El combo es una perfecta bomba de tiempo: una organización social con un gran poder por su llegada directa a la Casa Rosada y gobiernos (provincial y municipales) con cierta tendencia a ceder con tal de no enfrentar los piquetes iracundos de los militantes y, sobre todo, los malos humores de las autoridades nacionales.
Así ha avanzado la Tupac Amaru, que hoy tiene más de 7.000 miembros en Mendoza, está presente en diez departamentos y construye más de 700 casas, algunas incluso sin planos presentados.
Lo que pasó el viernes en Guaymallén, cuando una manifestación por un supuesto pago atrasado terminó en un choque con policías municipales, es quizá la expresión más violenta de los últimos tiempos.
Pero esos reclamos, generalmente protagonizados por mujeres y niños, son una constante en la puerta del IPV. El último fue porque no se liberaban los pagos de un barrio en Lavalle, el Villa Tulumaya (de 132 casas), que no cumplía los requisitos de la etapa que debía cancelarse: habían asentado los techos sobre rollizos de la mitad del diámetro exigido.
La Tupac se maneja dentro del llamado programa Socio Comunitario, financiado con fondos nacionales que sus mismos líderes gestionan y consiguen, con más eficacia que el propio IPV o los municipios.
Hoy, la organización kirchnerista nacida en Jujuy concentra el 70% de ese plan en Mendoza y si hay algo en lo que coinciden todos es que son extremadamente reacios a los controles oficiales y a cumplir con las exigencias legales, contables y técnicas. “Ellos quieren que se apruebe todo sin importar cómo esté la obra”, describe un funcionario provincial.
El ejemplo más claro de esto quizá sea el barrio Colonia Bombal (56 casas). Ubicado en Rodeo del Medio, empezó a construirse, según consta en el IPV, el 25 de setiembre de 2013 y más de un año después aún no tiene la aprobación municipal, que se le exige a cualquier obra de este tipo, porque la organización no ha presentado los planos correspondientes. Igual, ha cobrado.
El municipio es el encargado de certificar el avance de la obra y en base a ese informe el IPV, que también hace un seguimiento técnico, le gira el dinero.
En Maipú apuntan a minimizar esta situación y se amparan en que lo importante es que las casas se hagan. Mientras, intentan que se regularice la situación del barrio “clandestino” financiado por el Estado.
Nélida Rojas, la líder en Mendoza de los tupamaros, primero respondió que los planos son responsabilidad del municipio y luego se defendió argumentando que “los aprueban cuando se les da la gana”.
Hábil en sus declaraciones, devolvió la pelota y aseguró que aún esperan escrituras de casas terminadas hace años y que hay terrenos que no logran que el Gobierno ponga a su nombre, pese a que ya se construye en ellos.
Esta situación también revela la permisividad de los organismos públicos cuando de la Tupac se trata. Es cierto que el fin de construir y sumar viviendas sociales para sectores postergados es irreprochable. El problema acá es cómo se llega a esa meta.
El método confrontativo de la organización es uno de los argumentos que usan los funcionarios provinciales y municipales consultados para explicar que a veces cedan. Lavalle, San Martín y Tupungato han tenido en algún momento una relación tensa con ellos, con piquetes y hasta tomas incluidos.
Pero a veces, también los usan a su favor: militantes de la organización K fueron casi una fuerza de choque en la pelea entre la Municipalidad de Lavalle y ATE el último verano.
Pero más que a los reclamos en la puerta, el temor es a su poder nacional. La Tupac, a través de su líder nacional, la jujeña Milagro Sala, tiene llegada directa a la mismísima presidenta, Cristina Kirchner, y un trato frecuente con la ministra de Desarrollo Social y cuñada presidencial, Alicia Kirchner.
“Tenemos respeto por la relación nacional directa que tienen y los que se pelean, como (el gobernador jujeño) Fellner, después le tienen miedo”, sintetiza un hombre de la primera línea del Ejecutivo provincial.
Ese “respeto” se parece mucho al miedo también en Mendoza. Dos funcionarios provinciales, un intendente y cuatro funcionarios municipales que han tenido trato con la Tupac aceptaron hablar a cambio de reservar sus nombres.
El viernes, en caliente y con la prensa presente en su despacho, el intendente interino de Guaymallén, Luis Lobos, cuestionó el método tupamaro. Pero después, decidió resguardarse en un “saludable” silencio.
