La vicepresidenta electa de Argentina, Cristina Kirchner, en su declaración ante la Justicia del lunes 2 de diciembre, recurrió a la teoría del “Lawfare” para justificar su defensa.
Se trata de una teoría planteada en un libro presentado en noviembre, por su ex canciller, Rafael Bielsa. De acuerdo a ella, tiene lugar una suerte de “golpe de Estado moderno”, en el cual se desprestigia desde los medios de comunicación a un Presidente acusándolo de corrupción, para después enjuiciarlo por ello y destituirlo, a veces llevándolo a juicio político en el Congreso.
Cristina Kirchner dijo ese día que era una “perseguida política” y que la causa en la cual está acusada de desviar fondos de la obra pública de la provincia de Santa Cruz, era consecuencia de una “manipulación de la Justicia realizada por Macri”.
En esta causa concurrió a declarar y quiso que su defensa fuera televisada en directo, para hacer de ella un hecho político, una semana antes de asumir el gobierno como vicepresidenta.
Enfrenta 8 causas más, pero ahora podrá declarar por escrito, si lo prefiere.
Tanto en la causa por la cual declaró el lunes 2 diciembre como en las demás, es probable que no sea condenada. La influencia del contexto político sobre la Justicia argentina es importante y por ello es probable que se demoren o que una instancia anule las decisiones desfavorables para ella, de otra. Pero la mayor sorpresa fue cuando pidió que se citara a declarar en la causa a su ex jefe de Gabinete, Alberto Fernández, electo Presidente junto con ella.
La teoría del “Lawfare” es presentada en función que este tipo de metodología se ha aplicado para voltear gobiernos populistas en América Latina en los años recientes.
El caso más importante sería Brasil: Dilma Rousseff, quien fue destituida por el Congreso, en base a un juicio político por una causa de corrupción.
El ex presidente Luis Lula da Silva fue condenado y detenido, sin poder presentarse a las elecciones presidenciales de octubre de 2019 por esta causa.
El caso del Obispo Fernando Lugo en Paraguay es señalado como otro caso, en el cual una acusación por responsabilidad en un episodio de violencia de un grupo guerrillero en el interior del país, llevó al Congreso a acusar de incompetencia al Presidente y destituirlo.
En Honduras, el Presidente Zelaya, tras abandonar posturas de centro-derecha, giró hacia el populismo, incorporando a su país al ALBA. Fue detenido por militares por orden del Congreso y la Justicia, saliendo del país.
Ahora, hay intentos de poner la renuncia de Evo Morales en Bolivia, como un caso de esta teoría, pero no encaja. En su caída ni los medios de comunicación, ni las denuncias de corrupción jugaron un rol relevante o decisivo. Fueron las denuncias de fraude avaladas por la OEA el desencadenante.
De El Salvador, Mauricio Funes, de centro-izquierda, está prófugo en Nicaragua.
En Argentina, una película dirigida por Nicolás Trotta, quien asumiría el 10 de diciembre como ministro de Educación de Alberto Fernández, desarrolla esta teoría.
Pero la realidad es que han sido más los casos de presidentes de centro-derecha detenidos y destituidos por denuncias de corrupción, la Justicia y los medios.
Como Lula, en Perú hay cuatro ex presidentes que implementaron políticas de centro-derecha que han sido detenidos por orden judicial en causas de corrupción: Alberto Fujimori -recientemente liberado-, Alejandro Toledo -que está en EEUU con captura pedida por la Justicia peruana-, Ollanta Humala -también fue detenida su esposa- y Alan García, quien se suicidó antes de ser detenido. El último Presidente electo Pedro Kuczinsky, fue destituido por el Congreso por una denuncia de corrupción. La líder de la oposición -Keiko Fujimori, hija del ex Presidente que también fue detenido- estuvo detenida en una causa de corrupción, liberada recientemente.
