Los argentinos estamos observando en los primeros meses de este año una intensa actividad de la Justicia, básicamente en causas relacionadas con hechos de corrupción vinculados con la política y la función pública. La pista son hechos denunciados a lo largo de los años pero que, en la mayoría de los casos por presiones del poder político anterior, tuvieron un trámite lento o directamente nulo en los ámbitos tribunalicios.
Los principales protagonistas de esta singular avanzada son jueces del fuero penal federal. Las investigaciones no sólo incluyen a personajes fundamentales de los más de diez años de hegemonía política kirchnerista sino que, incluso, involucran en algunos casos a las actuales autoridades, con el presidente Macri a la cabeza.
En un reciente artículo publicado en un medio escrito de Buenos Aires, el sociólogo Kevin Lehmann reflexiona: “Que algunos jueces se muestren ahora hiperactivos contra la corrupción no es lo opuesto a que hayan estado pasivos en el pasado reciente: son dos momentos de la misma sensibilidad a la distribución del poder”.
Una interesante reflexión que puede estar expresando una clara definición: estos jueces antes no estaban a favor del delito pero permanecían callados por temor a la represalia política; ahora sienten que pueden ejercer libremente el poder que, como integrantes de la Justicia, les otorga la norma constitucional.
El tema no es menor. El Judicial es, dentro de la organización del gobierno del país que marca la Constitución, el poder que debe gozar de plena independencia de los dos restantes, que son necesariamente políticos por las obligaciones con las que deben cumplir.
La influencia política sobre los jueces no debería ser tal a pesar de que necesariamente les compete al Ejecutivo y al Legislativo la facultad de su nominación y del control de sus funciones. Una cosa es desde la política proponer, designar y hasta evaluar a los magistrados por sus acciones o conducta y otra muy distinta es influir sobre el desempeño de los mismos por meros intereses sectoriales o por el erróneo criterio de la pertenencia ideológica. Éste fue el gran daño que el kirchnerismo impuso a la Justicia con la conformación de cuadros judiciales adictos.
El juez debe desempeñarse en forma independiente y esa prescindencia de toda influencia de los otros poderes del Estado debe aplicarse también a la total libertad para ejercer la magistratura, ante aprietes que también frecuentemente son realizados desde intereses económicos y mediáticos, en algunos casos en sintonía con la política de turno.
Tal vez el mayor logro que puede llegar a mostrar la actual gestión presidencial sea, al cabo de cuatro años, haber devuelto al país la posibilidad de tener una Justicia que sea legítimamente independiente de todo interés político o sectorial.