En el IPV cuentan que Omar Parisi, su presidente, últimamente repite en tono de advertencia a las segundas líneas que él no va a terminar con el Instituto tomado, como sí ocurrió en Jujuy. Un viejo empleado del lugar cree que en realidad más que un freno a la Tupac, esa frase lleva implícita la decisión de ceder.
“El método de ellos es hacer las cosas de prepo, pero a nosotros nos sirven sus contactos porque así han conseguido los fondos para las viviendas”, se justifica el intendente consultado.
“El programa es genial, nada más que lo dejaron en manos de la Tupac que fue la que presionó. Los municipios oficialistas se desentendieron de la vivienda social y la Tupac lo maneja con su estilo”, diferencia un funcionario de un municipio anti K.
Emplazados
En la Tupac no sólo se olvidan "detalles" como los planos o apelan al piquete para cobrar, también son remisos a cumplir con los plazos de obra y las exigencias de calidad, como lo demuestra el caso de los rollizos del barrio lavallino. "Hemos tenido problemas en la calidad de las obras y los materiales", reconoce un funcionario municipal.
Un barrio construido por una empresa tarda un año y medio en terminarse pero los de las cooperativas suelen demorarse más. Y entre todas, según destacan oficialmente, los mayores problemas están con los de la Tupac.
El ya mencionado Colonia Bombal empezó a levantarse hace más de un año y su avance ha sido más que lento: apenas se ha ejecutado el 14% y la fecha fijada para finalizarlo es el 1 de diciembre.
Algo parecido ocurre con el Renacer, también de Maipú, que largó en diciembre de 2011 y recién llega al 55%, con el agregado de que 16 de sus 20 casas ya están ocupadas.
El KM 11 de Guaymallén (por el que se generó el conflicto del viernes) tiene 20 casas, arrancó en marzo de 2012 y el avance es del 66%. En Tupungato el IPV le quitó un barrio rural iniciado hace más de tres años y se lo adjudicó a otra entidad por las demoras.
Hace un par de semanas, gente del IPV y referentes de la organización fueron a una reunión en Bs. As. Allí, funcionarios nacionales aclararon a los cooperativistas que deberán apurarse y terminar los barrios empezados.
El 22, deben presentar un cronograma de finalización de obras que deberán cumplir si quieren recibir dinero para nuevos barrios. Esta presión de la Nación es un alivio para los gobiernos provinciales y municipales, porque así otros están haciendo el trabajo sucio que no se animan a hacer.
“En diciembre llega la plata para 300 casas más, pero nadie nos apura desde la Nación”, se diferencia Nélida Rojas, que escapa a las preguntas puntuales y prefiere hablar de los proyectos sociales, educativos y de salud de la Tupac, donde la crítica es más difícil.
Ella dice que no tiene sueldo por su tarea y que sus cinco hijos “cobran como todos los miembros de la cooperativa”. Ramón, su marido, es el que controla las obras y el que suele prepear a quienes quieren hacer cumplir las exigencias técnicas.
En la Tupac las decisiones, incluida la asignación de las casas, se definen en asambleas, pero basándose en un puntaje que se otorga por participar en las actividades de la organización, mandar los chicos a la escuela, hacerse los controles de salud e incluso por ir a los piquetes.
El que participa, tiene su premio. El que no, un castigo. Y si no se ajusta a esas reglas internas, lo expulsan, cuenta un peronista que ha tenido trato con ellos.
Rojas, una enfermera jubilada de 59 años, demuestra un hábil manejo discursivo. En la charla con este diario, reparte insultos entre los funcionarios y chicanea al PJ asegurando que en el radical Godoy Cruz “es donde menos problemas” tienen.
Dice que tiene ganas de retirarse y que no lo hace porque los compañeros le piden que siga, y que esos mismos compañeros, empezando por Milagro Sala, le suplican que se meta en política.
¿Con el Frente para la Victoria? “No, con un partido propio, como Milagro en Jujuy”, responde la mujer que, dicen en el peronismo, pujó por integrar las listas legislativas del oficialismo en 2013. Ella advierte: “Nosotros tenemos un espacio ganado. El territorio es nuestro”.
Marcelo Zentil - mzentil@losandes.com.ar
