Lejos de alcanzar la paz y de buscar más acercamientos que discusiones, el Justicialismo y la UCR se disponen a reeditar una ya tradicional disputa sobre uno de los puntos más controversiales desde que Francisco Pérez asumió la Gobernación: la reforma de la Constitución provincial.
Es que tras la escandalosa votación que el martes pasado dejó como saldo la derrota del oficialismo en la pretensión de que Miriam Gallardo se transformara en ministra de la Suprema Corte de Justicia, el radicalismo se apronta a promover una modificación del artículo 83 de la Carta Magna, con la idea de que el voto de los legisladores en estos casos deje de ser secreto para transformarse en “nominal” ( y por ende pública), situación que desde el Gobierno no están dispuestos a aceptar, no tanto por disentir de la idea sino porque aún sigue abierta la herida que dejó la durísima discusión de hace dos años, cuando Pérez era el que impulsaba las modificaciones.
En esta oportunidad, y a través de distintos voceros, incluido el propio Alfredo Cornejo, principal detractor de aquella inidicativa oficial de 2012 y 2013, los radicales han anunciado que buscarán que se cambie ese artículo que regla las votaciones de los senadores en los casos en los que se debe nombrar a un integrante de un organismo “fundamental”, como lo son la Suprema Corte, la Fiscalía de Estado o el Tribunal de Cuentas.
Por eso es posible que, mañana, el senador Juan Carlos Jaliff, vicepresidente de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC) pida que se trate un proyecto que él mismo presentó el 30 de junio de 2010 pero que considera oportuno rediscutir ahora. “Una alternativa es pedir este martes que el proyecto tenga preferencia con despacho por comisión”, avisó Jaliff.
Sin embargo, y más allá de que, según los radicales, “el vicegobernador Ciurca estaría dispuesto a estudiar la propuesta”, en el Gobierno no se entusiasman con el tema y, por el contrario, se ofuscan.
“Con esto vuelve la contradicción radical una vez más”, lanzó el ministro Legal y Técnico, Francisco García Ibáñez, recordando que cuando el PJ quiso hacer modificaciones “ellos no quisieron, pero ahora lo quieren porque no les conviene la situación”.
El ministro se refirió así a aquellas interminables discusiones en las que la UCR criticó con dureza la idea de que se promoviera la reelección del gobernador. “En aquel tiempo les dijimos que revisaran lo que consideraran necesario y ellos no quisieron saber nada”, resaltó el funcionario que centralizó la contradicción en Cornejo.
“Fue él quien no quiso, porque hubo otros radicales que sí estaban dispuestos”, criticó, acusando el “oportunismo que responde a intereses puramente políticos” del godoicruceño, precandidato a gobernar la provincia.
De todos modos García Ibáñez no se mostró absolutamente en contra de la idea. “No decimos que el actual sistema sea el mejor”, señaló, pero sí justificó la actual negativa: “No podemos aprobar ni siquiera el Presupuesto, menos ponernos a entrar en esta discusión”.
Trámite abreviado
Más allá de cualquier posible controversia, Jaliff se entusiasma con que en breve pueda darse esta modificación. "Si nos ponemos de acuerdo con el PJ, en 15 días podemos sacar la ley", destacó el autor del proyecto.
Así, según su visión, cerca del 25 de abril se estaría en condiciones de votar la enmienda en la Legislatura “y llamar a referéndum de la sociedad en la elección del 21 de junio”, para después, “ya con un nuevo gobernador electo, “Pérez pueda enviar el pliego de un nuevo postulante a la Suprema Corte”.
Es cierto que Pérez ha dicho que respetará los 30 días que la Constitución exige para mandar ese nuevo pliego, pero el radical también responde a eso. “Él habla de cumplir ese plazo, cuando viola el que impone la ley 6.561 que obliga al Ejecutivo a enviar dentro de los 60 días los aspirantes a las magistraturas que están vacantes”, dijo.
Así se modifica
Promueven cambios de distintos artículos de la Constitución local. El 219 los plantea y el 220 dice que las Cámaras legislativas o el Poder Ejecutivo pueden impulsar modificaciones, “pero la ley que declare la necesidad de la reforma deberá ser sancionada por dos tercios de los miembros de cada Cámara y no podrá ser vetada”.
El artículo 221 exige que cualquier variación votada en la Legislatura debe someterse a decisión del pueblo y plantea “que en la próxima elección de diputados, se vote (...) en pro o en contra de la convocatoria de una Convención Constituyente”. Esto debería pasar el 21 de junio si el proyecto de Jaliff prospera.
