Lo que está sucediendo con el precio del vino genera una nueva muestra de que el mercado se mueve por expectativas. Porque tiene razón el Gobierno al señalar que con el operativo de compra por parte del Estado se logró que el vino genérico, que en enero se cotizaba a 1,56 pesos ahora llegue a los 3 pesos, pero no es menos cierto que en ese esquema también tuvo muchísimo que ver la menor cosecha que se produce como consecuencia de las inclemencias climáticas.
Ahora viene el desafío de establecer un esquema que permita que el equilibrio alcanzado se mantenga en el tiempo y en ese aspecto tienen mucho que ver las políticas implementadas en los niveles provinciales.
Para establecer qué es lo que realmente sucede con el mercado de vinos es necesario ir por partes. El Estado nacional decidió destinar 75 millones de pesos para solucionar el problema que había generado el sobreestock de vinos que, se aseguraba, llegaba a 200 millones de litros.
Sin embargo, cuando sólo se ha recibido la primera cuota de ese total (20 millones de pesos), el precio del producto se tonificó. La realidad marca que los poco menos de 7 millones de litros que “salieron” del mercado no podían mover la aguja final, pero lo que sí generó fue una expectativa favorable.
Que se potenció como consecuencia de los millones de quintales de uva que se llevaron el granizo, las enfermedades propias de la humedad y la plaga de la lobesia botrana. Así entonces, ante una menor cosecha y un mayor equilibrio en los stocks, es lógico que el precio suba y se coloque en valores “normales”. Cada uno entonces, Gobierno y naturaleza, pusieron su cuota parte para solucionar el problema.
Un dato interesante que deja la afirmación del subsecretario de Economía, Alfredo Aciar, surge de lo que se puede hacer con el resto del dinero que aportará la Nación, es decir, los 55 millones de pesos. El funcionario destacó que se impulsará la reconversión de viñedos, dirigiéndola hacia las variedades que más demande el mercado.
Consideró que en el proyecto deben intervenir el INTA, el IDR y el INV y destacó que el monto de dinero se podría ampliar con el financiamiento internacional de parte del Banco Nacional de Desarrollo. Es un desafío clave e importante en razón de que se busca la renovación de cepajes hacia aquellas variedades que tienen mejor precio, lo que terminará beneficiando a los productores.
De todos modos, resulta inexplicable que en los últimos 15 años se hayan implantado casi 7 mil nuevas hectáreas de uvas criollas y cerezas, que son las que dan mayor producción pero de vinos que no requiere el mercado. Se trata de una situación casi incomprensible, salvo que quienes hayan hecho esas inversiones hayan pensado que si el vino no tiene precio lo termine comprando el Gobierno, como ha venido sucediendo en los últimos años.
El porcentaje a mosto también merece una definición. En su momento, cuando Mendoza y San Juan llegaron a un acuerdo para destinar uvas a mosto, se hizo para diversificar la producción y evitar que toda la uva vaya a vinos. El acuerdo dio los resultados esperados pero con el correr de los años comenzaron las diferencias.
San Juan supera ampliamente el porcentaje fijado y Mendoza no. Pero sucede que en la vecina provincia la mayor cantidad de hectáreas implantadas son de criollas y cerezas, mientras en Mendoza la situación es a la inversa, razón por la cual nuestra provincia impulsa la compensación con exportaciones, un planteo lógico y coherente en razón de que no se puede “castigar” a quienes invirtieron en la reconversión hacia variedades nobles.
Un aspecto que requerirá de conversaciones serias y coherentes, evitando las presiones que, desde los sectores privados, suelen surgir a modo de presión hacia los funcionarios.
Si nos atenemos a las expectativas futuras, las mismas son favorables. No se esperan sobreestocks y pueden mejorarse sustancialmente las exportaciones, aspectos que pueden contribuir a que la industria recupere aquel crecimiento que logró durante más de una década.