Otra vez el presupuesto, un decreto y las promesas de llegar a la Justicia vuelven a poner a la UCR y al Gobierno en veredas enfrentadas.
En esta oportunidad, una fe de erratas publicada el martes en el Boletín Oficial (rectificando la reglamentación de la ley de Administración Financiera) fue entendida por legisladores radicales como una puerta de entrada para que el Ejecutivo incumpla su promesa -contemplada en el Presupuesto 2014- de no incrementar la planta de personal del Estado.
Es por eso que los diputados Martín Kerchner, Roberto Infante y Néstor Parés avisaron que irán la semana que viene a la Fiscalía de Estado y que antes de los 30 días, plazo para impugnar un decreto, iniciarán acciones en la Suprema Corte para que declare inconstitucional que se modifique esa ley por decreto.
En los hechos observados, la ley de Administración Financiera (N°8.706) es la que reemplaza la vieja ley de Contabilidad y que contempla, entre otros aspectos, la reconducción presupuestaria. Esto último se produce automáticamente cuando comienza un año sin una pauta de gastos aprobada para ese período.
En este caso, el esquema 2015 está cajoneado en una comisión del Senado, por lo que la ley vigente (con sus autorizaciones y restricciones) es la de 2014 en sus gastos ordinarios, tal como lo contempla el artículo 99 de la Constitución.
La ley de Administración Financiera fue reglamentada el viernes 20 y hasta allí todo estaba dentro de la normalidad. La polémica se suscitó con una fe de erratas publicada el martes pasado, en donde se agregó un párrafo omitido: “No quedarán reconducidas las restricciones a las facultades propias del Gobernador establecidas para un ejercicio específico”, añadió la rectificación.
Con este arreglo, lo que argumentaron los radicales es que se prorrogan las autorizaciones de gastos ordinarios, entre los que entra el pago de sueldos, las paritarias y los servicios, pero no las restricciones que, en este caso, contempla el Presupuesto 2014.
En el caso puntual señalado, la pauta del año pasado extendido a este, contempla en su artículo 8 que “a partir de la entrada en vigencia de la presente ley no se podrá incorporar personal a la planta permanente y transitoria del Estado Provincial”.
Con esta restricción, no puede crecer la planta del Estado (salvo en Salud, Educación y Seguridad) más allá de los pases a planta que haya previsto el acuerdo paritario. La redacción del artículo, cabe recordar, fue parte de la puja y la pelea entre la UCR y el FpV en medio de la polémica por la cantidad de empleados estatales.
“Misteriosamente el 24 de febrero una fe de erratas, que dice exactamente lo contrario a la reglamentación, eliminó todas las restricciones que por ley prevé el presupuesto. Debe de haber miles de restricciones, pero la más importante es nombrar a todos los amigos antes de irse del gobierno”, argumentó Kerchner.
En el Gobierno, el subsecretario de Legal y Técnica, Gustavo Tobares, respondió el planteo de los radicales y explicó que “la fe de erratas corresponde a las restricciones con un vencimiento específico”, aunque no precisó cuáles serían y remitió al ministerio de Hacienda para que explique cuáles son las limitaciones que se acotan a un “ejercicio específico”. En esta última cartera no dieron detalles.
Así las cosas, Kerchner rechazó el planteo del oficialismo y contestó que “cuando una norma se extiende lo hace en su estructura completa y no por partes”. Esto teniendo en cuenta que un presupuesto supone en su totalidad un vencimiento anual que se extiende (reconduce). El radical acusó al Ejecutivo de realizar “maniobras oscuras tendientes a evadir los preceptos constitucionales”.
