Nos vemos impelidos a contestar por este medio una nota en la que personalmente somos referenciados/as, escrita por el geólogo Eddy Lavandaio y publicada por este diario el 18 de febrero último. Allí se sostiene que las protestas que conmovieron la provincia a finales del último diciembre en contra de la modificación de la Ley 7.722 obedecen a una campaña de mentiras. La misma habría sido iniciada por la “multinacional Greenpeace” en colaboración con la Pastoral Social de la Iglesia Católica y un conjunto de activistas ambientalistas, investigadores/as, docentes y políticas/os.
Como en otra ocasión (véase nota titulada “Aspectos sociológicos sobre ambiente y minería”, publicada el pasado 4 de febrero), afirmamos que se subestima a las personas que se manifestaron en favor de la ley 7.722. Parece cuanto menos improbable que las protestas masivas de diciembre se debieran a la circulación de mentiras por las redes.
Por el contrario, creemos que la reacción popular se debe, al menos en parte, a la tarea formativa y organizativa de un conjunto de organizaciones (principalmente, las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura) que, dicho sea de paso, cuentan con recursos económicos y logísticos muy limitados frente a los intereses que pugnaban por la modificación de la ley.
En este sentido, entendemos que el rechazo social a la modificación de aquella ley se funda en aprendizajes colectivos que lograron un proceso inédito de acumulación y concientización social sobre la temática.
Por otra parte, nos vemos obligados/as a aclarar al señor Lavandaio que tanto América Latina como Argentina ocupan, sí, un lugar subordinado en la división internacional del trabajo. Argentina tiene una industria manufacturera relativamente desarrollada, tal como señala el autor, pero esto no obsta que sea la producción primaria (principalmente el complejo sojero) la que aporta la mayor parte de las exportaciones. El desarrollo de la minería a gran escala en el país apunta en la misma dirección, ya que esta actividad no exporta los minerales refinados sino que ese proceso de agregado de valor se produce en otros países. Cabe añadir que esta actividad deja escasos beneficios a las comunidades y a las provincias donde se instala. A modo de ejemplo, las tasas de pobreza, necesidades básicas insatisfechas y otros indicadores socioeconómicos guardan la misma diferencia entre Mendoza y San Juan entre 2003 y 2015 a pesar de que la última tuvo un espectacular crecimiento del Producto Bruto Geográfico de la mano de las exportaciones mineras. En la pauta presupuestaria para este 2020 más del 85% del Presupuesto de la vecina provincia depende de los fondos federales. Es en el polémico y complejo reparto de los impuestos nacionales y provinciales donde se encuentran las causas del siempre postulado atraso de Mendoza y no en la ausencia de minería a gran escala.
Las argumentaciones como las de Lavandaio, por momentos ofuscadas, reducen la discusión sobre la minería a opciones dicotómicas, las cuales no conducen a un debate potente y sustancioso, como debería ser cualquier debate público. Los binomios minería sí- minería no; tendenciosos-no tendenciosos; verdad-mentira, por nombrar algunas de las que aparecen en su nota, ofrecen un marco de discusión que entrampa y simplifica porque ningún aspecto de la vida en sociedad se agota o se define por dos polos contrapuestos, y mucho menos desacoplados de la historia social, política y económica. Cualquier fenómeno sociológico es siempre más complejo, amplio, diverso y contradictorio y no se deja aprehender por tales opciones.
Cabe aclarar que no afirmamos que las mujeres que trabajan en la minería estén vinculadas a la prostitución. Decimos que en los enclaves donde se desarrollan actividades extractivas, mayoritariamente habitados por población masculina, suele verificarse un aumento de la prostitución. Este aumento se debe a la acentuación de prácticas patriarcales y a la generación de un contexto que propicia los circuitos vinculados a la prostitución y eventualmente la trata. Así se reconoce, por ejemplo, en el Informe de Impacto Ambiental preparado por Vector en 2008 para el Proyecto San Jorge, en el que se prevé que “… la radicación y circulación de un número mayor de personas en áreas cercanas a él podrían ocasionar problemas sociales como prostitución, consumo de drogas y alcohol, delincuencia y aumento de enfermedades transmitidas (sic) sexualmente” (página 365).
Por otra parte, respetamos la opinión que el geólogo Lavandaio tiene sobre la sociología y su utilidad social. Pero nosotros/as, desde nuestra formación especializada, nuestra práctica y nuestra pasión por dicha ciencia, tenemos una muy diferente. La sociología es una ciencia social que construye datos verificables a partir de elementos teóricos y empíricos. En esa construcción los elementos ideológicos y políticos tienen un papel legítimo e ineludible, que debe ser controlado y explicitado. La legitimación de la sociología como ciencia no proviene de compatibilizar las actividades productivas ni de crear puestos de trabajo, sino de comprender y explicar el origen y desarrollo de los fenómenos sociales, por ejemplo la movilización social que rechaza la minería a gran escala en Mendoza. De la misma manera, implica cuestionar los impactos sociales y ambientales que la minería transnacional a gran escala tendría, en un contexto caracterizado por: a) una Ley de Inversiones Mineras que pone un límite máximo de 3% a las regalías mineras; b) una merma alarmante en los caudales de los ríos, en un contexto de calentamiento global; c) una escasa, insuficiente o nula capacidad de control estatal sobre la actividad. Entre muchos otros elementos que no podemos detallar aquí por falta de espacio.
No obstante, no queremos reeditar la soberbia en la que caen muchas veces algunos/as profesionales abocados/as a defender a ultranza y en cualquier circunstancia a determinadas actividades o empresas. La aprobación o rechazo social de una actividad como la minería -u otras- no es un asunto técnico reservado a especialistas (ya fueran geólogos/as o sociólogos/as), por el contrario, es un asunto político con dimensiones técnicas. Por ello y afortunadamente, se seguirá discutiendo al respecto no solamente entre quienes tenemos “títulos” sino entre todo el pueblo de Mendoza
