Pasó en Sudáfrica, se repitió en Brasil y ahora volvió a aparecer en Chile. En cada uno de los lugares en los que la Selección de fútbol debe participar de un torneo importante, los barrabravas argentinos dan la nota.
En el vecino país, los primeros deportados fueron dos integrantes de las barras argentinas, que habían tenido problemas en los mundiales anteriores y que también habían sido deportados desde Brasil.
Además, los números son más que concluyentes. Para la seguridad chilena, los barras argentinos son la gran parte de la preocupación de la Copa. De la lista de 1.500 violentos de todos los países participantes que recibió la organización, más de mil son argentinos.
Eso, aún teniendo en cuenta que existen barrabravas en Chile (la Garra Blanca, de Colo Colo, es una de ellas), en Uruguay, donde no pudieron terminar el partido final del campeonato local por la actitud asumida por la hinchada de uno de los equipos, o en Brasil, donde también existen serios inconvenientes con el comportamiento del público en los partidos.
Lo grave del caso sobre lo sucedido en Chile se centra en que los dos barras deportados pertenecen a los denominados Los Ninjas, el grupo que manda en Argentinos Juniors, el club de Luis Segura, actual presidente de la AFA, quien ocupa ese cargo después de la muerte de Humberto Grondona.
También es grave que los dos hinchas contaban con las entradas correspondientes y son muchos los que piensan que fueron otorgadas por la propia conducción del fútbol, ya que así había ocurrido el año pasado en Brasil.
Fueron integrantes también de aquella denominada Hinchadas Unidas Argentinas, un grupo de violentos apadrinados por el kirchnerismo y que terminó convirtiéndose en un negocio fenomenal, con ganancias impresionantes como consecuencia de la venta de entradas que ellos habían recibido “de favor”.
El mayor problema en el caso de la Argentina es que los barras no sólo están insertados en la vida de los clubes sino que tienen una directa relación con la política.
En el primero de los casos, son los que manejan los quioscos de comida, los estacionamientos dentro del club y, en las calles aledañas, los que distribuyen y venden las entradas y hasta tienen un porcentaje en la venta de jugadores.
En relación con la política, son los que “prestan” servicios para cubrir las “necesidades”, como muy bien lo graficó Luis D'Elía, cuando señaló que había abonado una suma de dinero a unos barras para un acto a favor de Irán, mientras otros dirigentes como Aníbal Fernández (Frente para la Victoria), presidente de Quilmes, o Daniel Angelici (PRO), titular de Boca, hacen todo lo posible para ayudarlos, como la decisión de la comisión directiva boquense de retirar el derecho de admisión a los dos principales barras.
Pero lo grave es que desde el Gobierno se impulsa y se favorece a esta verdadera lacra que ha generado que la familia se aleje de las canchas de fútbol.
La Presidenta de la Nación los alabó en un discurso cuando destacó a “esos chicos que subidos a los paraavalanchas alientan y alientan”. Cuando Néstor Kirchner impulsó la conformación de Hinchadas Unidas Argentinas y mucho más cercano en el tiempo cuando el propio bloque oficialista, en la persona de Diana Conti, rechazó un proyecto impulsado por el sciolismo, que imponía penas de prisión para quienes participen de actos vandálicos en espectáculos deportivos.
“No podemos estigmatizar a los barrabravas”, dijo Conti, tomando así un término que ha acuñado el kirchnerismo para referirse también a los pobres, entre muchos otros temas.
Tal como están dadas las cosas, con la sociedad existente entre políticos, popes del fútbol y los barrabravas, resultará muy difícil que la violencia pueda ser erradicada de los estadios. Los argentinos, la familia, los chicos, se verán obligados a seguir los partidos por televisión, “absorbiendo” semanalmente la monumental propaganda oficial que se descarga desde el canal oficial.
