Tengo entendido que Gullé convocó al personal dentro del Poder Judicial que quisiera trabajar en esa área", remarcó Carolina Jacky, reconocida abogada especializada en género. Asimismo, dejó en claro que confía en el grupo de fiscales a cargo (Fernando Giunta, Mónica Fernández Poblet, Mónica Romero y Mariana Pedot) y en la "sensibilidad especial" de los profesionales que integrarán el cuerpo (psicólogos, psiquiatras, etc.).

Por su parte, Silvina Anfuso, titular de la Dirección de Género y Diversidad, aseguró compartir la visión de la letrada respecto a la importancia de que integren la unidad fiscal personas que quieran ser parte: "Quienes tomamos estos temas es porque tenemos un compromiso que va más allá de lo laboral".

Inclusive, destacó el hecho de que el procurador general  consulte a los especialistas en la materia porque "se necesita una mirada más afinada" a la hora de tomar decisiones. "Lo ideal sería que esta mirada con perspectiva de género la tengan en todas las fiscalías", agregó.

Qué cambia

La decisión de que la fiscalía funcione todo el año y todo el día es fundamental porque queda fuera de la feria judicial, que sí se sigue aplicando en otras áreas de la Justicia y constituye el normal funcionamiento del sistema.

Frente a esto, Anfuso consideró que se brinda también un mensaje, porque "el flagelo de la violencia de género no se toma vacaciones y las instituciones tampoco deben tomárselas".

Con respecto a los cambios desde el funcionamiento de la Justicia, la existencia de fiscales especializados permitirá que los mecanismos trabajen de manera más aceitada y eficiente.

"Hasta ahora habían muchos roces entre los patrocinadores y los fiscales", reconoció Jacky, quien a su vez consideró que es un "buen primer paso" dado por Gullé.

No obstante, la abogada fue prudente al decir que "hay que ver si ese paso es acompañado por la Corte, que tiene el deber de capacitar a sus jueces y de velar por que ellos cumplan con las leyes".

Durante la inauguración, Cornejo dio un claro mensaje en ese sentido: "La Corte debe ejercer su poder de gestión para que los tribunales de familia sean más ágiles y también tengan un funcionamiento expedito las 24 horas".

Aprendizaje

El tema de violencia de género es una materia bastante nueva dentro del sistema jurídico, por lo que ambas especialistas se manifestaron cautas respecto al funcionamiento que tendrá la fiscalía, adelantando que es muy probable que haya muchas cosas para corregir y mejorar.

"Seguro va a tener algunos tropiezos, porque somos una de las primeras provincias en aplicar esta ley. Para mí va a ser una prueba piloto, con sus marchas y contramarchas", manifestó la abogada.

En cuanto a la creación de protocolos en la materia, destacó la importancia de seguirlos, "pero atendiendo siempre a la ley" que les sirve de fundamento.

Por su lado, Anfuso consideró que hasta el momento "lo van resolviendo bien", pero recordando la importancia de que los casos de violencia de género "salgan de la órbita privada y pasen a ser de orden público".

Últimos casos resonantes

A fines de setiembre Mendoza se horrorizaba con los femicidios de Janet Zapata (29), Julieta González (21) y Ayelén Arroyo (19), todas madres de niños pequeños.

Por el crimen de la primera está detenida su pareja (Damián Minati), además de otros dos hombres. En el caso de González, el único acusado es Andrés Di Césare, quien está detenido.

Respecto a Arroyo, el padre de la joven (Roque Arroyo) fue imputado por su muerte y la fiscalía cerró las pesquisas y solicitó su elevación a juicio.

El domingo 23 de octubre Mendoza despertaba con la noticia del femicidio de tres mujeres en el barrio Trapiche de Godoy Cruz. El único imputado es Daniel Zalazar, quien habría terminado con la vida de su ex pareja, Lorena Arias (con quien tenía una bebé que no reconoció); la tía de ella, Marta Susana Ortiz, y la abuela, Vicenta Díaz de Ortiz. Además, dejó gravemente herida a la bebé, de 10 meses, y a otro hijo de Lorena de 8 años.

A mediados del mes pasado, también un domingo, Rubén Giacchi renunciaba como ministro de Salud de la Provincia, tras ser denunciado por violencia de género por su ex pareja, Laura García. A fines del mismo mes, el presidente de la Bicameral de Seguridad de Mendoza, Mario Díaz, recibió una denuncia por parte de su ex esposa, Gabriela Noé, por amenaza de muerte.

Gullé: "Los rugbiers no tienen privilegios"

El procurador de la Corte, Alejandro Gullé, dijo que los rugbiers acusados de abuso de una chica en una fiesta en Chacras de Coria "no tienen privilegios" en la Justicia local.

Aseguró que los 6 deportistas imputados "no están presos porque no hay pruebas objetivas" pero que si "tienen que ir presos irán". "Si estos chicos -así llamó a los imputados- son culpables van a ir presos. Y si son inocentes van a quedar libres. Esto va a ocurrir si hay marcha o si no hay marcha", sostuvo Gullé en referencia a la marcha por pedido de justicia que se está organizando para el próximo 7 de febrero en Peatonal y San Martín.

"Se habla de trato desigual porque luego de declarar cuatro rugbiers bajaron por el ascensor de magistrados. La Policía desvió a algunos y los metió por ahí pero sin que existiera ninguna orden de la unidad fiscal", justificó el funcionario.

Y agregó: "Hay una denuncia que genera una calificación, pero tenemos que justificar la calificación con elementos objetivos de prueba, como las pericias o las pruebas de ADN".

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