Nélida Rojas, la detenida líder de la Tupac Amaru en Mendoza, es un producto del kirchnerismo y también una expresión de ese “modelo” que gobernó el país durante doce años.
A medida que se acumulan pruebas en la causa que la señala como jefa de una asociación ilícita, se vislumbra el mismo modus operandi que el de Milagro Sala, la jujeña que creó la agrupación y la expandió por el país, a la sombra del poder que le dio su estrecho vínculo con el anterior gobierno nacional.
Como si la versión mendocina se tratara de una franquicia, Rojas aplicó acá el mismo método de disciplinamiento a sus seguidores, esos que vieron en ella la única posibilidad de llegar a una casa propia.
“La Neli”, como la conocen en Lavalle y en la política, también replicó el mismo modelo de conducción que Sala para asegurarse el control y la lealtad de sus adherentes (hace dos años decía que eran 7.000 en la provincia).
Los roles están claros: ella es la líder indiscutida, la cara y la voz, y su esposo, Ramón Martínez, el co conductor en las sombras, encargado de controlar todo con mano férrea.
Sus hijos (como Damián Torrengo, a quien el viernes le encontraron en el auto varios cheques de las cooperativas firmados y en blanco) son los que manejan las distintas áreas en las que se divide la organización.
Todo quedaba en familia. Y hoy están todos imputados y algunos detenidos (Rojas, su hermano Ángel y Martínez, además de las dos hijas que tienen prisión domiciliaria).
Claro que ese modelo de ‘gerenciamiento familiar’ no es exclusivo de la Tupac. Los Kirchner y su amigo Lázaro Báez se rodearon también de sus hijos en los directorios de las empresas que acumularon y por las que hoy los investiga la Justicia.
Datos claves
La franquicia local de la Tupac también aplicó el mismo sistema de manejo personalista del dinero que la central jujeña, aunque con algunas variantes, según se desprende de la investigación judicial.
Los líderes de la agrupación en la provincia norteña fueron filmados retirando bolsos llenos de dinero de una sucursal del Banco Nación.
En Lavalle, en cambio, discriminaban: los cheques de hasta 30 mil pesos se cobraban en la ventanilla y los que superaban esa cifra eran depositados en la cuenta de Martínez, el esposo de Rojas.
Ese “método” lo revelaron los empleados del Banco Nación que declararon ante la fiscal Gabriela Chaves la semana que pasó. Así, lo que muchos sabían hace tiempo en Lavalle pasó a estar en un expediente judicial.
Chaves apunta la investigación, sobre todo, a demostrar la asociación ilícita que les achaca a Rojas y su clan familiar.
Se trata de una figura legal complicada de probar, aunque en Tribunales aseguran que el caso en cuestión cumple con toda la tipología de ese delito.
En el entorno de la fiscal confían en que pese a las peripecias de los últimos días (que incluyen allanamientos frustrados porque se avisó a los imputados y luego por la indecisión de una jueza de Garantías), el expediente ya tiene pruebas suficientes.
Fue fundamental la “registración” en la Municipalidad de Lavalle que se hizo el martes pasado: la fiscalía encontró documentos que vinculan a Rojas con la operatoria de viviendas.
Hasta ese momento, el nexo era informal y declarativo, porque en los convenios con la Nación, el IPV y el municipio, ella no figuraba. Sólo aparecen las cooperativas, presididas por su esposo, sus hijos y otros familiares.
Entre los expedientes municipales también se encontró otro papel clave: la lista de beneficiarios de un barrio, escrita a mano. El paso siguiente es hacer un peritaje para comprobar quién es el autor.
La documentación municipal y la del Banco Nación permitirán, a su vez, cruzar información para determinar quién recibía los cheques y quién los cobraba.
Chaves ha concentrado su atención en la operatoria en Lavalle. Pero ha absorbido también once denuncias que había en otra fiscalía por un barrio en Ugarteche (Luján).
El trabajo de la fiscal ha tenido hasta ahora una ventaja: la defensa, encabezada por Alfredo Guevara, se ha concentrado en hacer acusaciones políticas, pero ha dado pocos argumentos legales a favor de Rojas.
Decir que se meten con ella porque es una mujer pobre es más que endeble: los denunciantes son más pobres que ella.
La grieta peronista
La causa se ha transformado en un problema para el peronismo, justo cuando quería mostrarse unido, aunque sea con finos y débiles hilos.
Apenas detenida Rojas, el núcleo duro kirchnerista salió a defenderla y habló de persecución. La jefa de la Tupac es para ellos una “presa política” y el culpable es el gobernador Cornejo.
Aunque a diferencia del jujeño Morales, que en la campaña hizo foco en Milagro Sala, el radical mendocino nunca apuntó contra la Tupac local, ni antes ni después de asumir.
El resto del peronismo demoró un par de días en expresarse y se despegó: negó enfáticamente una persecución y dejó librado el futuro de la mujer a la decisión de la Justicia.
Más allá de la defensa K y el distanciamiento del resto, son algunos intendentes y ex intendentes del PJ los que aparecen más involucrados.
Las casas terminadas y aún en construcción están ubicadas en siete departamentos que eran conducidos por peronistas hasta hace un año y medio: Maipú, Guaymallén, Tunuyán, San Martín, Tupungato, Luján y Las Heras. De todos ellos, siguen en los primeros cuatro.
Rojas sólo construyó en un municipio radical. Fue Godoy Cruz y cuando era gobernado por Cornejo.
Pero entre todos, claramente es el lavallino Roberto Righi al que apuntan las miradas: fue allí donde primero hizo pie la Tupac Amaru y desde donde se expandió.
Lo que en un principio fue una solución para contener a los sectores que el Estado no incluía, se transformó para el actual vicepresidente del PJ en un contrapoder que lo superó y no pudo, o no quiso, controlar.
La Tupac tenía llegada directa a la Nación, a través de Alicia Kirchner. Y tal vez por eso los municipios peronistas tendían a ser flexibles a la hora de pagar, aunque las obras no hubieran avanzado lo suficiente.
Esto dispara una tarea fundamental para la fiscalía: corroborar que coincida lo que figura en los expedientes municipales con las obras ejecutadas efectivamente en los barrios. Si no hay coincidencia, los funcionarios pasarán a ser cómplices.
