La controversia por las detenciones de exfuncionarios kirchneristas condenados o procesados por hechos de corrupción se ha instalado en el seno de la gestión que encabeza el presidente Alberto Fernández.
Un tema espinoso, que parece haber superado los postulados del Código Procesal Penal de la Nación, para pasar a dirimirse en medio de interpretaciones interesadas y chicanas políticas.
Las aguas se agitaron cuando días atrás el canciller Felipe Solá relativizó el rango de “presos políticos” que agita el núcleo duro del kirchnerismo. Dijo que las detenciones son decisiones del Poder Judicial. Con ello coincidieron el propio Presidente y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
La reacción inflamada por estos comentarios tuvo como punta de lanza al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, en cuyo prontuario se anota una condena por la tragedia de Once y un procesamiento con prisión preventiva en la causa Río Turbio, en la que se investiga un perjuicio para el Estado por unos 176 millones de pesos.
Es cierto que en causas por hechos de presunta corrupción perpetrados durante las gestiones de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández se examinan prisiones preventivas que pueden haber excedido los plazos legales.
Pero por ello no deja de ser atinada aquella descripción en el sentido de que en la Argentina no hay presos políticos, sino “políticos presos”. Una diferencia conceptual, donde confrontan la biblioteca garantista y la de mano dura.
Sin embargo, más allá del sentido común y de las posiciones divergentes, habrá que coincidir en que sería temerario en un Estado de derecho que un gobernante se arrogue la facultad de encarcelar a dirigentes opositores vulnerando el rol indelegable de los tribunales.
Durante la dictadura que asoló al país entre 1976 y 1983, las cárceles argentinas fueron abarrotadas de presos políticos. Dirigentes de todo orden que, sin el debido proceso ni el derecho a defensa, eran puestos a disposición del PEN (Poder Ejecutivo Nacional).
Sobre los que hoy pesan condenas y procesamientos, por haber presuntamente infringido las reglas de ética y de transparencia en el ejercicio de la función pública, deben ponderarse las diferencias.
Sin restar por ello el desmérito de la Justicia por su parsimonia en resolver expedientes que llevan años de trámite.
Aquellos que ventilaban la consiga “una Navidad sin presos políticos”, arropados por el triunfo de Alberto Fernández en las elecciones de octubre, se sienten defraudados. Hubiera sido un despropósito mayúsculo y una bofetada a la sociedad. El nuevo gobierno debe guiarse por los caminos legales antes que agitar discusiones riesgosas.
Lamentablemente, el uso indiscriminado de una lógica del “relato” que suele servir lo mismo para un fregado que para un barrido, está tratando de subvertir los términos idiomáticos y las interpretaciones elementales de la realidad, pretendiendo hacer creer que los que tienen cuentas con la justicia en lo relacionado a delitos cometidos desde la actividad política, son víctimas de un sistema que los acusa y condena injustamente porque lo hace por sus ideas y no por sus acciones.
Pero la realidad es que no existe una sola evidencia de que ello haya sido así. Puede haber habido exceso de prisiones preventivas dentro de lo que son lógicas diferencias de interpretación de los códigos penales y hasta quizá errores de procedimientos, como ocurre inevitablemente en cualquier proceder humano, pero creer que personajes como Amado Boudou, Lázaro Baez o José López son perseguidos por razones políticas es una desmesura que no cree nadie, que no puede creer nadie.
