La Suprema Corte dejó en libertad a un preso que estaba siendo juzgado por un homicidio y ahora, cuando la policía fue a buscarlo, no lo encontró, quedando en situación de prófugo.
La medida -un pedido de hábeas corpus- fue firmada por el ministro Alejandro Pérez Hualde, en favor de Ángel Alberto Narváez Bustos, quien estaba siendo juzgado por el crimen del remisero Heraldo Guzmán (71), ocurrido en Lavalle, en 2012.
El 2 de setiembre de ese año, unos policías que patrullaban por Lavalle encontraron un cadáver en un basural ubicado en el carril El Carmen, de la Villa Tulumaya.
De inmediato, los uniformados se percataron de que el hombre había sido asesinado, ya que el cuerpo presentaba algunas heridas de arma blanca.
Luego se determinó que se trataba de un remisero llamado Heraldo Guzmán y que había muerto al recibir una puñalada en el corazón, otra en el cuello y la restante en el hombro derecho.
El hijo de la víctima denunció que el Peugeot 504 de su padre había sido robado.
Las investigaciones realizadas posteriormente permitieron encontrar el auto en Tres Porteñas, San Martín. Esta pista llevó a los investigadores a la detención de Ángel Alberto Narváez Bustos, también conocido como “Tito”, quien fue imputado por el delito de homicidio simple y llevado a la cárcel.
El año pasado el expediente por la muerte del remisero llegó a manos del juez Gonzalo Guiñazú de la Quinta Cámara del Crimen. Como los plazos de la prisión preventiva -dos años, según dicta la ley- se estaban por vencer, el juez pidió una prórroga de 4 meses que le fue concedida. En diciembre, Narváez comenzó a ser juzgado.
En medio de debate se produjo una situación extraña: un testigo dijo que Narváez, cuando tenía 8 años, había pasado por una situación traumática: sus dos hermanos menores habían sido encontrados sin vida dentro de una heladera.
Ante esta novedad el juez ordenó que se realizara al imputado una pericia psiquiátrica para determinar si estas muertes podrían haber afectado psicológicamente a Narváez y el debate se suspendió hasta que estos estudios se terminaran.
Durante la última feria, las defensoras oficiales Verónica Araujo y Ximena Morales, pidieron la libertad de su defendido, ya que los plazos de la prisión preventiva se habían vencido. La fiscal de Cámara, Susana García, aprobó el pedido, en tanto que el juez Guiñazú consideró que los plazos de la prisión preventiva no habían terminado porque estaban en pleno debate y había riesgo de fuga.
Ante este panorama, las defensoras presentaron un hábeas corpus en la Suprema Corte, medida que fue aceptada por Pérez Hualde, quien indicó que la procuradora subrogante se había expresado en el mismo sentido; que Guiñazú no solicitó una nueva ampliación de la prisión preventiva y que el debate se había suspendido para producir nuevas pruebas pero no se fijó un plazo máximo para ello ni se habilitó la feria para que tal medida se cumpliera.
Así las cosas, Narváez quedó libre pero no se presentó al debate que debía continuar el 3 de febrero; tampoco lo hizo el 5 de febrero por lo que quedó en situación de prófugo.
