Hace algunos días, más concretamente el domingo 18, diario Los Andes anunció la intención de la administración que encabeza el licenciado Alfredo Cornejo de construir un "área judicial" detrás y hacia el oeste del Penal San Felipe y la vieja Penitenciaría Provincial.
La intención es instalar allí, y en un terreno de 18 hectáreas, varios complejos judiciales, cuya primera realización se concretaría con la ejecución de la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos "José Manuel Estrada" (en homenaje al gran pensador y educador de la segunda mitad del siglo XIX).
Esta unidad será la primera construcción de un "polo judicial" que el Ejecutivo planea instalar en el mediano plazo y antes de que concluya el actual mandato de gobierno.
Esta obra se intentó realizar en la gestión justicialista encabezada por el malargüino Celso Jaque, a partir de febrero de 2008, pero nunca se avanzó y hacia el final del período de gobierno del hoy empresario librero, la intención quedó trunca.
Además del ya mencionado centro de arrestados Estrada, el Gobierno tienen el propósito de levantar en el mismo y amplio terreno, los edificios de los ministerios públicos Fiscal y de Defensa, además de radicar allí también las dispersas oficinas del fuero penal de la Primera Circunscripción Judicial, que en su mayoría funcionan en el Palacio Judicial del Centro Cívico de capital.
Otras de las novedades del proyecto es la construcción de un túnel subterráneo que unirá a las actuales cárceles del lugar para que por allí transiten los detenidos a las diversas salas de audiencia.
Los modelos de las instalaciones proyectadas se tomaron de las realidades existentes en materia judicial en la provincia de Neuquén y en Santiago de Chile.
Evidentemente es una iniciativa importante, con una inversión prevista para todo el conjunto de dependencias de 1.000 millones de pesos y con la promesa de ejecutarla en dos años, plazo de por sí muy ambicioso cuando se piensa que el hospital de Luján de Cuyo, de mucho menor envergadura en metros cuadrados cubiertos, lleva más de dos años de ejecución y su inauguración aún no tiene fecha.
Con prescindencia de los beneficios que este "polo" traerá a la administración de justicia y a la desconcentración de la ya obsoleta sede actual del Poder Judicial, cabe preguntarse si están debidamente estudiados los impactos que causará esta obra en una zona de la Sexta Sección, densamente poblada. Tenemos allí la calle Boulogne Sur Mer, recientemente remodelada, con una fuerte presencia residencial, y hacia el oeste, trasponiendo la calle de cierre del área judicial, el muy poblado barrio Soberanía Nacional.
Suponemos que todas estas alternativas, escuetamente descriptas, deben estar analizadas en el estudio de impacto ambiental (IA), que descartamos ya se ha realizado, por cuanto se habla de una apertura de licitaciones en pocas semanas.
También, y en razón de la armonía que reclaman las grandes obras, imaginamos acuerdos previos con los cuerpos técnicos de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza y de la Dirección de Ordenamiento Ambiental y Desarrollo Urbano (Doadu), de la Secretaría de Medio Ambiente. Calculamos inclusive que deben haber existido conversaciones, en búsqueda de otra opinión, con el autorizado Colegio de Arquitectos de Mendoza (CAM).
En resumen, queremos creer que esta mudanza, por tramos, de la Justicia Penal al Oeste de Boulogne Sur Mer, viene precedida de estudios sólidos que introducirán mejoras en los servicios de un poder del Estado y que no reportará un conflicto grave, ni medianamente grave, en esa zona de masiva residencia urbana.
