Los políticos argentinos, dijimos hace tiempo en Los Andes, se dividen en “carguistas” y principistas. La amplia mayoría “milita” fervientemente entre los primeros. El “cargo” estatal es esencial para su existencia y su futuro. Los más hábiles hacen “carrera” en diferentes posiciones, hasta su muerte, y en cualquier espacio político que los convoque, siempre que esté en el poder o pueda alcanzarlo. Los principistas (en riesgo de extinción), acceden (o no) a cargos, pero conservan en general sus convicciones, sus raíces ideológicas y, sobre esa base, ejercen sus mandatos o militancia. Los “carguistas” se subdividen entre una élite y una clientela que hace lo que digan los jefes. Son heterónomos que se cubren con el manto de la “disciplina partidaria”. Los principistas son autónomos, sostienen su pensamiento ante cualquier presión. Los juramentos con que asumen cargos pueden darnos una idea del grado de independencia o sumisión de cada uno.
En reuniones con los más poderosos empresarios del país, el jefe de Gobierno de la CABA, Mauricio Macri, les reclamaba que le entregaran el 1% de sus patrimonios para financiar la campaña presidencial de 2015. Esta escena, está relatada por el multipremiado periodista de investigación, Hugo Alconada Mon (el mismo al que el presidente Fernández calificó de “miserable” hace pocos días), en el primer capítulo de su libro “La raíz de todos los males” (p. 37). Éste es un pequeño ejemplo que puede multiplicarse por miles en la historia reciente del país. La financiación espuria de la política, con el correr de las décadas, se ha complementado ampliamente con la corrupción personal de muchos políticos, hasta convertirse en un mal estructural y sistémico en nuestro país. Este sistema se sostiene por asociación con empresarios y la garantía de impunidad que otorgan muchos jueces, por acción u omisión. Esto lo explica muy bien Alconada Mon.
En este sistema, la obra pública y las compras del Estado constituyen la centralidad del sistema corrupto, junto con la posibilidad de hacer negocios directos con sectores privados muy selectos, a quienes la política les abre las puertas para promover sus intereses. Por ejemplo, concesiones que otorga el Estado para cumplir determinados servicios, generalmente monopólicos, es decir sin posibilidad de que los usuarios puedan elegir alternativas. Es entonces cuando los “carguistas” hacen diferencias a su favor. Hemos visto la construcción de enormes fortunas de personajes que siempre fueron funcionarios públicos; otros que se enriquecieron súbitamente y, otros, en fin, que “apenas” tienen una casa en barrio privado y algunos departamentos de renta. El periodismo de investigación ha escrito numerosos libros sobre el tema. Recordemos que sólo Argentina y Venezuela son los únicos países de América Latina donde no se ha investigado la corrupción generada por la brasileña Odebrecht. Triste récord, frente a Perú, por ejemplo, que tiene presos a tres de sus últimos presidentes y suicidado a un cuarto. La sociedad contempla, tolera, pero acumula rencor.
La “isla paradisíaca” con que tratan de presentarnos a Mendoza como ejemplo de probidad e institucionalidad reúne cierta dosis de hipocresía porque, si bien la provincia no es un feudo norteño, no debemos olvidar que está en la Argentina y nos caben las generales de la ley. Ayuda a esta imagen el hecho de que carecemos de periodismo de investigación.
Cuando en 2018, sorpresivamente un par de legisladores peronistas presentaron proyectos para modificar la ley 7.722 que protegía hasta hace unos días el agua escasa y la preservaba de la contaminación por químicos peligrosos, algunos dirigentes radicales, entre ellos un intendente, apoyaron la iniciativa, la que cuestioné en un artículo en este medio a fines de ese año. El presunto interés de estos políticos era “generar trabajo”. El eterno discurso que nunca se cumple. Hubo inmediato apoyo empresario. Tuve en ese momento la certeza de que estos actores se ubicaban en la gatera para picar en punta apenas se dieran las condiciones. Y éstas aparecieron después de las elecciones pasadas, cuando disponen de dos años para avanzar en decisiones tomadas en cenáculos político-empresariales, de espalda a la sociedad.
Creo que se ha operado muy burdamente, pues se ha puesto en evidencia dónde está el interés real de algunos políticos al enviar el proyecto de liquidación de la ley 7.722 a 24 horas de haber asumido el nuevo gobierno; y, a continuación, presionar y obtener el tratamiento exprés y la aprobación de la Legislatura. Idéntica metodología acelerada que la aplicada por el PE nacional con la ley de emergencia para ajustar la economía; paradójicamente, cuestionada por la oposición de Cambiemos, que hizo, como sabemos, lo contrario localmente, donde es oficialismo.
Con la Legislatura vallada y luego con la Casa de Gobierno cercada, estos políticos hablan de que la ley se obtuvo por “consenso”. En realidad consenso de “carguistas”, que dejan las grietas de lado al compás de intereses económicos. De la misma manera que en la CABA, durante las gestiones de Macri y su sucesor, todos los negocios inmobiliarios reunieron fervorosamente al macrismo con el kirchnerismo.
Los legisladores no aceptaron ningún argumento de los científicos en contra y desecharon u ocultaron, con fuerte apoyo mediático, cuestiones clave, como por ejemplo la ruptura de dos diques de cola en Brasil (uno este año) con centenares de muertos y daños ambientales gravísimos; los conflictos por el agua entre las megamineras transnacionales y las poblaciones campesinas del Perú; la clausura definitiva del proyecto Pascua Lama dictada contra Barrick Gold por el tribunal ambiental de Chile por contaminar y destruir glaciares; y la prohibición del cianuro en minería en toda Europa, dispuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Los valores brutos que tendrían los minerales a extraer (Los Andes, 21-12-2019), cercanos a un PBI argentino, indican claramente dónde está el interés de los políticos de esta nueva alianza que barrió la ley 7.722.
Debemos destacar, no obstante, el valioso testimonio que han dado los legisladores/as que, dentro de los dos bloques mayoritarios, priorizaron sus principios y convicciones sin dar la espalda a la ciudadanía que los votó, acompañados por los bloques de Protectora y la izquierda.
El Gobierno parece no tener conciencia de cómo nuestra sociedad ha incorporado el concepto de defensa del agua y el ambiente, y de cómo percibe la forma en que se anuló la ley, imponiendo el número legislativo pero sin consenso social verdadero.
