Fracasada la ofensiva del oficialismo en alianza con el massismo para expulsarlo de la Cámara por presunta inhabilidad moral, el diputado kirchnerista Julio De Vido deberá afrontar desde la semana próxima una serie de desafíos de más difícil resolución en los tribunales federales porteños de Retiro.
El récord que tiene ante la justicia federal quien fue el ministro de Planificación Federal desde el primero hasta el último día de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner entre 2003 y 2015 no es para nada envidiable.
En su "haber", De Vido acumula más de cien denuncias, de las cuales sólo quedaron en pie 86 que pasaron a ser revisadas por los fiscales, y en 26 de ellas está imputado (investigado). Pero lo más relevante es que en cinco de ésas está procesado, es decir que la Justicia tiene semiplena prueba de su responsabilidad en algún delito federal.
Las causas
Cuando mañana se reinicie la actividad judicial después de la feria de invierno, De Vido podría estar en la primera línea de las novedades con relación a la causa que está más avanzada en su investigación entre las cinco en que está procesado: el Tribunal Oral Federal 4 (TOF4) tiene pendiente fijar la fecha para el juicio oral y público por la tragedia de Once en la que murieron 51 personas, en febrero de 2012.
En esa causa De Vido está procesado por el juez Claudio Bonadio por ser supuesto coautor del delito de administración pública fraudulenta por lo que podría recibir una condena de 8 años de prisión efectiva. Penas similares a esas recibieron sus ex colaboradores, los ex secretarios de Transporte Ricardo Jaime, preso, y José Luis Schiavi, pendiente desde hace dos años de la confirmación o el rechazo por parte de la Cámara Nacional de Casación Penal de la pena que le impuso el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) en el primer juicio de Once. Si el TOF4 sigue el mismo criterio que el TOF2, De Vido enfrentará la misma pena, pero antes tendrá que pronunciarse sobre el recurso presentado por la defensa del ex ministro para ser juzgado por un jurado popular.
Las otras cuatro causas en las que el ministro que administró el mayor presupuesto gubernamental durante los doce años de gobiernos kirchneristas está procesado son: el direccionamiento de obra pública a favor del empresario Lázaro Báez, con prisión preventiva desde abril de 2016; la compra de trenes chatarra a España y a Portugal con el supuesto propósito de ser desguazados y utilizados en repuestos para locomotoras; la renegociación de los contratos ferroviarios entre 2003 y 2012 y los subsidios al combustible para el transporte público.
Es precisamente esta última causa en la que puede haber novedades por parte del juez Bonadio, quien también está a cargo de ella. Bonadio está a la espera de un informe de peritos de la Corte Suprema de Justicia que tienen que determinar si se pagaron sobreprecios por sobre el valor internacional para la compra de gas natural licuado (GNL) que llegaba en barcos por 15 mil millones de dólares.
También el juez tiene pendiente interrogar a 250 empresarios del transporte público en esta causa en la que se habrían desviado 600 millones de pesos del fondo de subsidios al gas oil.
La posibilidad de que De Vido vaya preso dependerá en buena medida de la acumulación de condenas que surjan de juicios orales y públicos en estas cinco causas centrales. Esa hipótesis es reforzada por el hecho de que cinco de los exsecretarios que tuvo bajo la órbita de Planificación Federal están procesados.
Pero también su entorno familiar aparece denunciado penalmente. Su cuñado Claudio Minicelli está prófugo de la Justicia, que lo acusa de contrabando agravado; esta semana el Gobierno ofreció una “recompensa” de 250 mil pesos para quien aporte información sobre su paradero. Además la Cámara de Casación reabrió hace poco la causa contra De Vido por supuesto enriquecimiento ilícito.
