Inmediatamente después del programa televisivo dirigido por Jorge Lanata en el que se hacía referencia a la actividad desarrollada por la agrupación Tupac Amarú en Mendoza, las denuncias de posibles damnificados crecieron exponencialmente. Un tema grave, serio, que exige una profunda investigación por parte de la Justicia.
El problema de la carencia de viviendas viene de muchos años. Aunque también valdría señalar que hasta la década de 1960 se encontraba prácticamente controlado, esencialmente por la construcción de barrios destinados a trabajadores, como sucedía con los barrios ferroviarios o los de esa zona de la Sexta Sección, por señalar un ejemplo. Sin embargo, hacia fines de esa década se produjo un fenómeno que hizo la situación incontrolable: la aparición de las denominadas villas inestables. Gente del interior de la provincia que se instaló en los alrededores de la ciudad en la búsqueda de mejores posibilidades laborales y estudio para sus hijos y también de un crecimiento social. El barrio San Martín fue el primer "gran conglomerado" y a partir de allí el crecimiento fue permanente.
El Instituto Provincial de la Vivienda se vio en la obligación de centrar hacia ese sector de la población el objetivo principal de su actividad.
Desarrolló planes tales como "erradicación de villas inestables" o por "ayuda mutua" que consistían en que los propios interesados participaban en la construcción de sus casas. Sin embargo, por más programas que se implementaron, de ningún modo alcanzaron para cubrir las necesidades. Cabe señalar también que se trató de un fenómeno que no sólo afectó a Mendoza sino que alcanzó a todo el país.
Las villas crecieron, pero en la década kirchnerista el gobierno decidió buscar una nueva salida: derivar el dinero destinado a la construcción de viviendas a organizaciones "sociales". Y los resultados no podían ser más nefastos, como lo demuestran las "viviendas compartidas" que dirigieron las Madres de Plaza de Mayo, con las denuncias de corrupción que está investigando la Justicia o la Tupac Amarú que recibió decenas de millones de dólares para un mix de actividad social y política y hasta con dinero que "retornaba" en bolsos hacia la Capital Federal, tal cual lo han señalado -videos incluidos- en la denuncia contra Milagro Sala.
Pero lo más grave del tema radica en cómo funcionaba la organización a nivel nacional. Porque en el caso de Mendoza, si bien el Instituto Provincial de la Vivienda y las municipalidades tenían participación, la misma era mínima, tal cual lo han señalado los propios funcionarios al indicar que el dinero llegaba "enlatado" para la organización Tupac, mientras las municipalidades sólo podían controlar el avance de las obras, sin tener injerencia en la construcción en sí misma o en el control sobre si se respetaban las normas para el otorgamiento de las viviendas. Así fue como se han sucedido las demandas y así también las explicaciones inconsistentes, como la afirmación de la delegada local de la Tupac al asegurar que su hijo -que era el director técnico de las obras- había cambiado su viejo automóvil por una moderna camioneta, "porque también él produce. Y si un productor puede tener una camioneta, ¿por qué no mi hijo?", se preguntó.
La Justicia debe actuar e ir al fondo del problema. No se puede aceptar que haya personajes que se aprovechen de las necesidades de la gente para hacer actividad política, como sucedía con la exigencia de participación en las marchas o bien para defraudarlas con promesas que después no eran cumplidas, más aún en un tema tan sensible como el de la vivienda propia.
