Inmediatamente después de la detención de la delegada de la organización Tupac Amaru en Mendoza, Nélida Rojas, legisladores provenientes del kirchnerismo, junto al abogado defensor, salieron a denunciar que se trataba de una detención "política". Un argumento al que suelen recurrir asiduamente aquellos que se quedan sin argumentos en casos en que se encuentran involucrados personajes que llegaron a tener una actividad preponderante durante la anterior gestión de gobierno.
Debemos partir de una base: en el caso que nos ocupa hubo una presentación espontánea de la señora Rojas, junto a sus familiares, quien logró anteponerse así a una acción judicial que consistía en un allanamiento que estaba a punto de realizar la fiscalía de turno. Fue una "radio comunitaria" la que alertó a Rojas sobre el movimiento judicial, según declaró su abogado defensor, intentando así "cubrir" al autor de la filtración en la sede de la Justicia.
Pero lo más llamativo del caso fue la reacción inmediata que surgió desde los sectores kirchneristas, representados por una senadora nacional (Anabel Fernández Sagasti), un diputado nacional (Guillermo Carmona) y un legislador provincial (Lucas Ilardo), quienes salieron a argumentar que las detenciones tenían un "sentido político, como el de Milagro Sala en Jujuy".
Es factible y por ese motivo queremos señalarlo, que en el fárrago de información los legisladores no hayan advertido que sobre la señora Rojas pendía la imputación en 24 causas por los delitos de asociación ilícita, extorsión, estafa, usurpación en la modalidad de despojo y coacción agravada; una de sus hijas por extorsión y miembro de una asociación ilícita y la otra hija en nueve causas como miembro de una asociación ilícita y algunas por usurpación, y que por esos motivos y por la calificación legal y procesal es que se ordenaron las detenciones.
No se puede aceptar tampoco que, con la experiencia que los legisladores y el abogado de la defensa tienen en este tipo de hechos, hayan permitido la reacción y el "apriete" de los presentes hacia una periodista de este diario por el simple hecho de haber preguntado (y repreguntado ante la debilidad de la respuesta) sobre la filtración de la información acerca del allanamiento. Las explicaciones y las disculpas posteriores carecen de valor en razón de que el "objetivo" de las amenazas ya se había cumplido.
No se puede caer en el facilismo de politizar cuestiones judiciales que están destinadas a esclarecer posibles hechos delictivos que han afectado a miles de personas, como sucede en este caso. Una actitud que los legisladores nacionales y el profesional encargado de la defensa han importado desde el orden nacional donde se recurre a esa calificación a los efectos de intentar desvirtuar la investigación de hechos graves, como los que han surgido a la palestra en los últimos tiempos y que involucran a funcionarios y allegados a la anterior gestión de gobierno. En el caso individual que nos ocupa, hay denuncias concretas y se le imputan delitos de asociación ilícita, extorsión, estafa, usurpación en la modalidad de despojo y coacción agravada. Cabe señalar también que en muchos de los casos las imputaciones son coincidentes con los que recaen sobre la titular nacional de la Tupac, Milagro Sala, en razón de que utilizaban el mismo método para captar y contener a adherentes a la agrupación.
Los hechos son graves. Hay cientos de afectados que fueron estafados en su buena fe y cuyo único pecado fue creer en la palabra de los denunciados. Por el bien del Estado de Derecho, es necesario que la Justicia actúe dentro del marco de la independencia necesaria y que las investigaciones o el proceso no se vean entorpecidos por actitudes más parecidas a las chicanas que a los argumentos.
