La licencia por seis meses del juez de la Suprema Corte, Omar Palermo desató la ira en el entorno del gobernador Alfredo Cornejo. En realidad las iras del propio mandatario y sus adláteres salieron a cuestionar que el magistrado se tomara tanto tiempo de licencia, así como también hicieron un pedido de informes que ayer aprobó la Cámara de Diputados, para que la Corte responda sobre el viaje de estudios de Palermo a Alemania.
En la Legislatura, las espadas de Cornejo en Diputados salían por turnos a cuestionar el viaje y de paso anunciaban el pedido de informes que presentaron, firmado por los miembros del bloque radical.
El radicalismo pretendía saber desde y hasta cuándo estaría ausente el supremo Palermo, cuántas causas había pendientes de resolución en la Sala 2 de la Corte, la penal-laboral, dónde se desempeña el magistrado, la normativa legal en la que se ampara la resolución del Máximo tribunal para admitir la licencia sin goce de haberes y copia certificada del expediente.
Pero más allá de los pedidos formales, más fuertes son las palabras que se dijeron. El presidente de la Cámara Baja Néstor Parés casi como al pasar pedía la renuncia del Supremo: "Si yo para ser un buen servidor público me tengo que tomar una licencia de 6 meses para seguir formándome, creo que debería renunciar a mi cargo, dejarlo a disposición, que venga otro y bueno después volveré a ver si puedo seguir en esa función".
El mismo Parés decía que "realmente nos llama la atención y nos preocupa. Que durante seis meses se tome una licencia un ministro de la Corte, entendemos que afecta el funcionamiento justamente en un momento en donde no solo la política sino que toda la ciudadanía está preocupada por el funcionamiento que tiene la Justicia, una Justicia lenta".
También salía el diputado Jorge Albarracín, quien fue el autor de la letra del proyecto. Albarracín decía que "cuando uno tiene un cargo tan importante como miembro de la Corte, es miembro en la sala Penal, dónde tiene que resolver causas muy importantes, dónde están todas las causas que van con recurso extraordinario por temas de prisión preventiva, los tiempos de capacitación por ese periodo son inconvenientes".
Hasta el senador nacional Julio Cobos salió a fustigar al supremo Palermo: "Desde los tres poderes del Estado debemos predicar con ejemplo.
Lamentablemente, la extensa licencia otorgada a un miembro de la Suprema Corte va en contra de este sentido".
El ex gobernador incluso llegaba a pedir a la Corte que revea el aval a la licencia: "Es buena la formación y el perfeccionamiento continuo en todos los ámbitos profesionales, pero no puede ni debe ser en detrimento de la actividad cotidiana y más en este caso que implica un cargo institucional de altísima responsabilidad. Espero que revean esta situación y obren con responsabilidad y compromiso institucional".
Desde la Justicia respondían sin apasionamiento los embates del radicalismo. Explicaban que la normativa que se aplicó para autorizar la licencia fue la ley 5.811, que en su artículo 53 establece que los agentes de la Administración Pública pueden tomarse hasta un año por capacitación en el extranjero y seis meses si esos estudios son en Argentina.
En un diálogo imaginario, el diputado Albarracín ponía en duda la explicación, diciendo que a los legisladores no se les aplica esa ley y ese artículo pensado para la capacitación de los trabajadores del Estado, mientras que un miembro de la Corte tiene otras responsabilidades.
Desde el Poder Judicial también se indicaba que no sería la primera vez que un supremo se tomara licencias largas. Algunos remarcan que actualmente, cuando llegan en recurso extraordinario las causas en las que intervino José Valerio en tiempos en que era juez de Cámara del crimen, es reemplazado por otro supremo.
Cabe recordar que el funcionamiento de la Corte está dividido en dos salas conformadas por tres supremos cada una; por un lado la Sala 1, dónde caen las causas civiles y de familia, y por el otro la Sala 2, donde se deciden las cuestiones penales y laborales.
Está la Sala 3 que entiende en las cuestiones administrativas del Poder Judicial, en la que revistan el presidente de la Corte y los dos presidentes de las otras dos salas. Cuando hay que reemplazar magistrados, el subrogante sale de otra de las salas.
