Los tres postulados por Francisco Pérez a las vacantes en la Suprema Corte, la Fiscalía de Estado y el Tribunal de Cuentas, corrieron suerte dispar en la audiencia pública de ayer. La oposición los cuestiona a todos por su militancia política en el oficialismo, pero la más duramente fustigada fue la aspirante a la Suprema Corte Miriam Gallardo, no sólo por su filiación política como dirigente en el sector azul del peronismo, sino también por sus supuestos escasos antecedentes.
Los otros dos, los senadores Fernando Simón y Ricardo Pettignano (propuestos a la Fiscalía de Estado y al Tribunal de Cuentas respectivamente), realmente no la pasaron mal; apenas debieron soportar las dudas acerca de su imparcialidad en caso de que lleguen a los cargos.
Con la audiencia pública se dio el último paso antes de llegar a la fecha clave del acuerdo del Senado para los tres propuestos de Pérez. Es un proceso de casi un mes en el que se reciben adhesiones y oposiciones, y se piden informes acerca de cada aspirante a un cargo con rango constitucional que requieran del voto mayoritario de los senadores provinciales (magistrados, los titulares de la DGE e Irrigación, los vocales del Tribunal de Cuentas, fiscal de Estado, entre otros).
La audiencias públicas eran una instancia usada originalmente para que particulares y entidades hicieran preguntas a los aspirantes a un cargo, pero que se ha transformado en una reunión de amigos que van a alabar a los propuestos.
La primera que debió sortear ayer ese paso fue Gallardo, que responde políticamente a uno de los precandidatos a gobernador del oficialismo, Adolfo Bermejo. Hacia ella apuntó el fuego radical.
La mujer llegaba con la tranquilidad de que había juntado 69 adhesiones y ninguna impugnación. Parecía que la audiencia colmada de amistades sería un trámite, pero la abogada maipucina debió exponer bajo la atenta mirada del precandidato radical Alfredo Cornejo, quien se instaló en primera fila.
Hablaron los adherentes y empezaron las preguntas de los legisladores. Juan Carlos Jaliff y Jorge Palero fueron los encargados de bombardear a Gallardo. El primero le cuestionó su filiación política y se preguntó si, como miembro de la Suprema Corte, sería capaz de evitar que su corazón militante interfiriera con su juicio; el segundo apuntó directamente a la idoneidad de la postulante.
El cuestionario de Palero buscó dejar en evidencia la falta de antecedentes de peso de la ex senadora y hasta hace días apoderada del PJ mendocino: en los registros de la Caja Forense aparece que en los últimos cinco años y medio sólo ha litigado en 10 causas, que no ha terminado la maestría en derecho electoral que cursó en la Universidad de San Martín y que no tiene publicaciones, ni antecedentes como docente o investigadora en derecho.
Minutos antes de terminar la audiencia pública de Gallardo, Cornejo se levantó y ante la prensa reiteró estos cuestionamientos y luego se fue del anexo del Senado de Gutiérrez y 9 de Julio. Quedó claro que el radicalismo, más allá de cuestionar a todos los aspirantes por la filiación política, había elegido un blanco y ese blanco ofrecía flancos débiles.
Cornejo decía que el oficialismo buscaba cubrir tres cargos de control de la administración pública, que tienen mandato de por vida, con militantes políticos, pero que, además, “Miriam Gallardo reúne el requisito legal de ser abogada pero no reúne el requisito de idoneidad que dice la Constitución. No litiga, no tiene especialidad en ninguna rama del derecho. Lo único que pone en el currículum es que cursó una maestría en derecho electoral y no rindió todas las materias, ni la tesis. No sólo no ha escrito un libro; no ha escrito ni un ensayo. No ha dado clase ni siquiera en una escuela secundaria”.
Luego le tocó el turno a Simón, el aspirante a la Fiscalía de Estado. Llegaba con 165 adhesiones, incluidas las de 17 magistrados y ex alumnos universitarios.
Otra vez Jaliff fue el que expuso las dudas sobre la imparcialidad de Simón que, como senador de la provincia, deberá votarse a sí mismo en la sesión de acuerdo. Simón respondió: “Puedo despojarme de mi ropaje militante pero no de mis convicciones e ideas”. Luego aclaró, sin ser concluyente: “No me gustaría votarme a mí mismo”. Ahí acabaron los cuestionamientos y empezó el tercer capítulo de la jornada.
Llegó Pettignano, quien pidió no hacer hablar a los amigos convocados y prefirió hacer un repaso personal de su carrera como contador y funcionario público. Por tercera vez en la mañana, Jaliff volvió a esgrimir las dudas por la militancia y la pregunta por su participación en la sesión de acuerdo.
El actual senador dijo que podría ser imparcial y que, en caso de ser nombrado como vocal del Tribunal de Cuentas, lo primero que haría sería renunciar a su afiliación al PJ y que se excusaría de intervenir en la aprobación de las cuentas de la Municipalidad de San Rafael, que conduce uno de sus jefes políticos, Emir Félix.
La campaña, la interna peronista y los votos bajo sospecha
Las bombas, los fuegos de artificio y los mensajes cifrados se cruzan. Cornejo vociferaba ayer que “no es una pelea entre oficialismo y oposición” y luego recordaba que el ex ministro y precandidato del Frente para la Victoria, Matías Roby, había dicho que “el oficialismo va a tener que comprar cuatro votos de la oposición para cubrir los puestos en la Fiscalía de Estado, la Suprema Corte y el Tribunal de Cuentas”. Roby dijo eso horas después de haber renunciado a su candidatura.
El clima está caldeado por la campaña electoral provincial ya en marcha y parece no ser el momento ideal para impulsar el nombramiento de funcionarios en cargos de relevancia, sobre todo cuando los candidatos propuestos son dirigentes políticos reconocidos de cada uno de los tres sectores de mayor peso interno en el PJ.
El recuerdo no es inocente. El radicalismo y el Pro suman 17 votos; el Frente para la Victoria y aliados reúnen 20, pero hay tres votos entre ellos que responden al ex ministro Roby (José Escoda, María José Ubaldini y Matías Stevanato). Cornejo decía ayer: “Alerto a la ciudadanía. Si hay votos, los han comprado, como dijo Roby”. El mensaje parece ser para la ciudadanía y también para el médico y ex amigo de Pérez.
En los pasillos legislativos se cuenta que hubo emisarios para buscar un entendimiento con los hombres de Roby y lograr que voten los pliegos de Miriam Gallardo, Fernando Simón y Ricardo Pettignano. Dicen que la respuesta tuvo tres puntos: uno, el reparto equitativo de fondos de campaña que ha recolectado el PJ; cuentan que hasta ahora el reparto ha alcanzado a los otros dos precandidatos (Adolfo
Bermejo y Guillermo Carmona); el segundo punto es que se retiren los pliegos y los vuelvan a mandar a cada uno en expedientes separados. De esa manera, negociar cada nombre antes de que se mande a la Legislatura; el tercer punto es que se presenten después del 19 de abril, es decir después de la primaria abierta, simultánea y obligatoria, que definirá la fórmula oficialista.
Hay un dato clave: en caso que no se retiren los pliegos, Roby tiene un acuerdo político con los hermanos Emir y Omar Félix. El primero ha adherido a la candidatura a gobernador del ex ministro de Salud, por lo que es difícil que los senadores que responden a Roby voten en contra de Ricardo Pettignano, quien responde a los hermanos del sur mendocino. Esto implica que Pettignano pasará la votación del martes.