En Brasil, hace tres décadas fue destituido por el Congreso el presidente Fernando Collor de Mello, acusado de corrupción y a comienzos de 2019, también estuvo detenido varios días el ex presidente Michel Temer, que sucedió a Rousseff por ser su vicepresidente. Collor de Mello y Michel Temer, llevaron adelante políticas de centro-derecha.
En Bolivia, el ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada renunció por una revuelta en las calles que no pudo controlar y fue enjuiciado por los muertos en la represión. Está en los EEUU y tiene la captura pedida por la Justicia boliviana.
En Argentina, el ex presidente Carlos Menem estuvo detenido en 2000 por una denuncia de irregularidades en una exportación de armamento de guerra a Croacia. La causa todavía sigue sin sentencia firme a un cuarto de siglo de haberse iniciado.
En Ecuador, los ex presidentes Abdala Bucaram y Lucio Gutiérrez renunciaron, al no poder controlar revueltas indígenas en las calles y fueron acusados en la Justicia por irregularidades.
En Paraguay, hay una denuncia de la Justicia que requiere al ex Presidente Horacio Cartés, del Partido Colorado, derivada del “Lava Jato”.
En Venezuela, la prensa oficialista se ha combinado con la Justicia alineada con el gobierno para procesar, condenar y detener a numerosos opositores, siendo en estos días Juan Guaidó víctima de este tipo de denuncia.
En América Central han sido detenidos, por causas de corrupción, los ex presidentes Ricardo Martinelli de Panamá; en El Salvador, murió el Presidente Antonio Flores mientras era enjuiciado; está en prisión quien lo sucedió, Antonio Sacca. Otto Pérez Molina de Guatemala fue encarcelado el mismo día que fue destituido. En este país, también fue detenido el ex presidente Álvaro Colom, acusado de corrupción. El actual presidente, Jimmy Morales, ha sido denunciado por irregularidades.
Surge así que son más los presidentes de centro-derecha que han sido destituidos, renunciado o perseguidos por causas de corrupción, siendo ya ex presidentes, que los de centro-izquierda.
Es así como la teoría de que la combinación de medios y Justicia, articulada para destituir gobiernos populistas de izquierda, como una suerte de “golpe civil” del siglo XXI, no encaja con el hecho que son más los presidentes latino-americanos de centro-derecha que han sufrido este tipo de acción o proceso. El mismo caso argentino lo muestra: el único Presidente que ha estado preso por una causa judicial de corrupción ha sido Carlos Menem quien, sin duda, aplicó políticas de centro-derecha. Otro Presidente de esta orientación, Fernando De la Rúa, fue procesado por una acusación de sobornos a legisladores que finalmente no se comprobó y por muertos en la represión de una protesta violenta que precipitó su caída. El ex presidente Eduardo Duhalde fue enjuiciado por la muerte, en manos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, de dos militantes políticos. La ex Presidente y actual Vicepresidenta electa, Cristina Kirchner, enfrenta 9 causas -la mayoría por corrupción- (fue absuelta en una) pero nunca fue detenida, al contar desde octubre de 2017 al ser elegida senadora, con el “fuero parlamentario” que impide su detención, sin que la autorice la mayoría del Senado que integra. Como vicepresidenta, para que ella fuera presa, debería autorizarlo los dos tercios de las dos Cámaras, las mayorías necesarias para que pudiera ser sometida a juicio político.
En su defensa ante la Justicia el 2 de diciembre sucedió algo curioso: ella pidió que se citara a su compañero de fórmula, el Presidente electo Alberto Fernández en la misma causa, por su rol como jefe de Gabinete de ella misma.
La teoría del Lawfare encuentra fundamentos empíricos, en cuanto al enjuiciamiento de presidentes y ex presidentes con intencionalidad política. Pero no tiene ideología. Han sufrido, procesos de este tipo, algunos presidentes populistas, pero han sido más los de centro-derecha.
