En los últimos días la reforma de una ley provincial en Mendoza, la 7.722 que evitaba el uso de contaminantes en la minería, ha sido noticia local, nacional e internacional. Como si se tratara de una película distópica, los terrores de quienes redactaron el art. 41 de nuestra Constitución se hicieron ciertos: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo”.
Por otro lado, se encuentra la visión de que la matriz productiva mendocina necesita ampliarse a fin de dar soluciones urgentes. La situación económica provincial, igual que el actual gobierno nacional, están en el mismo nivel de crítica. En este contexto, el desarrollo de la minería toma un atractivo especial para la administración del gobernador local a fin de dar respuesta a los problemas de caja y endeudamiento heredado con anterioridad. Las recientes movilizaciones en Mendoza señalan que no hay proyectos posibles sin la bandera de la defensa del medioambiente. En una provincia desértica como ésta, la imposición de medidas que pongan en riesgo un recurso vital como es el agua, difícilmente pueda lograr licencia social para alguna actividad. Además de que la agenda del agua está impactada por el cambio climático, produciendo un estado de emergencia hídrica casi permanente. Entonces, esta situación sólo puede abordarse saliendo de la trampa evidente de la lectura binaria. En el corto, mediano y largo plazo tenemos la urgente necesidad de promover un marco para el desarrollo, con inversiones sostenibles que aseguren procedimientos y reglas para garantizar el derecho al ambiente sano, inclusión social y la participación pública.
El camino es asegurar la participación ciudadana y los mecanismos de diálogo que permitan la construcción de consensos y para esto es imperiosa una ley de participación ciudadana por la cual podamos, diseñar, formular e implementar políticas de Estado relacionadas a la ampliación de la matriz productiva, el cuidado del agua y el ambiente, mediante procesos y estándares dotados de alto rigor técnico y jurídico.
En lo inmediato es indispensable derogar las modificaciones a la Ley 7.722, convocar una mesa de diálogo con los asambleístas, fuerzas productivas y sectores representativos de la sociedad (políticos, religiosos, culturales, sociales), realizar plebiscitos departamentales con el objeto de respetar la autonomía y voluntad de cada municipio, recomponer el clima social y adecuar un diálogo que se ajuste a este tipo de reclamos y logre legitimidad y representación. Es posible el desarrollo de la minería pero teniendo en cuenta un nuevo acuerdo social, creando y/o mejorando los entes reguladores y las herramientas de control, ponderando la evidencia científica y, sobre todo, es imprescindible que se promuevan y produzcan las instancias de diálogo donde todas las posturas puedan ser escuchadas y sopesadas.
Vivir en un Estado democrático y de derecho implica, entre otras cosas importantes, que el gobierno asegure la libertad y los derechos de los ciudadanos (uno de ellos es el de expresión). Defender derechos no es sinónimo de ser violentos. El futuro de Mendoza no debe estar fundado en la fuerza, las balas y el gas lacrimógeno. Tampoco en las posturas inflexibles basadas en la imposibilidad de controlar las herramientas del progreso.
