"Créeme que en Argentina la gente está mucho mejor", exclama Mariana Arias, joven periodista chilena, cuando accede a conversar vía chat sobre la situación que vive su país. Durante el verano, época de vacaciones en Chile como en el resto de la región, las protestas callejeras amainaron, pero la relativa calma empieza a quebrarse otra vez, como sucedió el domingo en las inmediaciones del Festival de Viña del Mar.
Todas las miradas están puestas en lo que pueda pasar a medida que se acerque el plebiscito para reformar la Constitución, previsto para el mes de abril próximo. Ahí se espera un punto de inflexión.
En un momento del diálogo Mariana advierte que, cuando abandone el metro de Santiago guardará su celular: motochoros ya le robaron un aparato similar y antes una billetera. Las calles santiaguinas se han vuelto muy inseguras y, en materia de delincuencia, ahora se ven cosas que antes sólo parecían propias de cualquier otra urbe de Latinoamérica.
Ricardo Monroy, un joven oriundo de Osorno (ciudad ubicada en la región sur de Chile), trabaja desde hace algunos años en Santiago como administrador de una productora de cine. Al igual que Mariana, también idealiza algunas cosas de Argentina, como por ejemplo la "organización y compromiso social" que observa de este lado de la cordillera y que en su país recién empezó a percibir desde que empezaron las protestas, en octubre del año pasado.
Ricardo aclara luego que una de las cosas que observa críticamente de la sociedad argentina es que "sectores enteros están sumidos en la ayuda estatal". Frente al mayor interés de sus compatriotas por participar en la cuestión política, deja entrever así que su expectativa es que Chile desemboque en un escenario distinto.
Para su país, Ricardo espera que la crisis abra el camino a una política de Estado que impulse emprendimientos sustentables, que ponga los recursos naturales al servicio de la nación y que estimule la industria. Eso significaría un cambio rotundo en una economía que define como basada casi de manera exclusiva en servicios y en la "pura compraventa".
Ambos jóvenes coinciden en expresar su preocupación sobre un tema por el que Chile, hasta aquí, no aparecía en el tope de los registros: el avance del narcotráfico. “El narcotráfico está desenfrenado, han salido a la luz cosas que antes no se veían, como narcofunerales, fuegos artificiales a cualquier hora en las poblaciones para indicar la llegada de droga y hasta ataques narcos a comisarías”, describe Mariana.
"O es un fenómeno que aumentó al compás de la crisis o simplemente ahora comenzó a ser más visible", señala, para luego agregar que hay evidencias de que los narcos, como en otras partes de Latinoamérica, tienen fuertes vínculos con la política. Para Arias, "Chile no cambió, simplemente salieron a la luz todas las heridas que teníamos, la gran desigualdad en la que estamos inmersos".
Monroy, por su lado, asegura que "la pobreza, la brecha social, salarial y educacional son cosas que han existido desde hace al menos 30 años". Por eso considera que la frase "Chile despertó" no puede ser más cierta: "La gente estaba como atolondrada desde la transición a la democracia y se calmaba con tener cosas, con poseer bienes materiales adquiridos gracias al crédito, por eso la sociedad chilena es la más sobreendeudada de la región en términos de personas y familias".
Río revuelto
La tensión que se respira en el ambiente está alimentada, según Arias, por los temores del propio Gobierno, que ha invertido muchos recursos para blindar a las fuerzas de seguridad ante la posibilidad de mayor agravamiento de las protestas. El oficialismo también fortaleció el marco legal para justificar la represión de las manifestaciones.
Arias señala que sectores de ultraderecha comenzaron temprano su campaña rumbo al plebiscito de abril, con la consigna de instalar en la sociedad el rechazo a la reforma de la Constitución, que data de los años de la dictadura de Pinochet y a la que sólo se le introdujeron reformas parciales tras el retorno de la democracia. La idea que esos sectores esgrimen es que el país ha sido tomado por el vandalismo y la delincuencia.
Un fenómeno muy particular en ese contexto es que el miedo que sobrevuela en la sociedad ha provocado una explosión de consumo en los centros comerciales, "como si el mundo se fuera a terminar", grafica Monroy. Desde su punto de vista, la incertidumbre persistirá hasta que pase el plebiscito, pero entiende que sólo una nueva Constitución devolverá legitimidad a las instituciones, hoy muy desprestigiadas ante los ojos de la mayoría de los chilenos.
La política de Chile está sin rumbo claro: todo el establishment cuestionado, la vieja coalición de centroizquierda se encuentra prácticamente disgregada, y cada cual atiende su juego. En ese río revuelto, entran en escena los intereses contrapuestos de los narcos, de los manifestantes más violentos tentados por el anarquismo (Monroy los identifica como "punkies") y hasta de los Carabineros.
Pese a todo, Mariana y Ricardo creen que Chile saldrá fortalecido de este trance, pero siempre que la sociedad se involucre activamente en la política. Hoy la mirada parece estar puesta en jóvenes referentes políticos vinculados a los poderes locales, que tienen un contacto más cercano con las necesidades de la gente y apuestan a una nueva Constitución.
En ese universo aparecen como luces al final del túnel los dirigentes de izquierda Jorge Sharp y Óscar Jadue, alcaldes de Valparaíso y de Recoleta. También el centroderechista Germán Codina, alcalde de Puente Alto e integrante del Partido de Renovación Nacional, de cuyas filas surgió Sebastián Piñera.
Se inició la campaña electoral por el plebiscito
Chile lanzó formalmente ayer la campaña electoral que culminará el 26 de abril en un plebiscito para decidir si se reemplazará la Constitución vigente, un reclamo que surgió en medio de las protestas que desde octubre demandan mejoras sociales.
La campaña, sin embargo, se inicia con posiciones divididas, aunque diversas encuestas anticipan que se aprobará el sí a una nueva carta magna.
El oficialismo, que aglutina a conservadores y derechistas, impulsa el rechazo a cambiar la Constitución legada por la dictadura militar (1973-1990), aunque algunas facciones están a favor de una modificación. Mientras tanto, la oposición de centroizquierda busca una nueva.
