José Luis Toso - jtoso@losandes.com.ar
No fue una semana sencilla para el Gobierno provincial. La tensión en los ámbitos político y judicial a partir de la nominación del juez Valerio para la Suprema Corte posiblemente haya generado al gobernador Cornejo más repercusión que la esperada, a juzgar por sus apreciaciones en los contactos con periodistas.
El Gobernador no sólo apuntaló a José Valerio pese a todas las críticas en su contra, sino que invitó a la ciudadanía, muy especialmente -dijo- a los familiares de víctimas del delito, a participar de la audiencia pública que deberá sortear el postulante como paso previo al debate y votación de sus antecedentes en el Senado. Aprovechó para salir a fijar posición ante la insistencia de sectores que pretendían una mujer para remplazar al doctor Salvini, argumentando que el modelo de juez que busca y promueve es el de Valerio y que si hubiera hallado en el campo del derecho local una mujer de esas características, la hubiera promocionado, sin lugar a dudas.
Viene sosteniendo el jefe del Ejecutivo que, en realidad, la resistencia al juez propuesto parte de un “grupo ideológico” del Poder Judicial, con peso en el ámbito penal, que se formó al amparo del juez Omar Palermo y que ahora quiere hacer ver en Valerio a un exponente de excesiva mano dura. Sin embargo, según el Gobernador, lo que buscan esconder es la posibilidad de debatir el criterio de persecución y detención en acciones delictivas que debe tener la provincia.
Otro asunto que incomodó al Gobierno fue el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que criticó la nueva legislación sobre prisiones preventivas gestada por el actual gobierno. Fue el asunto que motivó al titular del Poder Ejecutivo a subir la apuesta en su pelea a capa y espada por la consolidación de su programa de seguridad y lo llevó a acusar públicamente a dicho organismo de estar influenciado en sus evaluaciones y toma de decisiones por personalidades jurídicas y periodísticas vinculadas al kirchnerismo.
Cornejo quiere erradicar la imagen de gobernadores anteriores que padecieron el problema de la inseguridad por errores de gestión, falta de capacitación de la fuerza policial o por apuntar a promesas electorales inviables en la práctica. Se considera un observador y, además, un protagonista del hasta ahora fallido combate contra el delito por su trayectoria de más de 20 años en la política local y muy especialmente como ministro de Seguridad de Cobos y también como intendente de Godoy Cruz, ya que siempre al frente de una comuna el reclamo vecinal lleva a la inevitable búsqueda de paliativos dentro de los límites que imponen los alcances de la incumbencia municipal.
Considera que durante muchos años todos los actores institucionales del combate contra el delito terminaron siendo juzgados socialmente por culpa de sus propias improvisaciones. Dice el mandatario a sus íntimos que pocas veces hubo reformas de fondo concretas, tal vez sólo parciales, una suerte de “bombas de humo” para salir del paso cada vez que un hecho de inseguridad conmocionaba a la sociedad y generaba reacciones de todo tipo.
Apuesta Cornejo a la eficiencia de la Justicia en todos sus ámbitos de acción y remarca sin dudar que las detenciones son importantes y necesarias para permitir que un caso delictivo se resuelva como corresponde en el ámbito judicial.
En medio de esta marejada, reconocen en el oficialismo que estas innovaciones, si son bien instrumentadas, solamente darán resultados más adelante. “Pero había que arrancar, poner en marcha las innovaciones y ver los resultados”, enfatiza el Gobernador a sus colaboradores en medio de la turbulencia de los últimos días.
Por otra parte, Cornejo cree saber bien qué territorio invadir si lo que realmente pretende es terminar demoliendo resistencias en el ámbito tribunalicio, como ya lo hizo en parte con los gremios estatales y también con la oposición en la Legislatura al mantener una buena relación con los intendentes de todo signo político basada en los números y las cuentas públicas.
Sin embargo, la expedición no se presenta muy sencilla según el sentir de los propios integrantes del Poder Judicial. Uno de los más prestigiosos profesionales del derecho de nuestro medio, el juez Alejandro Pérez Hualde, si bien reconoce (ver página 4A) el “grande y legítimo consenso” que las actuales autoridades provinciales poseen para atacar el problema de la inseguridad con el énfasis que le pone la actual gestión, alerta sobre sus consecuencias, en especial “el riesgo de repartir en forma injusta el costo de la política de seguridad” ante la necesidad de una pronta respuesta a la demanda social.
El doctor Pérez Hualde llama en ese artículo a sus pares, los jueces, a aportar “serenidad y equilibrio” y ponerse a resguardo de “la política que opina y exige dureza demasiado cerca del límite del respeto a la independencia constitucional de los jueces”.
La nominación del juez Valerio, que hace trascender la preocupación judicial que describe Pérez Hualde y lleva de un modo no habitual a los senadores a tomar pública posición de cómo votarán, sin duda puede abrir un nuevo capítulo en la relación de poderes en la provincia.
De no mediar imprevistos, el cornejismo contará con los votos para imponer al nuevo miembro de la Suprema Corte. Y si efectivamente Valerio accede a ese cargo, todas las miradas estarán puestas en las disputas que las notorias diferencias sobre la visión del Derecho existirán en ese ámbito. No en vano el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, fue uno de los primeros en salir a apoyar al candidato cornejista para el Máximo Tribunal indicando que “el Gobernador ha decidido poner otra visión a un tribunal que parecía tener una postura monolítica”.
Cornejo exige jueces que respondan a la demanda de mano firme contra la inseguridad que reclama en forma abrumadora la ciudadanía. Pero también está visto que habrá resistencia judicial a todo intento de injerencia política sobre cómo proceder.
