Los estatales se movilizaron en contra de los radicales para empujar la ratificación legislativa de los acuerdos paritarios suscriptos por ellos con el Gobierno y los radicales se mantuvieron en su postura de no avalar el ingreso de “ñoquis”. Así es que los gremios estatales consiguieron un cronograma de tratamiento de esa ratificación y los radicales el listado de los que ingresarán a planta, para controlar que no sean “funcionarios que se están buscando un conchabo en el Estado”.
La frase es del diputado Néstor Parés (UCR), uno de los más fustigados por los dirigentes gremiales que ayer estuvieron en la Legislatura: los de Sitea, Víctor Dagfal y Federico Lorite; los de ATE, Raquel Blas y Roberto Macho y la titular de Ampros, Isabel Del Pópolo. Llegaron a media mañana y fueron recibidos por un grupo de diputados encabezados por el titular de la Cámara Baja, Jorge Tanús.
Allí se acordó que Tanús apuraría la llegada de los acuerdos paritarios a la Legislatura, que el martes que viene se tratarían en las comisiones de Hacienda y Presupuesto y Legislación y Asuntos Constitucionales en plenario y el miércoles bajarían al recinto para la media sanción de Diputados.
Pero los radicales se mantuvieron en su postura. “No nos oponemos al pase a planta de verdaderos trabajadores. Tienen que recordar que las paritarias estatales se reiniciaron en el Gobierno de (Julio) Cobos y todavía estamos pagando la acusación de que entró mucho personal en el Estado por esas paritarias. Pero queremos ver la nómina de los empleados que pasarán a planta. No queremos que estén incluidos funcionarios que buscan un conchabo en el Estado” decía Parés.
El legislador aseguró que los listados de personal a ingresar a planta fueron incluidos en la paritaria por sugerencia del Poder Ejecutivo y que por eso es que tienen dudas acerca de los nombres que se incluyen.
La solicitud de los listados fue formalizada en un pedido de informes presentado por los radicales, que fue apoyado por el bloque del oficialismo.
Por la tarde, y a través de un documento titulado “¿Quién defiende a los mendocinos?”, la UCR ratificó que avala el aumento del 35% para los estatales y denunciaron un “acuerdo político” entre Francisco Pérez y Blas que “ha permitido que el Gobierno meta en una misma bolsa” a trabajadores con “ex funcionarios, militantes, integrantes de La Cámpora, familiares, amigos del poder y ñoquis...”, dice el texto que firman legisladores y autoridades.