El titular del radicalismo, Ernesto Sanz, reclamó al vicepresidente Amado Boudou que dé un paso al costado tras su procesamiento dictado por el juez Ariel Lijo en la causa Ciccone, en tanto advirtió que la presidenta Cristina Fernández “es responsable política” de esta nueva situación.
“Tiene que dar un paso al costado, sin duda. Pedir licencia hasta que la Justicia resuelva definitivamente”, afirmó Sanz al canal de TV por cable Todo Noticias, y estimó que “ya no es una decisión de Boudou, el Gobierno tiene que tomarla. No hay otra salida”.
Sanz consideró “una buena noticia” para la Justicia la decisión del magistrado y en ese sentido estimó que “habla de que el Poder Judicial está vivo en la Argentina”. En cuanto a la jefa del Estado, el senador recordó que “ella fue la que lo eligió” y por lo tanto, “como Presidenta, políticamente es responsable de esa situación”.
Finalmente, el legislador destacó que “es la primera vez en la historia de la República Argentina que se procesa a un vicepresidente, y uno de los pocos casos de un funcionario en funciones”.
En tanto, el vicepresidente del bloque de Diputados de la UCR, Miguel Bazze, advirtió que el procesamiento hace “impostergable la renuncia” de Boudou.
“Es impostergable la renuncia de Boudou, su situación se ha vuelto insostenible”, aseveró Bazze en un comunicado.
Según el legislador opositor, “los argentinos no merecemos tener un vice con un procesamiento de esta naturaleza, es un agravio para el conjunto de la sociedad que presida el Senado de la Nación, y más aún que represente a los argentinos en el exterior.
“Si el propio vicepresidente no entiende que no puede seguir, la Presidenta debería exigirle que se aleje del cargo. Estamos atravesando un hecho inédito y vergonzoso que afecta la credibilidad del país. Que esté en este momento en el exterior (en Cuba) en representación de la primera mandataria avergüenza al país”, sostuvo Bazze.
Asimismo, advirtió que “sería muy grave que Boudou pretendiera permanecer en el cargo amparándose en la presunción de inocencia, dado que en el caso de un funcionario público del rango que desempeña la posibilidad cierta de estar involucrado en el delito por el cual se lo procesa hace que no pueda seguir en funciones.
“La Presidenta tiene que entender que no puede tener ni por un minuto a un vicepresidente procesado”, finalizó Bazze.
